Regularizaci¨®n
La decisi¨®n del Gobierno, avalada por empresarios y sindicatos, de permitir la inscripci¨®n con car¨¢cter retroactivo en el padr¨®n municipal de aquellos inmigrantes que, residiendo en Espa?a antes del 8 de agosto de 2004, no cumplimentaron ese tr¨¢mite, no rompe las reglas del actual proceso de regularizaci¨®n, como pretende hacer creer el PP, sino que facilita su cumplimiento. Ser¨ªa injusto que personas que cumplen los requisitos b¨¢sicos para regularizarse -residir en Espa?a antes de la citada fecha y estar vinculadas al mercado laboral- fueran privadas de ese derecho por cuestiones burocr¨¢ticas, como no haber obtenido en su momento un determinado documento.
Cabe, en todo caso, reprochar al Gobierno la carencia de reflejos para prever y solventar antes de abrir el proceso de regularizaci¨®n un problema harto conocido: que un indeterminado n¨²mero de inmigrantes ha rehuido empadronarse, corriendo el riesgo de perder el derecho a la asistencia sanitaria, desde que el anterior Gobierno autoriz¨® a la polic¨ªa el acceso a los datos del padr¨®n municipal.
Subsanar esta imprevisi¨®n a falta de apenas tres semanas para concluir el proceso de regularizaci¨®n no deja de plantear problemas, no s¨®lo de tiempo, escaso diga lo que diga el ministro Caldera, sino de car¨¢cter administrativo. A los ayuntamientos se les fuerza a actuar a marchas forzadas en un asunto que debi¨® abordarse con mayor sosiego en su momento y que supone una sobrecarga de trabajo.
En todo caso, las iniciales dudas jur¨ªdicas sobre la f¨®rmula de "empadronamiento retroactivo o por omisi¨®n" han desaparecido. No es un invento del Gobierno, sino una figura administrativa vigente desde 1997, que permite a los ayuntamientos inscribir en el padr¨®n, de oficio o a solicitud del afectado, a aquellas personas no inscritas y que viven habitualmente en el municipio. Los ayuntamientos tambi¨¦n saben a qu¨¦ atenerse sobre los documentos p¨²blicos que acrediten la estancia en Espa?a antes de agosto de 2004 del inmigrante que solicite su "empadronamiento por omisi¨®n".
Los siete documentos validados por la Comisi¨®n de Empadronamiento del INE recogen sin duda las situaciones de hecho m¨¢s usuales y dotan de firmeza jur¨ªdica a la actuaci¨®n de los ayuntamientos. Sobre ¨¦stos recae ahora la responsabilidad de agilizar al m¨¢ximo los tr¨¢mites, aunque el hecho de que la solicitud de inscripci¨®n en el padr¨®n baste para pedir la regularizaci¨®n palie en buena parte los problemas de tiempo.
Es de esperar que estas complicaciones sobrevenidas no frusten el objetivo final de la regularizaci¨®n en marcha: hacer aflorar el mapa de la inmigraci¨®n irregular y la econom¨ªa sumergida en Espa?a. Un objetivo que deb¨ªa ser compartido por todos, incluso por el Partido Popular, cuyo desaforado partidismo en esta cuesti¨®n refuerza todav¨ªa m¨¢s la necesidad de un acuerdo general de los dos grandes partidos de ¨¢mbito nacional sobre la inmigraci¨®n. En la l¨ªnea del alcanzado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre el proceso de regularizaci¨®n en marcha y la mejor forma de llevarlo a cabo.
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