Discriminados por omisi¨®n

El proceso extraordinario de regularizaci¨®n de trabajadores extranjeros est¨¢ resultando un importante fiasco si lo que se pretend¨ªa con ¨¦l era que todos aquellos extranjeros sin permiso de residencia que antes del 8 de agosto de 2004 viv¨ªan entre nosotros pudieran aflorar y salir del olvido al que las circunstancias y la actitud de los poderes p¨²blicos les hab¨ªan sometido.

Faltan 20 d¨ªas para que se cierre este proceso y parece que las solicitudes presentadas, que no hay que confundir con las resueltas favorablemente, no van a permitir que se regularice, siendo optimista, ni tan s¨®lo a la mitad de la poblaci¨®n que se calcula que est¨¢ en situaci¨®n irregular. Siendo realista, probablemente este proceso no alcanzar¨¢ ni a una tercera parte de esta poblaci¨®n. Decenas de miles de personas en Catalu?a, centenares de miles en todo el Estado, seguir¨¢n condenadas a no salir de una situaci¨®n de irregularidad administrativa desde la cual deber¨¢n seguir construy¨¦ndose un presente para sobrevivir e imaginar un futuro en dignidad. No es de recibo que un proceso de regularizaci¨®n -por m¨¢s extraordinario que sea- no d¨¦ la m¨¢s m¨ªnima posibilidad de entrar en el mismo a una mayor¨ªa de las personas que objetivamente son su "p¨²blico diana". En este aspecto podemos definir el proceso como ineficaz.

La regularizaci¨®n extraordinaria de trabajadores extranjeros est¨¢ resultando un fiasco

La percepci¨®n de que se navegaba hacia la deriva era tal que el propio Gobierno -a pesar de sus esforzadas lecturas seg¨²n las cuales este proceso era todo un ¨¦xito- se decidi¨® hace unos d¨ªas a buscar f¨®rmulas que intentaran sortear las lecturas m¨¢s restrictivas del Reglamento de Extranjer¨ªa con el objetivo de incrementar el n¨²mero de solicitudes de regularizaci¨®n presentadas. El resultado de tanto esfuerzo gubernamental es a¨²n m¨¢s contradictorio. Por un lado, se dice que se crea la figura de los empadronados por omisi¨®n, es decir, se va a permitir que todos aquellos que a pesar de residir en este pa¨ªs antes del 8 de agosto de 2004 no se hubieran empadronado puedan encontrar v¨ªas alternativas a la exigencia del padr¨®n municipal para solicitar su regularizaci¨®n. Por otro lado, y en coherencia con este punto, se enumeran una serie de documentos alternativos -supuestamente- al de empadronamiento. El problema reside en que, como m¨ªnimo en Catalu?a, la mayor¨ªa de esos documentos requeridos s¨®lo pueden existir si previamente uno ha estado inscrito en el padr¨®n. Pienso, entre otros, en la tarjeta sanitaria, en el documento de alta laboral o en el certificado de percepci¨®n de servicios sociales. Todos ellos s¨®lo se pueden tener en Catalu?a si hay un empadronamiento previo.

La nueva puerta que se dice abrir desde la comisi¨®n de empadronamiento para salvar algunos problemas detectados en el proceso de regularizaci¨®n no es m¨¢s que la exigencia de una informaci¨®n documental redundante a la que ya disponen la mayor¨ªa de personas que buscan su regularizaci¨®n. S¨®lo en muy pocos casos las nuevas exigencias van a permitir sortear uno de los problemas reconocidos como tal en este proceso.

Y es que lo que probablemente hay que volver a denunciar es que el principal problema para una regularizaci¨®n real, es decir, aquella que deje fuera al m¨ªnimo n¨²mero de personas de las que estando en situaci¨®n irregular viven entre nosotros desde antes del 8 de agosto de 2004, no es otro que la exigencia de que la solicitud sea presentada por los empresarios. ?stos no parecen tener la m¨¢s m¨ªnima intenci¨®n de reducir las dimensiones de la econom¨ªa sumergida. Hasta hace poco, las principales patronales, como m¨ªnimo en Catalu?a, ped¨ªan que los empresarios pudieran regularizar a los trabajadores extranjeros que contrataban irregularmente, evadiendo obligaciones fiscales y derechos sociales, sin ser objeto de sanci¨®n. Una demanda que era razonable y digna de elogio.

Ahora, sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, esas demandas se las ha llevado el viento. No es cre¨ªble que en Catalu?a la poblaci¨®n laboral en la econom¨ªa sumergida no supere las 60.000 personas, cuando hace pocas semanas el propio Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) -rebajando s¨®lo muy ligeramente los datos aportados en el Anuario 2004 sobre Inmigraci¨®n, de la Fundaci¨® Jaume Bofill, hace ahora un a?o- reconoc¨ªa que la poblaci¨®n irregular extranjera en Catalu?a se pod¨ªa situar, el 1 de enero de 2004, alrededor de las 280.000 personas.

La falta de empadronamiento puede ser un problema -menor en Catalu?a que en otras comunidades-, pero no es el problema principal que explica la poca afluencia que se da en los registros para obtener la regularizaci¨®n. Hay otros requisitos previstos en el Reglamento de Extranjer¨ªa mucho m¨¢s determinantes a la hora de entender la poca demanda aflorada hasta hoy. El hecho de que esta demanda est¨¦ casi exclusivamente en manos de los empresarios es determinante para entender lo que ocurre. Es evidente que no todos los empresarios prefieren optimizar beneficios a cuesta de la dignidad de sus trabajadores. Pero no menos evidente es que hay -y, a tenor de los datos, parecen ser mayor¨ªa- quienes piensan lo contrario.

El pr¨®ximo 8 de mayo, el d¨ªa despu¨¦s de que el proceso para solicitar la regularizaci¨®n haya finalizado, tendremos sobre la mesa el mismo problema que ten¨ªamos cuando se abri¨®, a inicios de febrero: decenas de miles de personas condenadas al olvido y a la humillaci¨®n, a las que se negar¨¢n los derechos de los cuales decimos sentirnos tan orgullosos ante el resto del mundo. Con este escenario no es posible construir ninguna sociedad cohesionada.

Jordi S¨¢nchez es profesor de Ciencia Pol¨ªtica.