El Estado garantizar¨¢ la seguridad si la Ertzaintza decide hacer huelga
El Gobierno vasco recurre la petici¨®n judicial de informaci¨®n sobre el paro policial
La Delegaci¨®n del Gobierno en Euskadi ha indicado a la juez de lo Contencioso Administrativo que analiza el derecho de huelga de los ertzainas que, si un paro en la Ertzaintza compromete "gravemente" la seguridad y con ello el "inter¨¦s general del Estado", intervendr¨ªan las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Administraci¨®n central recuerda a la juez que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Ertzaintza. Mientras la Delegaci¨®n del Gobierno y la consejer¨ªa de Trabajo han remitido los datos considerados "¨²tiles" por la juez para analizar la incidencia de una huelga en la polic¨ªa vasca, Interior ha recurrido la orden judicial para evitar enviarlos, argumentando su irrelevancia.
Lo que comenz¨® en un juzgado bilba¨ªno como una discusi¨®n judicial sobre el derecho de los polic¨ªas vascos a ir a la huelga -reconocido constitucionalmente, pero expresamente prohibido a los polic¨ªas por la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986- ha terminado con una solicitud de datos policiales muy precisos por parte de la juez a la Delegaci¨®n del Gobierno y a las consejer¨ªas de Trabajo e Interior. Mientras Interior ha recurrido el auto para evitar contestar, la Delegaci¨®n ha advertido que, seg¨²n el Estatuto de Gernika, las FSE pueden intervenir en Euskadi si peligra gravemente el inter¨¦s general del Estado. Y se han comprometido a remitir los datos, si la juez lo cree necesario.
La causa parte de la solicitud de una doble jornada de huelga realizada por el sindicato Erne ante Interior y Empleo para los d¨ªas 13 y 30 de junio de 2004 por la falta de convenio en la Ertzaintza. Empleo no prohibi¨® expresamente la convocatoria, sino que se escud¨® en que carec¨ªa de "competencias para establecer servicios esenciales a la comunidad". Erne recurri¨® en julio pasado la resoluci¨®n invocando la protecci¨®n de derechos fundamentales y la titular del Juzgado n¨²mero 1 de lo Contencioso de Bilbao, Mirian Bris Garc¨ªa, admiti¨® a tr¨¢mite el recurso en noviembre.
El giro en esta causa lo ha dado el abogado del sindicato policial, Ernesto Mart¨ªnez de la Hidalga, al remitir en marzo una bater¨ªa de preguntas en la que se ped¨ªa a Interior datos muy precisos sobre los agentes que estaban disponibles para trabajar los dos d¨ªas de la convocatoria de paro en cada unidad y por turnos de trabajo. Cu¨¢ntos de ellos desarrollaron su trabajo en la calle y cu¨¢ntos en las oficinas.
'Ertzainas' en la calle
El letrado solicit¨® tambi¨¦n el n¨²mero de ertzainas que "ordinariamente desarrollan su trabajo en la calle y en dependencias policiales, as¨ª como cu¨¢l ser¨ªa el n¨²mero ¨®ptimo para que el mismo se pudiera realizar con las debidas garant¨ªas de seguridad y operatividad". La sexta pregunta dirigida a Interior inquir¨ªa por la posibilidad que tiene el Gobierno vasco para "recabar ayuda de otros cuerpos de seguridad en caso de ser necesario", en alusi¨®n a los polic¨ªas, guardias civiles y agentes municipales vascos.
A la Delegaci¨®n del Gobierno le pidi¨® que indicara el n¨²mero de miembros de las FSE y polic¨ªa local que operaban en junio de 2004 en Euskadi, el porcentaje de polic¨ªa por habitante en el Estado, sin incluir el Pa¨ªs Vasco, y el existente en la comunidad aut¨®noma, incluidos los efectivos de la Ertzaintza. Finalmente, se preguntaba por la posibilidad que la consejer¨ªa de Interior tiene para "solicitar la ayuda de otros cuerpos para desarrollar las labores de seguridad que tiene encomendadas" el Gobierno vasco.
La juez, en un auto de 11 de marzo, admiti¨® todas las pruebas al considerarlas "pertinentes" y ¨²tiles para "contribuir, razonablemente, al esclarecimiento de los hechos controvertidos"; es decir, el derecho a la huelga de los ertzainas y su incidencia en la seguridad. Y especificaba la obligaci¨®n de remitir los datos, expedir las certificaciones y testimonios solicitados, "salvo los supuestos de secreto oficial", en cuyo caso deber¨ªa dirigirse al tribunal exposici¨®n razonada de la negativa.
Interior ha preferido recurrir el auto, presumiblemente para ganar tiempo, dado que en el recurso no se acoge a ninguno de los supuestos de secretos oficiales y simplemente considera "irrelevante [los datos pedidos] en un asunto como el presente que es estrictamente jur¨ªdico", centrado en la limitaci¨®n del derecho de huelga a los polic¨ªas y su incidencia en el derecho de libertad sindical. No hay que acreditar hechos, sino "interpretar la norma aplicable", sostiene Interior.
Sin evaluar la incidencia
Trabajo remiti¨® el 6 de abril un informe en el que, entre otras cosas, el director de Trabajo, Adolfo Gonz¨¢lez Berruete, reconoce que no "ha realizado evaluaci¨®n alguna sobre la incidencia de la solicitud de huelga sobre el colectivo de la Ertzaintza por no ser su competencia". Dos d¨ªas m¨¢s tarde, la Delegaci¨®n del Gobierno contest¨® que el Estatuto en su art¨ªculo 17 prev¨¦ los casos en los que las FSE podr¨¢n intervenir en el mantenimiento del orden p¨²blico: a requerimiento del Gobierno vasco y, por "propia iniciativa, cuando estimen que el inter¨¦s general del Estado est¨¦ gravemente comprometido, siendo necesario la aprobaci¨®n de la Junta de Seguridad". Y precisa a¨²n m¨¢s: "En el asunto planteado, como consecuencia de una huelga, la posible intervenci¨®n de las FSE s¨®lo proceder¨¢ a requerimiento del Gobierno vasco o bien por propia iniciativa, si el inter¨¦s general del Estado estuviese gravemente comprometido".
El 'precedente' del 14 de septiembre
La juez que instruye el recurso de Erne -iniciativa que buscaba una respuesta judicial ante la imposibilidad de que los polic¨ªas puedan ejercitar un derecho como el de huelga- ha demostrado al admitir las pruebas documentales solicitadas por la central que piensa llevar el caso hasta el final. Por el momento, la Delegaci¨®n del Gobierno ha dejado claro hasta d¨®nde puede llegar -mandar a la Polic¨ªa y a la Guardia Civil- si una huelga pone en grave riesgo la seguridad ciudadana. Una competencia, por cierto, exclusiva de la Ertzaintza y perfectamente aclarada en los acuerdos de delimitaci¨®n de funciones pactados entre los gobiernos central y vasco en 1995. La Delegaci¨®n ha mostrado su disposici¨®n a remitir al juzgado los datos pedidos por Erne si fuera necesario.
El Gobierno central, que desconoc¨ªa esta causa hasta que le lleg¨® la certificaci¨®n directamente del juzgado, se puso en contacto con Interior para pedir explicaciones. Por el momento, la juez no tiene ni los datos solicitados a Interior, ni los pedidos a la Delegaci¨®n del Gobierno, pero es m¨¢s que probable que la estad¨ªstica acabe en sus manos tras una petici¨®n posterior.
Tras m¨¢s de 20 a?os de historia de Ertzaintza y, sobre todo, con la sinton¨ªa actual entre los responsables de Interior espa?ol y vasco, ser¨ªa impensable un despliegue al por mayor de las FSE en Euskadi para asegurar la protecci¨®n de bienes y personas. La ¨²ltima vez que la rumorolog¨ªa camp¨® a sus anchas en relaci¨®n con el fantasma del env¨ªo de las FSE fue en relaci¨®n con la manifestaci¨®n convocada por Batasuna, entonces suspendida por un auto del juez Baltasar Garz¨®n, el 14 de septiembre de 2002. Balza eludi¨® prohibir la marcha que Garz¨®n consider¨® il¨ªcita. El juez avis¨® al Ejecutivo vasco de que la marcha era ilegal. Y hubo quien avent¨® que se estuvo a punto de mandar a las FSE para impedir la marcha. Finalmente, la polic¨ªa vasca carg¨® primero y pact¨® despu¨¦s el final con los l¨ªderes de HB.
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