Es un problema de ciudadan¨ªa

El debate territorial es cada vez m¨¢s confuso. Se est¨¢n mezclando cuestiones de identidad con reformas en los sistemas de financiaci¨®n que pueden romper elementos b¨¢sicos de cohesi¨®n o propuestas en las que subyace la autodeterminaci¨®n, quebrando la ciudadan¨ªa como elemento sustancial de pertenencia. Necesitamos encontrar l¨ªneas de comprensi¨®n b¨¢sica sobre los temas de los que se est¨¢ hablando.

Este espacio p¨²blico que compartimos como ciudadanos, que identificamos como Espa?a, tiene una realidad hist¨®rica de profundas ra¨ªces sobre la que no necesitar¨ªamos exagerar ni mitolog¨ªas ni imaginarios desmesurados. Es lo que es, a lo largo de una historia que, comparativamente, se prolonga m¨¢s all¨¢ en el tiempo que la mayor¨ªa de las historias de los pa¨ªses que conforman lo que llamamos comunidad internacional.

Sin afanes pol¨¦micos debemos reconocer que la historia contempor¨¢nea no nos ha permitido disfrutar de la condici¨®n de ciudadanos, como portadores de derechos y obligaciones iguales, aceptando y respetando el pluralismo de las ideas y, a¨²n menos, nos ha permitido reconocer la diversidad de sentimientos de pertenencia. Los ensayos para construir ciudadan¨ªa han sido pocos y fracasados. Menos han sido los que se han querido aproximar al reconocimiento de la diversidad como una riqueza compartida, compatible con la cohesi¨®n del conjunto.

?ste fue el principal esfuerzo de lo que llamamos la transici¨®n espa?ola, que cuaj¨® en un texto constitucional basado en la ciudadan¨ªa, con vocaci¨®n incluyente de la pluralidad de las ideas y de la diversidad de lenguas e identidades que integran la realidad de Espa?a como naci¨®n.

As¨ª transitamos desde un poder autoritario y centralista, que ha sido la regla del Estado-naci¨®n desde su creaci¨®n, hasta un poder democr¨¢tico y pol¨ªticamente descentralizado que siempre fue la excepci¨®n. Ahora, m¨¢s de un cuarto de siglo despu¨¦s, el fruto est¨¢ a la vista. La ciudadan¨ªa es un valor adquirido y nadie pone en cuesti¨®n la libertad de las ideas y la igualdad ante la ley, que constituyen sus pilares b¨¢sicos, como tampoco se niega la descentralizaci¨®n del poder que ha dado cabida a una distribuci¨®n de competencias que lo acerca a los ciudadanos y facilita el encaje de los diversos sentimientos de pertenencia.

Para mantener esta din¨¢mica, incluso para reforzarla si se quiere, hay que tener en cuenta que el fundamento de la convivencia en democracia es la ciudadan¨ªa. Se gobierna la ciudadan¨ªa en el espacio p¨²blico que se comparte y s¨®lo se mantiene la gobernanza si se respeta la pluralidad de las ideas y la cohesi¨®n entre los ciudadanos que nace de la igualdad ante la ley. A veces expresamos esta idea como solidaridad entre territorios, pero la cohesi¨®n es un problema de ciudadan¨ªa, no de territorios. Por eso resulta confuso, aunque sea frecuente, hablar de solidaridad entre las comunidades aut¨®nomas en t¨¦rminos semejantes a como se habla de solidaridad cuando se aplican fondos estructurales entre los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea.

Si se gobierna sobre el espacio p¨²blico de ciudadanos que llamamos Espa?a, los responsables pol¨ªticos tienen la obligaci¨®n, que se corresponde con los derechos universales a la educaci¨®n o a la asistencia sanitaria, por ejemplo, de tratar por igual a todos, sin discriminar en relaci¨®n con el lugar en que se vive en el territorio. Y para hacer verdad la igualdad de derechos, el esfuerzo en estas materias, como en otras, siempre es diferente a lo largo del tiempo. No es lo mismo la financiaci¨®n de la educaci¨®n b¨¢sica en una zona de monta?a con poca densidad, que en otra urbana y densa. Tampoco lo es si se tienen que conocer lenguas diferentes.

Este razonamiento se puede hacer extensivo a la ordenaci¨®n del territorio, a la organizaci¨®n de servicios que generan igualdad o desigualdad de oportunidades como telecomunicaciones, energ¨ªa, agua, etc¨¦tera. Y en todos estos supuestos no hay l¨ªmite temporal, ni transferencias de renta entre territorios, sino entre ciudadanos que poseen m¨¢s y ciudadanos que poseen menos, que viven en unas condiciones o en otras en cualquier lugar de ese espacio p¨²blico que se gobierna.

Ning¨²n gobernante ser¨ªa aceptado si afirmara que en un plazo determinado de tiempo suprimir¨ªa las transferencias necesarias para financiar servicios universales en el conjunto del territorio. Como ciudadanos y ciudadanas espa?oles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones b¨¢sicas, habitemos en un lugar o en otro del territorio. La distribuci¨®n de competencias entre las comunidades aut¨®nomas no puede alterar la condici¨®n b¨¢sica de ciudadan¨ªa, ni menoscabar la responsabilidad de los gobernantes del conjunto del territorio.

Esta realidad no es comparable con la que se deriva de la pertenencia a la Uni¨®n Europea, como en ocasiones se suele argumentar. Las transferencias son acordadas entre unidades nacionales independientes, con soberan¨ªas diferenciadas que tienden a compartirse mediante pactos entre esos conjuntos estatales. Esos pactos entre poderes representativos de distintas ciudadan¨ªas pueden tener los l¨ªmites que se quieran sin afectar a las respectivas ciudadan¨ªas nacionales.

En algunos casos se va m¨¢s lejos y se habla directamente de soberan¨ªa originaria basada en la identidad o en el concepto de pueblo y no en la ciudadan¨ªa. Subyace, con mayor o menor claridad, un supuesto derecho de autodeterminaci¨®n que mezcla territorio y pueblo en un mar de confusiones y de deseos irredentistas que contradicen directamente la ciudadan¨ªa.

La realidad, cuando esto se plantea, es que aflora el conflicto fundamental de la democracia: organizaci¨®n de la convivencia basada en la ciudada-n¨ªa o en la identidad como pertenencia. La ciudadan¨ªa como fundamento de la convivencia garantiza la igualdad entre todos, el respeto a la pluralidad de las ideas e incluye el reconocimiento del sentimiento de pertenencia. Pero este sentimiento de pertenencia no es un¨ªvoco y por eso no es codificable, como los elementos de la ciudadan¨ªa. Se pueden codificar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero no hay dec¨¢logos que definan la identidad. Cada ciudadano puede sentirse vasco, andaluz o gallego, y puede hacerlo sinti¨¦ndose a la vez espa?ol o europeo, o no. Nada ni nadie puede obligarlo. Sin embargo, como ciudadanos no pueden tener m¨¢s derechos y obligaciones que otros, ni menos. Todos tendremos los que legalmente nos correspondan. Las dos aproximaciones se?aladas, que en algunos casos se dan al mismo tiempo, conducen a la ruptura de la cohesi¨®n y al cuestionamiento de la idea b¨¢sica de ciudadan¨ªa. Tenemos que reformar la Constituci¨®n para adaptarla a los requerimientos internos y externos. Lo mismo cabe decir de los Estatutos de Autonom¨ªa. Pero hacer este ejercicio olvidando lo creado puede conducir al disparate. Cada responsable pol¨ªtico institucional debe tener en cuenta el papel del otro, ocupe el lugar que ocupe en la distribuci¨®n del poder. Construir un sistema de convivencia basado en la libertad de los ciudadanos y respetuoso con sus derechos como tales es una tarea lenta y compleja. Destruirlo es m¨¢s f¨¢cil y mucho m¨¢s r¨¢pido.

Felipe Gonz¨¢lez es ex presidente del Gobierno espa?ol.