La Abogac¨ªa del Estado no aval¨® actuaciones de los ex delegados de la Zona Franca
La Abogac¨ªa del Estado no aval¨® "en ning¨²n momento" los contratos millonarios que el ex delegado del PP en la Zona Franca de C¨¢diz Manuel Rodr¨ªguez de Castro firm¨® en 2000 con Miami Free Zone para crear una red inform¨¢tica que no existe y tampoco emiti¨® ning¨²n informe contrario para poder anular este contrato, como adujo el tambi¨¦n ex delegado popular Miguel Osuna para justificar que mantuvo los pagos que inici¨® su antecesor.
Son las dos principales conclusiones de la Abogac¨ªa del Estado en las respuestas que ofreci¨® a un cuestionario planteado hace tres meses por EL PA?S. Estas contestaciones cobran actualidad de nuevo despu¨¦s de que la alcaldesa de C¨¢diz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Te¨®fila Mart¨ªnez, haya pedido al Abogado del Estado un informe para evitar que la Zona Franca se querelle contra Osuna.
Te¨®fila Mart¨ªnez ha remitido un escrito urgente a la Abogac¨ªa del Estado en el que solicita que emita un informe sobre las responsabilidades de Osuna en la supuesta gesti¨®n irregular y actividades presuntamente delictivas detectadas por la Abogac¨ªa y la Intervenci¨®n General del Estado en este organismo. Con este documento, el PP quiere evitar a toda costa que la Zona Franca decida querellarse contra Osuna.
Contratos pol¨¦micos
Sin embargo, en esta pretensi¨®n, Mart¨ªnez se topa con dos opiniones contrarias manifestadas ya por la Abogac¨ªa del Estado. En su ¨²ltimo informe, la Abogac¨ªa y la Intervenci¨®n General del Estado cuestionan los pol¨¦micos contratos de 6,8 millones de euros que pag¨® la Zona Franca en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por material inform¨¢tico que, seg¨²n un peritaje realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla, tiene un precio que apenas alcanza 2 millones de euros. La Abogac¨ªa del Estado exig¨ªa esta valoraci¨®n "con car¨¢cter previo al ejercicio de acciones contables o penales contra los gestores de Rilco -sociedad mayoritaria de la Zona Franca, dirigida por aquel entonces por Rodr¨ªguez de Castro y Osuna-".
Asimismo, la Abogac¨ªa niega que se le consultase sobre este contrato una vez firmado para su posterior anulaci¨®n. Esta versi¨®n contrasta con las explicaciones que aport¨® Miguel Osuna, quien dijo que solicit¨® un informe "por si ese contrato se pod¨ªa anular". "En la Abogac¨ªa del Estado me dijeron que no porque el ¨²nico requisito de la Ley de Contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Al firmar un contrato con un no residente, ten¨ªa unos derechos objetivos y si no lo cumpl¨ªamos nos pod¨ªan demandar y probablemente hubi¨¦semos perdido el juicio", afirm¨® Osuna en una entrevista publicada por EL PA?S el 24 de noviembre de 2004. Sin embargo, la Abogac¨ªa niega que le solicitaran un informe y que impidiese la posible anulaci¨®n.
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