Profesionales contra el blanqueo

La Operaci¨®n Ballena Blanca, la mayor contra el blanqueo de capitales de Europa, ha puesto de manifiesto que hay profesiones clave para prevenir este delito. Auditores, abogados y otros profesionales del mundo de la empresa estar¨¢n obligados a comunicar a las autoridades los movimientos sospechosos de sus clientes a partir del viernes. Para los notarios, cambian las exigencias.

Las operaciones sospechosas comunicadas a las autoridades aumentaron el a?o pasado un 43,7% hasta las 2.296

Entre los 41 detenidos durante las primeras horas de la Operaci¨®n Ballena Blanca hab¨ªa siete abogados y tres notarios. La intrincada madeja de sociedades a trav¨¦s de las cuales se mov¨ªan millones de euros procedentes de actividades delictivas con el objeto de adquirir apariencia legal ten¨ªa de hecho uno de sus nudos principales en el despacho de abogados Del Valle de Marbella (M¨¢laga).

Al margen de los posibles delitos que hayan podido cometer los detenidos, que ser¨¢n valorados por un tribunal y no tienen nada que ver con su profesi¨®n, est¨¢ claro que los abogados y los notarios son piezas fundamentales para detectar posibles operaciones de blanqueo de dinero antes de que ¨¦stas se produzcan. Algunos de ellos tienen an¨¦cdotas que contar sobre un cliente que intent¨® pagar un piso en efectivo, un jubilado alem¨¢n de la Costa del Sol cuyo patrimonio se volvi¨® millonario de la noche a la ma?ana, o una persona sin cualificaci¨®n aparente que figura como administrador de una decena de empresas. Por sus despachos pasan operaciones millonarias, algunos de origen dudoso; se crean y administran sociedades; se compran inmuebles...

As¨ª lo entiende la ley de 1993, que acaba de ser modificada en l¨ªnea con los ¨²ltimos mandatos de la Uni¨®n Europea. A partir del pr¨®ximo viernes, cuando entra en vigor la ¨²ltima reforma de este texto, abogados y procuradores, auditores, contables y asesores fiscales, entre otros profesionales, estar¨¢n obligados a comunicar las operaciones de sus clientes que consideren sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), un ¨®rgano que preside el secretario de Estado de Econom¨ªa, David Vegara.

Las entidades financieras, compa?¨ªas aseguradora, sociedades de valores y registradores y notarios llevan a?os colaborando con este organismo, aunque estos ¨²ltimos cambian de r¨¦gimen a partir de ahora.

Si hasta la ¨²ltima reforma los notarios eran considerados sujetos colaboradores, a partir de ahora har¨¢n grupo con abogados y procuradores que tienen un r¨¦gimen especial. ?ste pretende conjugar la colaboraci¨®n con las autoridades que luchan contra un delito muy sofisticado y cambiante con el secreto profesional que les protege. Por eso, tanto los notarios -alrededor de 3.000- como abogados -ejercen unos 106.000 en Espa?a- y procuradores s¨®lo deber¨¢n informar de sus sospechas cuando asesoren determinadas transacciones (como una compraventa de inmuebles o la gesti¨®n de empresas) o cuando act¨²en en nombre de un cliente, algo muy habitual en cualquier despacho especializado en derecho mercantil. Tendr¨¢n que identificar a sus clientes y la naturaleza de la operaci¨®n, rellenar¨¢n el modelo correspondiente y lo enviar¨¢n al Sepblac. Por ahora s¨®lo se puede hacer por correo ordinario o por fax, pero en el futuro tambi¨¦n se podr¨¢ hacer de forma telem¨¢tica.

Adem¨¢s deber¨¢n hacer informes peri¨®dicos, establecer un sistema interno para valorar qu¨¦ operaciones pueden esconder dinero negro y conservar los documentos relativos a las que parezcan oscuras durante un periodo de seis a?os.

Fuentes de los colegios notariales y de abogados y de las asociaciones de auditores aseguran que no hay malestar en sus colectivos por estas obligaciones y que no prev¨¦n una avalancha de nuevas notificaciones. S¨ª reconocen cierta preocupaci¨®n, la l¨®gica ante cualquier cambio legislativo, y algo m¨¢s de trabajo, aunque muchos despachos profesionales tienen estrictas normas de admisi¨®n de clientes.

Secreto profesional

A pesar de ello, algunos abogados est¨¢n molestos y critican la falta de claridad de la ley, que "no define d¨®nde empieza y acaba el secreto profesional", lo que puede generar confusi¨®n, resume Santiago Milans del Bosch, responsable de estos asuntos en el despacho Cuatrecasas. La violaci¨®n del secreto profesional es un delito.

El presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Carlos Carnicer, considera, sin embargo, que "la norma no afecta en absoluto al ejercicio profesional" ni pone en peligro el secreto profesional, y asegura que el ¨®rgano que gobierna a los abogados no ha recibido ninguna queja por la nueva obligaci¨®n.

Hay otras razones para la confusi¨®n, aseguran algunas fuentes, que no s¨®lo afectan a estos colectivos, sino a todos los que aparecen en la ley (desde bancos a loteros, inmobiliarias y casinos). La nueva norma ampl¨ªa los supuestos que deben ser puestos en conocimiento de las autoridades. Si antes s¨®lo era obligatorio denunciar cuando se intuyera que el dinero proven¨ªa del narcotr¨¢fico, el terrorismo, la prostituci¨®n o actividades mafiosas, ahora los profesionales deben hacerlo cuando recelen de que el origen del dinero sea un delito castigado por la ley con al menos tres a?os de c¨¢rcel.

Esto complica a¨²n m¨¢s el trabajo, dicen algunos de los consultados, pues deben valorar caso por caso y determinar si se trata de una operaci¨®n susceptible de encubrir un proceso de blanqueo de dinero. "Deber¨ªamos estar a criterios objetivos y esto es cualitativo", resume Fernando P. M¨¦ndez, decano de los registradores, que colaboran con el Sepblac desde hace a?os.

Por todo ello, ninguno de los colectivos afectados prev¨¦ una avalancha de notificaciones y todos se muestran dispuestos a colaborar con las autoridades. Parece claro que el Sepblac, formado por 75 expertos del Banco de Espa?a, la Guardia Civil, la Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria, tendr¨¢ m¨¢s trabajo a partir de ahora. ?ste ha crecido de forma paulatina en los ¨²ltimos a?os. Los informes peri¨®dicos que deben enviar las distintas entidades obligadas han pasado de 294.508 en 2003 a 334.452 el a?o pasado, lo que suponen un incremento del 13,6%. Las operaciones sospechosas comunicadas crecen mucho m¨¢s, un 43,7%, aunque su n¨²mero es mucho m¨¢s reducido: 2.296 el a?o pasado.

Lo que pretende la ley, cuyo incumplimiento supone una fracci¨®n administrativa, es hacer m¨¢s dif¨ªciles los procesos de lavado de dinero antes de que se cometa el delito. Conscientes de que ¨¦ste es cada vez m¨¢s complejo y de que el dinero sucio se mueve a escala planetaria, parece decir, cuantos m¨¢s profesionales est¨¦n alerta, mejor.