A la Corte, a rega?adientes

Por una parte, Bush ha designado como embajador ante la ONU a John Bolton, ariete durante a?os desde su Administraci¨®n de la Organizaci¨®n, cuando ¨¦sta afronta un crucial debate sobre su reforma y al que no es seguro que el Senado finalmente le d¨¦ el visto bueno. Por otra, tras dos meses de tira y afloja en el Consejo de Seguridad, EE UU permiti¨® que los cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en Darfur (Sud¨¢n) sean instruidos por la Corte Penal Internacional (CPI), que EE UU ha rechazado y que ha frenado en todo lo que ha podido el propio Bolton, que la calific¨® de "pretendido tribunal". Puede parecer contradictorio, o, por el contrario, ser un intento por parte de Washington de acomodarse a la realidad. Pues la Corte Penal no es una pretensi¨®n, sino una realidad del nuevo derecho internacional, de la que ya son parte 98 Estados.

En la votaci¨®n del Consejo de Seguridad de la Resoluci¨®n 1.593, el pasado 31 de marzo, EE UU se abstuvo, junto a Argelia, Brasil y China, pero 11 Estados votaron a favor. Estados Unidos obtuvo algunas garant¨ªas, pero no todas las que pretend¨ªa, de que sus soldados o personal que participe en la misi¨®n internacional en Darfur de la Uni¨®n Africana no podr¨¢ ser llevado ante la Corte. EE UU (Administraci¨®n y Congreso) fue el primer pa¨ªs -bastante antes que Europa- que calific¨® de "genocidio" lo ocurrido en Darfur, donde, seg¨²n Naciones Unidas, han muerto varias decenas de miles de personas, otras han sido torturadas, mujeres violadas y m¨¢s de dos millones han tenido que huir de sus hogares en los ¨²ltimos dos a?os. Los intentos americanos de montar un tribunal africano para juzgar estos cr¨ªmenes fracasaron, y finalmente se impuso la tesis del sector m¨¢s pragm¨¢tico del Departamento de Estado.

Pese a las concesiones que obtuvo EE UU, es un paso importante para la CPI y para un presidente que desfirm¨® el Estatuto de la Corte que Clinton hab¨ªa firmado en el ¨²ltimo momento posible antes de salir de la Casa Blanca. EE UU se ve ahora obligado a colaborar con el tribunal que rechaz¨®, aportando la informaci¨®n que ha ido recopilando antes de lanzar su acusaci¨®n de genocidio. Pero el paso norteamericano plantea ahora tambi¨¦n un reto importante a la Corte: saber actuar. La fiscal¨ªa, dirigida por Luis Moreno Ocampo, ya estaba investigando los casos de Congo y la guerra de Sud¨¢n (sin Darfur), casos complejos, y suma este nuevo. Tiene que demostrar que est¨¢ a la altura. Ya est¨¢ en sus manos una primera lista de 51 sospechosos, pues la Corte instruye, acusa y eventualmente juzga a individuos, no a colectivos. Como era de esperar, el Gobierno sudan¨¦s ha rechazado lo que interpreta como una violaci¨®n de su soberan¨ªa nacional, pero se ha dado un paso hacia el "fin de la cultura de la impunidad", como lo ha calificado Kofi Annan.

Lo ocurrido refleja c¨®mo Estados Unidos, a pesar de su poder¨ªo, se va topando con la CPI, cuyo nacimiento intent¨® asfixiar. Seg¨²n fuentes militares citadas por la agencia UPI, Washington ahora se percata que la Corte y su Estatuto, en vigor desde julio de 2002, le impiden intervenir m¨¢s en Am¨¦rica Latina, por ejemplo, contra Ch¨¢vez, pues Venezuela es parte de este Estatuto y se ha negado a firmar acuerdos de exenci¨®n de la CPI con Estados Unidos. Washington aprob¨® la ASPA, la ley de protecci¨®n de miembros de sus Fuerzas Armadas frente a este tribunal CPI. Pero consider¨® necesarios acuerdos suplementarios bilaterales, y quien no los firmara -22 en la actualidad, exceptuando los europeos- entraba en una lista negra. Seg¨²n esas fuentes, antes del ASPA, unos 700 oficiales latinoamericanos se formaban en escuelas militares de Estados Unidos. Ahora, muchos menos, con lo que mandos militares norteamericanos consideran que se ha perdido "el acceso a toda una generaci¨®n" de oficiales latinoamericanos. Que la Corte Penal Internacional frenar¨ªa la influencia de Estados Unidos en Am¨¦rica Latina no estaba previsto en el gui¨®n.

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