La revoluci¨®n legal del 11-S

Hace dos a?os, Andrew O'Connor, estudiante en la Universidad de Santa Fe (Nuevo M¨¦xico), regres¨® a casa tras un d¨ªa de trabajo intenso en clase. Llevado por su inter¨¦s por la pol¨ªtica y el debate, O'Connor entr¨®, como en muchas otras ocasiones, en un foro de Internet que permite el intercambio de opiniones entre estudiantes universitarios. Al d¨ªa siguiente, cuando sal¨ªa de casa, O'Connor se vio rodeado por trajes negros y gafas oscuras: un grupo de agentes del Servicio Secreto le comunic¨® que estaba detenido por "proferir amenazas contra el presidente Bush".

La transcripci¨®n de su conversaci¨®n cibern¨¦tica demostr¨® horas despu¨¦s que no hubo amenazas sino comentarios cr¨ªticos contra la pol¨ªtica de Bush. O'Connor descubri¨® que el servicio secreto no s¨®lo hab¨ªa actuado alertado por una falsa acusaci¨®n, sino que tambi¨¦n hab¨ªa investigado sus convicciones pol¨ªticas: le comunicaron que "sab¨ªan" que el d¨ªa anterior hab¨ªa hablado en la biblioteca con una joven que llevaba una chapa contra la guerra en Irak a quien dijo que "Bush estaba fuera de control".

La norma facilita los 'pinchazos' telef¨®nicos y cibern¨¦ticos sin orden judicial

Cinco horas despu¨¦s de la detenci¨®n, O'Connor qued¨® en libertad. Las cinco horas pudieron haberse convertido en cinco meses sin acceso a un abogado, sin acusaciones formales y sin comparecencia ante un juez. As¨ª lo permite la Patriot Act, el marco de modificaciones legales redactado cuando no hab¨ªan pasado dos meses desde los atentados del 11-S. Algunos aspectos pol¨¦micos de la ley vencen este a?o; dem¨®cratas y republicanos creen que antes de renovarlos hay que debatirlos de nuevo con la cabeza fr¨ªa y la Constituci¨®n en la mano.

Las grandes consecuencias legales y administrativas del 11-S se reducen a la redacci¨®n y aprobaci¨®n de la Patriot Act, la remodelaci¨®n de los servicios de inteligencia y la creaci¨®n del Departamento de Seguridad Interior. Pero es ese texto legal, con las prerrogativas que otorga a los organismos de investigaci¨®n y al Departamento de Justicia, el que genera un debate interminable por limitar, seg¨²n sus detractores, los derechos de los individuos.

La Patriot Act se aprob¨® el 26 de octubre de 2001. Toma sus siglas del t¨ªtulo "Unir y Reforzar Estados Unidos Mediante las Herramientas Adecuadas para la Interceptaci¨®n y Obstrucci¨®n del Terrorismo". Este marco legal expande la capacidad de investigaci¨®n de la polic¨ªa, que desde entonces puede llevar a cabo labores de vigilancia de individuos considerados "sospechosos". En uno de sus cap¨ªtulos m¨¢s pol¨¦micos, la nueva ley facilita los "pinchazos" telef¨®nicos y cibern¨¦ticos sin orden judicial y consiente el acceso a los datos m¨¦dicos, profesionales, acad¨¦micos y financieros del cualquier individuo.

La polic¨ªa puede tambi¨¦n revisar los libros que ha sacado de una biblioteca o los que ha comprado en una librer¨ªa sin tener que notificarle que est¨¢ sometido a vigilancia. Para los ciudadanos no estadounidenses, la ley ampara la encarcelaci¨®n preventiva basada en sospechas, la deportaci¨®n y la denegaci¨®n del permiso de entrada sin justificaci¨®n expresa. La Patriot Act permiti¨®, entre otros miles de ejemplos, que un vuelo a Nueva York fuera desviado a Canad¨¢ porque entre el pasaje estaba Yusuf Islam, el nombre musulm¨¢n del cantante Cat Stevens, que fue devuelto a Gran Breta?a.

Otro caso m¨¢s reciente es el de Maher Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue detenido cuando hizo escala en EE UU a la vuelta de unas vacaciones con su familia en Marruecos. Arar fue interrogado y confinado durante meses en una prisi¨®n. A pesar de que su pasaporte, su residencia y su familia son canadienses, las autoridades de EE UU lo deportaron a Jordania para que desde all¨ª fuera expulsado a Siria; cuando entr¨® en ese pa¨ªs, en el que naci¨® pero del que reniega, fue encarcelado y torturado en una prisi¨®n. Recuperada la libertad, Arar ha vuelto a Canad¨¢ y ha demandado al Gobierno de EE UU. El editorialista Bob Herbert, en un art¨ªculo de condena a la Patriot Act, escribi¨® en el The New York Times: "Lo que le pas¨® a ¨¦l le puede pasar a usted". Seg¨²n la American Civil Liberties Union (ACLU, la mayor organizaci¨®n de defensa de los derechos civiles en EE UU), la Patriot Act s¨®lo consigui¨® la aprobaci¨®n en el Capitolio porque Bush supo apresurar el texto para aprovechar la estela sentimental del 11-S.

En una comparecencia reciente, el nuevo fiscal general de EE UU, Alberto Gonzales, uno de los inspiradores de esa ley y autor tambi¨¦n de los informes de la Casa Blanca que cuestionaban el concepto de "torturas", pidi¨® la renovaci¨®n de la Patriot Act "porque est¨¢ funcionando: ha ayudado a prevenir nuevos ataques terroristas". Otros expertos legales consideran que los beneficios han sido nulos y que el coste en demandas ante los tribunales acabar¨¢ siendo astron¨®mico.

El Senado consigui¨® introducir en la ley una fecha de caducidad para algunos de los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos, que vence a final de a?o. Un buen grupo de dem¨®cratas, entre ellos el influyente Patrick Leahy, m¨¢ximo representante de este partido en el Comit¨¦ Judicial, ha acusado al Departamento de Justicia de ocultar "los resultados reales que ha proporcionado la aplicaci¨®n de esta ley" y de no haber demostrado "por qu¨¦ deber¨ªamos extender su aplicaci¨®n" cuando acabe su vigencia dentro de unos meses.