Desbloqueo municipal

El Estado de las autonom¨ªas acumula una importante deuda hist¨®rica con los ayuntamientos. La instituci¨®n pol¨ªtica m¨¢s pr¨®xima al ciudadano y que afronta en primera l¨ªnea no pocas de las tareas relativas a su bienestar sigue siendo escandalosamente d¨¦bil en competencias y recursos financieros. Es l¨®gico que la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) haya acogido con alivio el acuerdo alcanzado ayer con los ministerios de Hacienda y Administraciones P¨²blicas para compensar a los ayuntamientos con un m¨ªnimo de 120 millones de euros por la supresi¨®n, hace tres a?os, del impuesto de actividades econ¨®micas (IAE). Esta cantidad se a?ade a los 661 millones de euros ya liquidados por este concepto como cifra consolidada para 2006 y aplicada en el presente a?o.

Esa inyecci¨®n servir¨¢ para mitigar la dif¨ªcil situaci¨®n financiera de los municipios. Pero s¨®lo el tiempo que se tarde en gastarlos, pues el problema es que la supresi¨®n del IAE no fue acompa?ada de una definici¨®n clara de los mecanismos financieros llamados a reemplazar ese impuesto. En todo caso, el acuerdo tiene un valor pol¨ªtico indudable: desactiva el contencioso abierto entre el municipalismo y el Gobierno a cuenta de la supresi¨®n de ese impuesto, que ya hab¨ªa llegado a los tribunales. Pero lo tiene sobre todo porque parece que se asume la necesidad de reformar de una vez por todas el modelo de financiaci¨®n municipal. De momento va a crearse una comisi¨®n bilateral municipios-Gobierno que desbroce el camino de esa reforma en coherencia con el modelo financiero de las comunidades aut¨®nomas.

Esa reforma se hace cada vez m¨¢s urgente por las tareas supletorias que asumen los ayuntamientos en materias como inmigraci¨®n, medio ambiente o medidas contra la violencia de g¨¦nero, entre otras. Se calcula que un 30% del gasto municipal corresponde a estas tareas llamadas impropias, aunque s¨®lo la mitad les venga financiada. Es una buena noticia para los ayuntamientos que el Gobierno les haya prometido estudiar su cofinanciaci¨®n mediante un fondo compartido. Pero es evidente que la soluci¨®n s¨®lo puede estar en un sistema estable y suficiente, proporcional a los servicios que los ayuntamientos prestan. Actualmente gestionan el 13% del gasto p¨²blico, un porcentaje muy lejano al 20%, que es la media de los pa¨ªses de estructura federal consolidada.