La vivienda en el Estado de bienestar

Me admira pero me sorprende la tendencia agresiva de tantos pol¨ªticos en abrir discusiones alejandrinas sobre problemas generados por fantas¨ªas lejanas, cargadas de ideolog¨ªa global, cuando hay tantos asuntos importantes y urgentes que ya est¨¢n planteados concretamente e incluso regulados en la misma Constituci¨®n, cuyo cumplimiento comportar¨ªa una reforma m¨¢s real que aquellas fantas¨ªas. Debe de ser m¨¢s vendible crear cortinas de humo a partir de generalidades que aplicar las soluciones concretas ya establecidas a unos problemas que son precisamente los que la ciudadan¨ªa siente m¨¢s pr¨®ximos y m¨¢s graves.

Por ejemplo, el problema de la vivienda asequible. El art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n dice que "todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y que "los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n". Y, concretamente, "la comunidad participar¨¢ en las plusval¨ªas que genere la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos". Es un texto que subraya la especial importancia de este asunto en la ordenaci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs y abre la obligaci¨®n de instrumentar las debidas l¨ªneas legales y ejecutivas.

En cambio, la realidad establece una contradicci¨®n flagrante. En Catalu?a, el precio de la vivienda entre 1996 y 2004 aument¨®, en promedio, el 120% y la dej¨®, por tanto, escandalosamente alejada del ritmo de los salarios. Es decir, inasequible. Por otro lado, sabemos que en 2004 hab¨ªa en Espa?a, aproximadamente, 10 viviendas en r¨¦gimen de alquiler social para cada 1.000 habitantes, mientras que en Holanda hab¨ªa 140. La media europea era de 80. Es decir, el Estado y las autonom¨ªas no han hecho nada para acatar con eficacia el art¨ªculo 47. Al contrario, han permitido que la falta de vivienda digna y adecuada vaya aumentando, aceptando el natural encarecimiento del mercado, sin afrontar resueltamente la soluci¨®n del alquiler asequible, o sea, la vivienda p¨²blica al servicio de los que no alcanzan los ritmos de la oferta libre.

No dudo que en estos ¨²ltimos a?os ha aumentado la conciencia pol¨ªtica respecto a este problema, el cual, con mayor o menor precisi¨®n, figura ya en los programas de los partidos de izquierda y de centro. Tambi¨¦n es cierto que algunos gobiernos est¨¢n iniciando diversas actuaciones y que han prometido algunas v¨ªas cre¨ªbles de gesti¨®n. Concretamente, en Catalu?a, la directora general de la Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, ha presentado -o, en parte, ha prometido- un programa legislativo y unas f¨®rmulas operativas interesantes para dar cumplimiento a la disposici¨®n constitucional. Pero me temo -y no, precisamente, en el caso de Trillas- que los pol¨ªticos -de derechas, sin duda, pero tambi¨¦n los que se autodenominan de izquierdas- no acaban de comprender el verdadero alcance del asunto: el derecho a la vivienda es una parte fundamental¨ªsima del Estado de bienestar, como lo son, por ejemplo, la sanidad y la ense?anza, y que, por tanto, hay que tratarlo como tal, con la intervenci¨®n decisiva y con recursos econ¨®micos de las diversas administraciones sin suponer ninguna eficacia en las t¨ªmidas intervenciones fiscales y ben¨¦ficas en la marcha impetuosa y aut¨®noma del mercado. Es una cuesti¨®n que no admite falsas aproximaciones y el mercado es incorregible en nuestra sociedad ultracapitalista. S¨®lo se puede resolver con la autoridad gubernamental, imponiendo -pagando directamente- las grandes inversiones necesarias, con una intervenci¨®n radical que compense la abusiva y criminal libertad del mercado, basado en una estructura especulativa.

La soluci¨®n m¨¢s radical consiste en la construcci¨®n de vivienda p¨²blica en r¨¦gimen de alquiler controlado. Para que las administraciones puedan hacerlo en la dimensi¨®n adecuada, hay que llevar a cabo una pol¨ªtica claramente intervencionista, casi con los modelos del socialismo m¨¢s radical. Hay que disponer de suelo construible a precio adecuado y para lograrlo hay que ser valiente y decidido, inquebrantable en la reclamaci¨®n de las plusval¨ªas urban¨ªsticas e incluso en la expropiaci¨®n forzosa cuando sea indispensable la municipalizaci¨®n del suelo. Hay que evitar que el suelo municipal se dilapide en otros usos. Hay que estudiar la funci¨®n y los m¨¦todos constructivos de la arquitectura para conseguir la econom¨ªa y la facilidad productiva. Hay que evitar la posibilidad de futuras especulaciones de los propios usuarios. Y a ¨¦stos hay que escogerlos con todas las garant¨ªas y la m¨¢xima transparencia. Hay que regular a fondo el mercado de segunda mano de las viviendas existentes y de las nuevas no s¨®lo para evitar abusos, sino para dar entrada a otro contingente de construcci¨®n ahora mal utilizado pero aprovechable. Hay que renovar las casas viejas actuando con expropiaciones y con presiones fiscales o hay que cederlas a un sistema controlado y civilizado de ocupaci¨®n, como en Holanda. Hay que reorganizar la econom¨ªa de los ayuntamientos para evitar que sus ingresos provengan casi ¨²nicamente de la especulaci¨®n del suelo. Hay que forzar el poder de las administraciones para resolver directamente el problema en las ¨¢reas sociales m¨¢s desprotegidas, sin confiar en las ingenuas intervenciones en el mercado, con mano dura y con un apoyo econ¨®mico de gran envergadura. Las promociones privadas -con mayores o menores auxilios oficiales- no van a resolver el problema porque el suyo es colocar los excesos de oferta a grandes precios, desconectados de la realidad de la demanda. Ni el problema de la vivienda, ni el de la sanidad, ni el de la educaci¨®n se pueden arreglar -es decir, situarlos en el nivel de exigencia que marca la Constituci¨®n- con las privatizaciones sustitutorias, si creemos en serio en la construcci¨®n equilibrada de un Estado de bienestar.

Oriol Bohigas es arquitecto.