Todav¨ªa el Carmel

La crisis del Carmel tuvo su momento culminante en la moci¨®n de censura de Josep Piqu¨¦ y en la querella de Artur Mas, ambas con marcha atr¨¢s. Pero cada d¨ªa aparecen nuevos e inquietantes detalles tanto del sistema de contrataci¨®n de obras p¨²blicas como de la propia construcci¨®n del t¨²nel, adem¨¢s de sus efectos sobre la pol¨ªtica catalana. Basta comprobar c¨®mo ha deteriorado la imagen del alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, sin ser el responsable directo ni de las obras ni de la conducci¨®n de la crisis, ha sufrido casi prioritariamente los efectos de la indignaci¨®n ciudadana.

Ya sabemos ahora que en la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas durante la anterior legislatura jugaba un papel decisivo el m¨¢ximo responsable pol¨ªtico. Lo dijo el consejero Nadal en el Parlament y lo confirm¨® luego el propio responsable pol¨ªtico, el anterior consejero Felip Puig. Sabemos tambi¨¦n que las empresas de ingenier¨ªa de la obra del Carmel se han negado a entregar los libros de incidencias cuando se lo ha solicitado el Gobierno. O que el hormig¨®n empleado en el t¨²nel oscilaba entre el 38% y 57% del exigido en el proyecto.

La crisis del Carmel ha puesto de relieve el desaguisado de las obras p¨²blicas en Catalu?a durante los Gobiernos de CiU. Construcciones sin proyecto, previsi¨®n de costes, ni plazos de entrega, eran pr¨¢ctica corriente en la empresa p¨²blica Adigsa, que gestiona la vivienda social. Obras por valor de 191 millones de euros fueron abonadas en estas condiciones y a¨²n no se ha localizado el informe de la direcci¨®n financiera de Adigsa que las avalaba. Todos son hechos suficientemente graves como para exigir la clarificaci¨®n y la petici¨®n de responsabilidades y justifican plenamente tanto los trabajos de la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria como la acci¨®n de la fiscal¨ªa.

El c¨²mulo de irregularidades revela tambi¨¦n la insuficiencia del informe de valoraci¨®n de la gesti¨®n de CiU presentado por el Gobierno de Maragall el pasado diciembre. A pesar de su extensi¨®n -m¨¢s de 1.800 folios-, su contenido no despeja todas las dudas, aunque apunta pistas que el Govern no debiera abandonar. A finales del a?o pasado, Presidencia de la Generalitat se comprometi¨® a decidir en tres meses si exig¨ªa responsabilidades a los pol¨ªticos o funcionarios que hubieran firmado contratos cuya posterior anulaci¨®n por el tripartito pudiera repercutir en coste para la Generalitat. Ha transcurrido el plazo y con el nuevo escenario del Carmel se han olvidado aquellos buenos prop¨®sitos. Da toda la impresi¨®n de que el Govern actual sufre ahora los efectos de su manga ancha a la hora de auditar y entrar en la mara?a presupuestaria y de obras p¨²blicas del anterior. Esta actitud tiene su explicaci¨®n m¨¢s en la pol¨ªtica -el Estatuto reformado, que necesita el apoyo de CiU- que en connivencias interesadas.

Mientras las investigaciones siguen por sus v¨ªas normales, corresponde al presidente de la Generalitat retomar la iniciativa y asegurar el normal funcionamiento de la legislatura, por mucho que CiU intente convertir la crisis del Carmel y del 3% en la crisis de Maragall. Que el Gobierno mejore en eficacia y coordinaci¨®n y que el calendario pol¨ªtico no se pare. Y, sobre todo, que se resuelva el problema de los afectados del barrio del Carmel, que, no lo olvidemos, ha sido el desencadenante de esta crisis. De los resultados en esta doble tarea depender¨¢ que la crisis se pueda dar por cerrada o se proyecte sobre el resto de la legislatura.