Los tribunales dejan a la Junta la iniciativa de qu¨¦ hacer con las viviendas que han ilegalizado

Decidir el futuro de las viviendas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) -1.600 de momento en Marbella, aunque a¨²n hay unos 300 casos pendientes- es una patata caliente que deben pasarse de manos la Administraci¨®n de Justicia y el Ejecutivo auton¨®mico, y que afectar¨¢ a decenas de miles de ciudadanos. La decisi¨®n final de si se demuele o no corresponder¨¢ a la misma sala del TSJA que declare nulas las licencias de obras, pero su decisi¨®n depender¨¢ de lo que la Junta proponga como ganadora de los litigios.

Hasta el momento, las impugnaciones que la Junta ha presentado contra licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella porque vulneraban el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) -370 recursos desde 1995- no ped¨ªan ninguna medida de ejecuci¨®n de sentencia. Por ello, las sentencias ya emitidas -seis- se han limitado a anular el acto administrativo de concesi¨®n de las licencias, y no se han pronunciado sobre c¨®mo restituir la ilegalidad cometida.

La Junta ya ha anunciado que pedir¨¢ al tribunal que dicte como medida de ejecuci¨®n de las sentencias la demolici¨®n de las viviendas construidas ilegalmente, pero antes de hacerlo esperar¨¢ a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casaci¨®n presentados por el Ayuntamiento de Marbella y las promotoras afectadas contra las sentencias anulatorias del TSJA.

Una vez que el tribunal ha decidido el contencioso, la parte ganadora del litigio tiene la potestad de pedir lo que se llama sentencia de ejecuci¨®n de licencia, en la que debe razonar una propuesta de ejecuci¨®n. Seg¨²n fuentes del TSJA, la sala dispondr¨¢ entonces de un plazo de dos meses y 10 d¨ªas para tomar una decisi¨®n, previa petici¨®n de alegaciones a otra parte. Existe un precedente de una impugnaci¨®n contra una licencia presentada por un particular anulada por el TSJA en la que se pidi¨® medida de demolici¨®n que fue rechazada por no estar debidamente fundamentada.

Reposici¨®n

B¨¢sicamente, la Junta justifica sus pretensiones en que la restituci¨®n de la legalidad urban¨ªstica no queda satisfecha hasta que no se repone la situaci¨®n existente antes de cometerse la ilegalidad. Desde esta perspectiva se pone en duda la eficacia de medidas como las multas o sanciones econ¨®micas, que pueden trasladar la sensaci¨®n de impunidad.

La Junta defiende la validez de las demoliciones, especialmente en los casos en los que se han construido viviendas en parcelas que estaban reservadas para equipamientos p¨²blicos -infraestructuras viarias o de transportes, colegios, centros de salud, sociales, etc¨¦tera- o zonas verdes de los que se han visto privados los ciudadanos. Este es el caso por ejemplo de las casi 300 viviendas construidas en Banana Beach cuyas licencias ya declar¨® nulas el TSJA hace un a?o y que ahora tambi¨¦n han sido declaradas ilegales en la primera sentencia penal que ha condenado por delito urban¨ªstico a concejales de Marbella que formaban parte de la junta de gobierno que las concedi¨®. La Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa contempla mecanismos para legalizar algunas actuaciones an¨®malas, pero nunca "las que afectan a terrenos o suelos no urbanizables de especial protecci¨®n o zona de influencia litoral, a bienes o espacios catalogados, a parques, jardines, espacios libres o dem¨¢s reservas para dotaciones" (art¨ªculo 185).

El problema es que la demolici¨®n de viviendas afectar¨ªa a los derechos de terceros ajenos al contencioso, las personas que han comprado viviendas o que tienen sus negocios en locales comerciales. La ley establece para estos casos las oportunas indemnizaciones, a las que deber¨ªa hacer frente la Administraci¨®n que ha vulnerado la ley, el Ayuntamiento de Marbella. No est¨¢ claro que el consistorio tenga capacidad para afrontar esta obligaci¨®n, dados los precios de las viviendas en el municipio y la dimensi¨®n del problema, ya que en caso de que prosperaran todas las impugnaciones pendientes de resolver, finalmente podr¨ªan ser declaradas ilegales del orden de no menos de 20.000 casas.

De momento, los tribunales de lo penal han optado por inhibirse en el conflicto y dejar tambi¨¦n la resoluci¨®n a la iniciativa de la Junta. La citada sentencia del pasado 28 de marzo que ha condenado a seis meses de prisi¨®n al ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz y otros seis concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), aunque no se pronuncia al respecto en el fallo, en los fundamentos jur¨ªdicos el juez hace menci¨®n a la "conocida opini¨®n doctrinal que, con inusual asenso, reclama que alguna vez tiene que romperse el c¨ªrculo vicioso de ampararse en terceros ajenos para perpetuar el ataque al orden p¨²blico urban¨ªstico y hacer del hecho consumado el destino aparentemente inevitable de la ordenaci¨®n del territorio".

Pero al mismo tiempo admite que "tales intereses de terceros son leg¨ªtimos y evaluables a la hora de una decisi¨®n de esta naturaleza". Pese a reconocer que se pod¨ªa pronunciar de oficio sobre la cuesti¨®n, el juez opt¨® por inhibirse y consider¨® que, entre otras consideraciones, deb¨ªa valorarse "el impacto urban¨ªstico y ambiental de la ilegalidad cometida". Finalmente dej¨® el asunto en manos de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Urbanismo para que ¨¦sta, "con los especiales medios con los que cuenta para dimensionar todos los aspectos del problema y en base a la presente sentencia, resuelva sobre la posibilidad y procedencia de acordar de oficio la demolici¨®n".