Reformas a punto

El Congreso dio luz verde ayer a dos de las m¨¢s importantes reformas en materia de derechos civiles comprometidas por los socialistas en su programa electoral. La de la hist¨®rica Ley del Divorcio de 1981 pretende reducir los actuales tr¨¢mites procesales -la supresi¨®n de la separaci¨®n previa, principalmente- y de paso los costes, dando un mayor papel a la libre voluntad de los c¨®nyuges, que podr¨¢n compartir la guarda y custodia de sus hijos. Y la del matrimonio, abriendo esta instituci¨®n regulada en el C¨®digo Civil a las parejas de orientaci¨®n homosexual en igualdad de derechos y deberes con las heterosexuales.

Ambas reformas todav¨ªa deber¨¢n pasar por el Senado, donde pueden encontrar dificultades pasajeras, pero no habr¨¢ obst¨¢culos para su aprobaci¨®n definitiva a su vuelta al Congreso. La m¨¢s controvertida es el reconocimiento del matrimonio homosexual, pero no m¨¢s que lo fue en su d¨ªa el divorcio, hoy perfectamente asumido por la sociedad. Quiz¨¢ sea ¨¦sta la causa por la que el PP ha optado por abstenerse ante la actual reforma del divorcio en la votaci¨®n del Congreso.

El matrimonio homosexual, aprobado por una mayor¨ªa de 183 diputados, ha tenido en cambio los votos en contra del PP y de los tres diputados democristianos de CiU. Puede plantearse si el Gobierno y la amplia mayor¨ªa parlamentaria favorable han ido demasiado deprisa y si hubiera sido conveniente un mayor debate sobre la cuesti¨®n. Pero la sociedad espa?ola ya tiene, como se?alan las encuestas, una opini¨®n fundada mayoritariamente favorable a la cuesti¨®n. El derecho al matrimonio tambi¨¦n ha sido la reivindicaci¨®n m¨¢s importante y publicitada de los colectivos de homosexuales en los ¨²ltimos a?os.

Los sectores opuestos a esta reivindicaci¨®n aducen m¨¢s bien sus creencias religiosas y opciones morales que razones estrictamente jur¨ªdicas. La Iglesia cat¨®lica, flanqueada por las confesiones protestante, jud¨ªa y ortodoxa, rechazan de plano el matrimonio homosexual. Pero se refieren al matrimonio religioso y no al civil, tutelado y regulado por el Estado, que, como toda instituci¨®n jur¨ªdico-social, puede y debe evolucionar seg¨²n se ampl¨ªa el ¨¢mbito de derechos ciudadanos. Suena a broma que el PP, opuesto a aprobar una ley estatal sobre parejas de hecho durante sus ocho a?os de gobierno, reivindique ahora esta regulaci¨®n de segundo orden, prevista para otros supuestos, como la m¨¢s adecuada para dar justa respuesta a la equiparaci¨®n legal reclamada por las parejas homosexuales.