El ministerio p¨²blico observ¨® hace un a?o anomal¨ªas en la cesi¨®n de suelo en Majadahonda

En el informe que elev¨® el fiscal de Urbanismo de Madrid al fiscal general se apelaba a la necesidad de que haya fiscales especialistas en urbanismo y medio ambiente y, en concreto, se advert¨ªa de irregularidades urban¨ªsticas en Majadahonda.

Seg¨²n las diligencias que el fiscal Valerio tramit¨® entonces sobre Majadahonda, las irregularidades se comet¨ªan supuestamente a trav¨¦s de la empresa Pammasa, de titularidad municipal. A trav¨¦s de esta empresa, Majadahonda gestiona su suelo p¨²blico y lo vend¨ªa en el mercado. Valerio investigaba entonces una denuncia del PSOE sobre esta empresa, pero su jefe directo, Manuel Moix, le orden¨® que remitiese las diligencias ya instruidas a los juzgados de Majadahonda para que siguiesen all¨ª las pesquisas.

Valerio redact¨® una denuncia en la que pon¨ªa de manifiesto el hecho de que el Ayuntamiento de Majadahonda hubiese cedido el suelo a Pammasa para que ¨¦sta se encargase de contratar la urbanizaci¨®n encaminada a la construcci¨®n de un hospital (el nuevo Puerta de Hierro). Seg¨²n Valerio, ello hab¨ªa supuesto casi triplicar el presupuesto inicial para la urbanizaci¨®n del citado solar. Si la cesi¨®n la hubiese hecho el propio Ayuntamiento mediante su aprobaci¨®n en un pleno, el suelo habr¨ªa salido a concurso, pero al hacerlo a trav¨¦s de Pammasa -que, aunque con capital p¨²blico, es una sociedad mercantil-, esta sociedad no est¨¢ sometida "a los requisitos y cautelas establecidas para la contrataci¨®n p¨²blica" y pod¨ªan adjudicar a dedo las obras.

El fiscal denunciaba que el presupuesto de urbanizaci¨®n inicial, casi 15 millones de euros, hab¨ªa pasado a casi 39 millones tras la intervenci¨®n de Pammasa. En esa denuncia, Valerio indicaba otra supuesta irregularidad fruto de la anterior. "Con objeto de afrontar el Ayuntamiento tan extraordinario e inexplicable gasto p¨²blico [el incremento del coste de la urbanizaci¨®n del suelo del hospital], se recurri¨® a un procedimiento de permuta de parcelas" que quebrantaban la legalidad.

La ley obliga a que un 50% de las viviendas que se hagan en suelo municipal sean sociales. Seg¨²n la denuncia, desde el Ayuntamiento se permiti¨® a constructores eludir esa obligaci¨®n haciendo pagos al Ayuntamiento equivalentes a los que supon¨ªa no tener que hacer esas viviendas sociales y hacerlas todas de precio libre.