El fracaso del 'no preguntes, no respondas'

Las Fuerzas Armadas de EE UU tienen desde hace a?os una pol¨ªtica ambigua sobre la presencia de gays entre los uniformados. A nadie le preguntan, como antes, si es o no homosexual como condici¨®n para alistarse, pero el que lo es tampoco puede decirlo: don't ask, don't tell (no preguntes, no respondas). Esa pol¨ªtica vergonzante, que supuso un avance con respecto a la anterior prohibici¨®n, pero que fracas¨® en su objetivo b¨¢sico, ha tenido un importante coste econ¨®mico y de inteligencia, seg¨²n el primer informe parlamentario sobre sus consecuencias.

En 1981, el Pent¨¢gono sali¨® al paso de las presiones sociales de a?os anteriores para que el Ej¨¦rcito cambiara su pol¨ªtica tradicional y admitiera la presencia de gays entre sus filas: la homosexualidad se declar¨® "incompatible con el servicio militar". En la d¨¦cada de los ochenta, casi 17.000 hombres y mujeres -la mitad, alistados en la Marina, y el 20%, mujeres de raza blanca- fueron apartados de las Fuerzas Armadas. Los grupos gays y de defensa de derechos civiles lograron organizar una amplia campa?a en contra de la prohibici¨®n y en 1993, poco despu¨¦s de tomar posesi¨®n como presidente, Bill Clinton pidi¨® al secretario de Defensa que elaborara una propuesta para derogar la ley.

Clinton se encontr¨® con la oposici¨®n del Pent¨¢gono, que manten¨ªa que la presencia de gays y lesbianas pod¨ªa interferir con las misiones militares, y de parte del Congreso y la opini¨®n p¨²blica. Despu¨¦s de meses de intenso debate y de notables concesiones con respecto a la intenci¨®n inicial, el Congreso aprob¨® en 1993 la pol¨ªtica que permite a gays y lesbianas estar en el Ej¨¦rcito en tanto que se abstengan de hacer p¨²blica su orientaci¨®n sexual. Esa pol¨ªtica no dio los frutos que esperaban sus promotores: no evit¨® las expulsiones formales ni fren¨® las agresiones encubiertas o evidentes contra los gays, como demostr¨®, en 1999, el asesinato de Barry Winchell por ser homosexual. Aunque el autor fue condenado a cadena perpetua, un informe oficial exoner¨® a los oficiales y asegur¨® que no hab¨ªa homofobia en Fort Campbell, la base de Kentucky en la que ocurrieron los hechos.

La cuesti¨®n ha vuelto de nuevo al debate p¨²blico, con nuevas presiones a favor de normalizar la situaci¨®n de gays y lesbianas despu¨¦s del 11-S. Los despliegues en Afganist¨¢n e Irak y la guerra contra el terrorismo exigen m¨¢s personal uniformado. Y, como demuestra el primer informe parlamentario sobre la cuesti¨®n, la pol¨ªtica de don't ask, don't tell ha sido calamitosa para el Ej¨¦rcito: "Cientos de militares altamente cualificados, incluyendo traductores e int¨¦rpretes, han tenido que dejar las Fuerzas Armadas debido a la prohibici¨®n, con un coste cercano a los 200 millones de d¨®lares". El c¨¢lculo se basa en las gastos que supuso "reclutar y entrenar a 9.488 soldados expulsados de la Marina, la Fuerza A¨¦rea, el Ej¨¦rcito y los marines entre 1994 y 2003". De los expulsados, 757 estaban a cargo de tareas importantes en el Pent¨¢gono, 322 hablaban varias lenguas (incluidas ¨¢rabe, farsi, coreano y mandar¨ªn) y un n¨²mero indeterminado pertenec¨ªa a los servicios de inteligencia.

El congresista dem¨®crata Marty Meehan, que hab¨ªa solicitado el informe, est¨¢ impulsando una nueva ley que acabe con la pol¨ªtica de don't ask, don't tell y proh¨ªba la discrminaci¨®n basada en la orientaci¨®n sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Doce gays expulsados del Ej¨¦rcito se querellaron contra la Administraci¨®n en diciembre citando una sentencia del Supremo que dice que las normas que criminalizan la homosexualidad son anticonstitucionales. En cuanto a la opinion p¨²blica, seg¨²n un sondeo de Gallup de diciembre de 2003, el 79% de los estadounidenses apoyan que los gays puedan alistarse abiertamente en el Ej¨¦rcito.