Prohibido ejecutar (demasiado)

Cuando China adopt¨® la Ley Criminal en 1979, la intenci¨®n de los parlamentarios era limitar la aplicaci¨®n de la pena de muerte, en l¨ªnea con las instrucciones de mesura defendidas por Mao Zedong, fallecido tres a?os antes. El fundador de la Rep¨²blica Popular, a quien no le temblaba el pulso cuando se trataba de desembarazarse de sus oponentes, lanz¨® una advertencia sobre la pena capital: "Matar indiscriminadamente es err¨®neo; s¨®lo conseguir¨ªa que el partido pierda simpat¨ªa, se distancie de las masas y caiga en el aislamiento".

La pol¨ªtica de contenci¨®n se convirti¨® en la base para la pol¨ªtica de aplicaci¨®n del castigo m¨¢ximo. Pero las reformas de Deng Xiaoping se llevaron el principio por delante, y durante las dos d¨¦cadas que siguieron las autoridades han empleado de forma masiva la pena capital.

Pek¨ªn parece querer regresar a la doctrina anterior, abandonada para luchar contra la ola de cr¨ªmenes y delitos econ¨®micos que trajo el proceso de apertura y reforma. El Gobierno ha puesto en marcha una reforma del sistema judicial para que el Tribunal Popular Supremo recupere la ¨²ltima palabra en todas las sentencias de muerte, una prerrogativa que cedi¨® a principios de los a?os ochenta a favor de los altos tribunales provinciales y para determinados delitos. El objetivo, seg¨²n el primer ministro, Wen Jiabao, es "instituir un sistema efectivo que garantice que la pena m¨¢xima es dictada de forma justa".

Las organizaciones de derechos humanos afirman que el proceso que conduce cada a?o a la muerte a miles de presos en China est¨¢ plagado de irregularidades. Amnist¨ªa Internacional (AI) sostiene que los derechos de los acusados son violados desde su detenci¨®n hasta la ejecuci¨®n, en muchos casos siendo inocentes. Y ofrece ejemplos: a menudo se niega la asistencia legal inmediata a los detenidos, que a veces son torturados o maltratados -incluso en presencia de los jueces- para extraer confesiones que luego son utilizadas en su contra, y que las apelaciones son decididas a menudo por el mismo tribunal que ha dado el visto bueno a la sentencia, lo que en la pr¨¢ctica anula el recurso.

"En China hay muchos errores judiciales. La gente que se enfrenta a una condena a muerte no tiene garantizado un juicio justo", afirma Mark Ellison, investigador para China de AI. La organizaci¨®n afirma que el sistema judicial chino no s¨®lo "incumple continuamente los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos", sino tambi¨¦n sus propias leyes. "Es posible que sea ejecutada gente de forma err¨®nea casi a diario", asegura.

?Cu¨¢nta gente es ajusticiada cada a?o? "Imposible saberlo", responden las organizaciones de derechos humanos, pues Pek¨ªn considera que ese dato es secreto de Estado. Amnist¨ªa contabiliz¨® 2.468 casos en 2001; 1.060 en 2002, y 726 en 2003. Tom¨® como fuente los datos publicados en la prensa local. Ir¨¢n sigui¨® a China como mayor verdugo con 108 muertes en 2003, y en tercer lugar Estados Unidos, con 65. El total mundial fue de 1.146. AI advierte de que las cifras reales de China son "muy superiores" y que su registro s¨®lo refleja la evoluci¨®n del n¨²mero de penas que las autoridades hacen p¨²blicas "de forma selectiva".

Seg¨²n Human Rights in China (HRIC), "una estimaci¨®n prudente es m¨¢s de 10.000 anuales", basada, entre otros, en encuestas sobre el terreno. En 2003, una fuente judicial situ¨® la cifra en m¨¢s de 5.000, seg¨²n la ONG italiana Hands Off Cain. Y en marzo de 2004, Chen Zhonglin, diputado de la Asamblea Popular Nacional y director de la Academia de Derecho en la Universidad de Chongqing, asegur¨® que China ejecuta cada a?o a "casi 10.000 personas". "Las cifras son demasiado grandes. Por eso, Pek¨ªn las considera un secreto de Estado y no las revela. Ser¨ªan demasiado vergonzosas", explica Nicolas Becquelin, director de investigaci¨®n de HRIC en Hong Kong.

Si en 1979, veintinueve cr¨ªmenes pod¨ªan conducir a la pena capital, hoy son 68, la mayor¨ªa no violentos; algunos con definiciones tan vagas como "poner en peligro la seguridad nacional", "entregar secretos de Estado al extranjero" o "dividir la naci¨®n".

Pero tambi¨¦n fraude fiscal, producci¨®n de moneda falsa, corrupci¨®n, contrabando, proxenetismo e, incluso, matar un panda pueden llevar al acusado a recibir una bala en la nuca o una inyecci¨®n letal; un m¨¦todo, ¨¦ste ¨²ltimo, que ha sido calificado por las autoridades de "progreso social" tras su aprobaci¨®n en 1997.

El debate sobre la reforma legal ha sido recogido ampliamente en la prensa china, y algunos profesores de Derecho han elevado la voz a favor de la eliminaci¨®n de la pena m¨¢xima. El Ministerio de Justicia ha afirmado que la clave para reducir el n¨²mero de ejecuciones es reformar el sistema de castigos y alargar las sentencias hasta 30 a?os.

?Significa esto que Pek¨ªn camina hacia la abolici¨®n? "La posici¨®n del Gobierno

[en los foros sobre derechos humanos] es que la supresi¨®n de la pena de muerte es la meta final, pero en el futuro. Porque, seg¨²n dicen, las condiciones actuales del pa¨ªs no son adecuadas", se?ala Becquelin. Mientras tanto, China ha decidido ejecutar menos, y con prudencia.