El poder cooperativo

Tengo la impresi¨®n de que buena parte de las dificultades del actual debate territorial proceden del dramatismo por el que las cosas se deslizan hacia las cuestiones de principio, que tienden a convertirse en asuntos innegociables, sobre los que no cabe compromiso alguno. Y la causa de este patetismo est¨¢ en el hecho de que se habla demasiado de esencias y poco de funciones. La discusi¨®n se atasca cuando la definici¨®n de lo que somos ocupa toda la atenci¨®n y se desentiende del contexto en el que nos encontramos o los desaf¨ªos a los que hemos de hacer frente. Mi hip¨®tesis es que la discusi¨®n resultar¨¢ m¨¢s fluida si tenemos en cuenta las actuales transformaciones pol¨ªticas y sociales que modifican tambi¨¦n a los Estados y su modo de actuar. La existencia misma de ese debate es una manifestaci¨®n de que el poder pol¨ªtico se ha modificado decisivamente en una sociedad que no permite un gobierno directo, centralizado y jer¨¢rquico, que est¨¢ exigiendo una transformaci¨®n cooperativa del poder.

Vivimos en una ¨¦poca en la que el poder pol¨ªtico -los Estados y los gobiernos- se encuentra en apuros, ante unas dificultades no menos graves que las que acompa?aron, en los or¨ªgenes de la era moderna, su proceso de constituci¨®n. La pol¨ªtica es d¨¦bil frente a la poderosa competencia de los flujos financieros y los poderes medi¨¢ticos; su espacio propio se pierde en los formatos in¨¦ditos de la globalizaci¨®n y frente a las exigencias particulares que plantean los procesos de individualizaci¨®n. El Estado se encuentra ante especiales dificultades siempre que se trata de controlar, movilizar, cohesionar, organizar, implementar o asegurar. Son algunas de las funciones que tenemos derecho a exigir de quien ejerce el poder pol¨ªtico y que ¨¦ste, en las actuales circunstancias, no puede satisfacer con los medios tradicionales.

Conocemos la respuesta conservadora: no hay nada que lamentar. Los a?os de hegemon¨ªa neoliberal desataron las privatizaciones y convirtieron a los ciudadanos en clientes, en un proceso que justificaban como disminuci¨®n del Estado pero que realmente supon¨ªa una reducci¨®n de la pol¨ªtica. De ah¨ª que disolvieran los asuntos pol¨ªticos en management y patriotismo, es decir, en cuestiones t¨¦cnicas cuya gesti¨®n no necesitaba ser discutida y en identificaciones nacionales que no pod¨ªan ser discutidas. La amalgama conservadora de desestatalizaci¨®n y renacionalizaci¨®n no es una mera casualidad, sino una de las s¨ªntesis posibles cuando se quiere enviar a la pol¨ªtica al trastero de las cosas in¨²tiles.

Probablemente sea cierto que la izquierda espa?ola se haya encontrado con los nacionalismos perif¨¦ricos m¨¢s por necesidad que por convicci¨®n, y puede que el relato de la Espa?a plural responda principalmente a la necesidad de hacerse un hueco frente a la patrimonializaci¨®n nacionalista del gobierno anterior. Ahora bien, que una idea venga a tapar un vac¨ªo ideol¨®gico no dice nada en contra de esa idea, que puede taparlo bien o mal. La pregunta que deber¨ªamos hacernos es si el objetivo de transformar el poder de modo que el pluralismo territorial se refleje tambi¨¦n en sus instancias y procedimientos representa un avance en la extensi¨®n de derechos, si fortalece la convivencia pac¨ªfica y si representa un estilo de hacer pol¨ªtica m¨¢s democr¨¢tico (cualquiera habr¨¢ notado que tomo esta trilog¨ªa -derechos, paz y talante- de los motivos con los que se define a s¨ª mismo el actual Gobierno socialista). Mi respuesta es que s¨ª. Y adem¨¢s esa l¨ªnea de actuaci¨®n est¨¢ en consonancia con el pensamiento pol¨ªtico m¨¢s avanzado que apunta hacia la idea de un poder cooperativo como el mejor modo de recuperar la pol¨ªtica.

En la visi¨®n tradicional el Estado es una instituci¨®n soberana hacia el exterior y jer¨¢rquicamente organizada en su interior. Casi todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que el actual Estado cumple cada vez menos ambas exigencias, pues ni dispone de una soberan¨ªa indivisible ni est¨¢ en la cumbre de una jerarqu¨ªa. A esto se a?ade el hecho de que, en los Estados no unitarios, las competencias est¨¢n repartidas y esa pluralidad de instancias conduce a una pluralizaci¨®n interior que provoca a su vez no pocos problemas de coherencia y coordinaci¨®n.

Que el Estado haya visto c¨®mo se limitaba dr¨¢sticamente su soberan¨ªa no significa necesariamente que deba renunciar a su pretensi¨®n de articular pol¨ªticamente la sociedad, aunque tendr¨¢ que hacerlo de otra manera. El Estado deber¨¢ volverse m¨¢s cooperativo, lo que no equivale a m¨ªnimo, si es que no quiere convertirse en irrelevante. El Estado, reducida su soberan¨ªa, no tiene por qu¨¦ renunciar a sus pretensiones de configurar y hacer coherente el espacio social. Para ello probablemente sea inevitable reducir sus tareas y poder concentrarse en los principales problemas de la sociedad, frenando as¨ª lo que algunos te¨®ricos han definido como una p¨¦rdida de poder a causa del aumento de sus funciones. Incluso podr¨ªa hablarse de un cierto retorno del Estado en forma cooperativa si acierta a recorrer el proceso de una determinada metamorfosis: la que va desde el gobierno directo, central y soberano a convertirse en organizador y garante de la cooperaci¨®n. Lo que viene llam¨¢ndose "Estado garantizador" es una transformaci¨®n que parte del reconocimiento de que el Estado no es quien decide y produce, sino m¨¢s bien el que activa y modera los desarrollos sociales que ni puede ni debe determinar en exclusiva.

Precisamente la idea de gobernanza se ha ido introduciendo en los ¨²ltimos a?os para caracterizar una nueva manera de gobernar, un nuevo tipo de estructuras y procesos para llevar a cabo la acci¨®n pol¨ªtica en sociedades en las que hace tiempo que se han disuelto los l¨ªmites del Estado tanto frente a la sociedad como en relaci¨®n al escenario internacional. Encontramos esa forma de gobernar en ¨¢mbitos muy diversos: en las organizaciones, en los equilibrios institucionales de la Uni¨®n Europea, en el orden internacional incipiente... Son formas de cooperaci¨®n entre diferentes actores, de integraci¨®n, confianza y legitimaci¨®n, que aparecen como una oportunidad de conquistar nuevos espacios de juego para la configuraci¨®n pol¨ªtica, donde antes no se ve¨ªan m¨¢s que obst¨¢culos para realizar una pol¨ªtica orientada al inter¨¦s general.

En las diversas instituciones de la sociedad actual los procesos de decisi¨®n se han "desjerarquizado" hasta el punto de que tambi¨¦n tiene sentido hablar de Estados multic¨¦ntricos. No s¨®lo se ha diferenciado la sociedad sino tambi¨¦n el Estado, en el que hay varios centros que act¨²an en diversos niveles e incluso en el mismo nivel. En una sociedad caracterizada por una gran heterogeneidad interior y por una diversidad de remisiones hacia el exterior, el gobierno pol¨ªtico ya no puede ejercerse directamente a partir de un centro ¨²nico. A esta realidad corresponde, por ejemplo, el concepto de gobierno en un sistema de varios niveles, que apunta no tanto a distinciones jer¨¢rquicas como a la diversidad de unidades organizativas, donde lo general

no necesariamente tiene una prevalencia sobre lo particular. Tampoco se trata de una simple descomposici¨®n organizativa del sistema pol¨ªtico en niveles, en cada uno de los cuales se llevan a cabo tareas separadas. Las tareas p¨²blicas ya no se pueden segmentar en niveles competenciales (ni entre Estado central, autonom¨ªas y entidades locales, ni en una fragmentaci¨®n taylorista de la administraci¨®n), sobre todo porque han surgido nuevas limitaciones frente a las cuales no queda m¨¢s remedio que buscar una soluci¨®n cooperativa. La mayor parte de los problemas pol¨ªticos a los que nos enfrentamos tienen un car¨¢cter transversal, lo que aumenta la necesidad de coordinaci¨®n. La pol¨ªtica podr¨ªa entenderse precisamente como una "organizaci¨®n de las interdependencias" (Mayntz). Gestionar no equivale aqu¨ª a controlar, aunque en ocasiones ser¨¢ necesario intervenir para equilibrar relaciones de poder entre los grupos sociales o establecer determinadas prioridades.

El Estado cooperativo no es un Estado tradicional que, obligado por las circunstancias, ha modificado su modo o estilo de trabajar, sino que implica una transformaci¨®n radical de su naturaleza, de lo que significa gobernar, de c¨®mo se constituye el espacio p¨²blico. Por eso perder¨ªamos una oportunidad si el actual debate acerca de la reforma de los estatutos se convirtiera en una discusi¨®n acerca de competencias y se esquivara el verdadero nudo gordiano: lo que est¨¢ en juego es la posibilidad de transformar la idea de soberan¨ªa, algo que representa un reto y una exigencia para todos, aunque suela plantearse casi siempre como una renuncia que deben cumplir otros. No estar¨ªamos a la altura de los actuales desaf¨ªos si reduj¨¦ramos el debate a un listado de competencias o a una delimitaci¨®n de ¨¢mbitos de soberan¨ªa. Lo decisivo es encontrar f¨®rmulas de soberan¨ªa compartida que permitan articular un poder pol¨ªtico cooperativo, lo que no es posible sin confianza, garant¨ªas rec¨ªprocas, bilateralidad efectiva, f¨®rmulas de arbitraje y procedimientos que fomenten la lealtad. Y esto tiene mucho que ver con una recuperaci¨®n de la pol¨ªtica que vuelva a situar los temas en un ¨¢mbito de libre discusi¨®n y de libre decisi¨®n, bajo el principio de la mayor inclusi¨®n y respetando la pluralidad de escenarios en los que se desenvuelven nuestras identificaciones.

Daniel Innerarity es profesor de Filosof¨ªa en la Universidad de Zaragoza, premio Espasa de Ensayo por su obra La sociedad invisible.