Bruselas abre expediente infractor por falta de transparencia en la LRAU
Abusos Urban¨ªsticos entiende que se pueden impugnar algunos planes
Bruselas ha dado una seria advertencia al gobierno de Espa?a, y en especial al Consell, por la aplicaci¨®n de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU). La Comisi¨®n Europea concluye que "Espa?a ha vulnerado las obligaciones que le incumben sobre los procedimientos de adjudicaci¨®n de los contratos p¨²blicos de obra". Bruselas cuestiona la falta de transparencia y de competencia en la adjudicaci¨®n de planes urban¨ªsticos. La Comisi¨®n inicia un procedimiento de infracci¨®n y da un plazo de dos meses al Gobierno para que presente alegaciones y se defienda.
La LRAU vulnera 12 art¨ªculos del Tratado y dos directivas europeas sobre obras
Hasta la fecha una empresa privada presentaba un proyecto urbanizador a un determinado ayuntamiento. El alcalde y los ediles examinaban una propuesta que se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), a partir de ese momento hab¨ªa un plazo de 20 d¨ªas para que otras empresas concurrieran, y otro m¨¢s de cinco d¨ªas para concretar el proyecto de ejecuci¨®n de la obra. Para Bruselas, seg¨²n algunos expertos juristas consultados ayer por este peri¨®dico, este procedimiento incumplir¨ªa el principio b¨¢sico de igualdad de oportunidades y transparencia, ya que una de las empresas siempre juega con ventaja. Por eso en el escrito, la Comisi¨®n estima que, contrariamente a lo que establece la LRAU, los ayuntamientos "deber¨ªan establecer un pliego de condiciones, explicando exactamente lo que quieren hacer cada vez que quieren urbanizar una zona, y c¨®mo contrato p¨²blico de servicios, requiere una licitaci¨®n independiente". De la resoluci¨®n se desprende que los Planes de Actuaci¨®n Integral (PAI) deber¨ªan publicarse en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (y, en su caso, en el de la Uni¨®n Europea), para que cualquier empresa interesada pudiera hacer una oferta. De esta forma, el ayuntamiento tiene la "obligaci¨®n de elegir la oferta econ¨®micamente m¨¢s ventajosa, y su discrecionalidad est¨¢ limitada por una serie de criterios objetivos establecidos en las directivas", seg¨²n explica un experto, que prefiere no desvelar su identidad.
La resoluci¨®n de la Comisi¨®n Europea, que avanz¨® ayer RTVE en el informativo Aitana, se produce a ra¨ªz de la denuncia que en julio de 2004 Abusos Urban¨ªsticos No (AUN) present¨® contra la LRAU valenciana al entender que incumpl¨ªa la normativa europea sobre contratos p¨²blicos. En una carta del 21 de marzo de 2005 la Comisi¨®n Europea respalda la tesis de los denunciantes y anuncia que Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracci¨®n contra "el Reino de Espa?a", ya que la LRAU valenciana viola varias directivas comunitarias que hacen referencia a los contratos p¨²blicos. Seg¨²n el completo informe jur¨ªdico, cuya extensi¨®n es de 12 folios, la Comisi¨®n Europea concluye que Espa?a, y en concreto la Comunidad Valenciana, "ha vulnerado las obligaciones que le incumben conforme a las Directivas comunitarias sobre contratos p¨²blicos (Dir. 93/37/CEE y Dir. 92/50/CEE)". La primera de estas directivas hace referencia a los contratos p¨²blicos de obra superiores a los cinco millones de euros, y la otra para los contratos p¨²blicos de servicios. Tambi¨¦n vulnera los art¨ªculos del "43 al 55 del Tratado de la Uni¨®n Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal de Justicia". La Secretar¨ªa General de la Comisi¨®n Europea remiti¨® esta carta al Ministro espa?ol de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, en la que detalla todos los argumentos jur¨ªdicos por los cuales el ejecutivo europeo cuestiona la legislaci¨®n urban¨ªstica valenciana, y concede a Espa?a un plazo de dos meses para que responda a estas alegaciones de incompatibilidad de la LRAU con las normas europeas. La Comisi¨®n advierte de que "se reserva la posibilidad de emitir un dictamen motivado previsto en el art¨ªculo 226 del Tratado".
Para Enrique Climent, portavoz de Abusos Urban¨ªsticos el dictamen de Bruselas es muy importante para los afectados, porque en cierta medida reconoce que la LRAU "permit¨ªa todo tipo de arbitrariedades y amiguismos, e imped¨ªa la transparencia y la competencia en la adjudicaci¨®n de los contratos p¨²blicos de urbanizaci¨®n". Climent cree que ahora cualquier juzgado o tribunal de la Comunidad Valenciana "puede negarse a aplicar la LRAU, en virtud del principio de primac¨ªa del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, dado que la LRAU viola las directivas comunitarias". AUN aprovech¨® la ocasi¨®n para demandar una moratoria urban¨ªstica inmediata.
El consejero de Territorio, Rafael Blasco, encaj¨® con deportividad la advertencia de Bruselas y en un comunicado de prensa dijo que esta resoluci¨®n "avala la necesidad de la nueva Ley urban¨ªstica" que se aprobar¨¢ "en breve". El dirigente del PP record¨® que la LRAU fue aprobada por los socialistas y alarde¨® de haber incluido al S¨ªndic, los agentes sociales y los c¨®nsules en la elaboraci¨®n de la nueva propuesta, remitida ya al Defensor del Pueblo. Blasco record¨® que envi¨® a Moratinos en noviembre una misiva con los detalles de la reforma de la ley urban¨ªstica y solicitando su opini¨®n sobre la cuesti¨®n, aunque todav¨ªa no ha contestado.
Blasco remueve sus funcionarios
La pol¨¦mica sobre la LRAU ha coincidido con un importante relevo de funcionarios encargados de validar en distintos niveles de la Consejer¨ªa de Territorio los proyectos urban¨ªsticos. Desde la llegada del consejero Rafael Blasco a la cartera de Territorio y Vivienda, han saltado del organigrama el jefe del servicio de coordinaci¨®n territorial, la jefa del ¨¢rea jur¨ªdica, el jefe de servicio de impacto ambiental, la jefa de servicio de evaluaci¨®n ambiental, los jefes de servicio y de ¨¢rea de urbanismo y el director general de gesti¨®n del medio natural. En la mayor¨ªa de los casos, los altos funcionarios hab¨ªan manifestado criterios distintos a los del consejero en relaci¨®n con la validaci¨®n de determinados proyectos urban¨ªsticos. El caso m¨¢s llamativo es el del ex director general de Gesti¨®n del Medio Ambiente, Javier G¨®mez, que se neg¨® a firmar algunas declaraciones de impacto ambiental.
La situaci¨®n provoc¨® una denuncia de Acci¨® Ecologista-Agr¨® tras la renuncia de Javier G¨®mez al confirmar el rosario de ceses y dimisiones que, para la organizaci¨®n conservacionista, estaban relacionados con la existencia de presiones sobre el contenido de los informes t¨¦cnicos.
Sin embargo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia ha acordado archivar la denuncia de Acci¨® Ecologista-Agr¨® al entender que no se puede deducir la existencia de conductas tipificables como infracciones penales.
Acci¨® Ecologista-Agr¨® lament¨® ayer que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia haya archivado la denuncia sin realizar ninguna otra clase de diligencia. La organizaci¨®n ecologista justific¨® la presentaci¨®n de la denuncia en la dificultad para acceder a la informaci¨®n p¨²blica relacionada con los proyectos urban¨ªsticos en tramitaci¨®n.
Para los socialistas valencianos, los relevos de los funcionarios en el departamento que dirige Rafael Blasco tienen por objeto apartar a quienes se oponen a su pol¨ªtica de especulaci¨®n urban¨ªstica.
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