Pestazo a le¨®n

Las cartas cruzadas anteayer entre el presidente del Gobierno y el l¨ªder del principal grupo parlamentario de la oposici¨®n asocian la convocatoria del comit¨¦ de seguimiento del Pacto Antiterrorista -firmado en diciembre del a?o 2000 por el PP y el PSOE a iniciativa de los socialistas- con la eventual ilegalizaci¨®n del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), que obtuvo nueve esca?os en las elecciones al Parlamento de Vitoria del 17-A gracias al patrocinio de Batasuna, el brazo pol¨ªtico de ETA ilegalizado por el Supremo hace dos a?os. Tras solicitar hasta seis veces la reuni¨®n del ¨®rgano de coordinaci¨®n del Pacto Antiterrorista, Rajoy condiciona ahora caprichosamente cualquier posible encuentro a la previa interposici¨®n por el Gobierno de una demanda de ilegalizaci¨®n contra EHAK en tanto que sucursal de Batasuna; el presidente Zapatero considera, sin embargo, que no se dan -al menos todav¨ªa- los requisitos exigidos por la Ley de Partidos de 2002 y por la jurisprudencia del Constitucional para dar ese paso. El descort¨¦s ultim¨¢tum de Rajoy no s¨®lo incumple las reglas de negociaci¨®n entre actores racionales (ning¨²n jugador exige ser declarado vencedor de la partida antes de sentarse a la mesa), sino que adem¨¢s atenta contra el Pacto Antiterrorista, que compromete a populares y socialistas a "eliminar del ¨¢mbito de la leg¨ªtima confrontaci¨®n pol¨ªtica o electoral" la lucha contra el terrorismo y a solventar sus diferencias en el marco de la comisi¨®n de seguimiento.

Hay motivos para suponer que el destemplado gesto de Rajoy no est¨¢ motivado s¨®lo por la convicci¨®n de que EHAK es una tapadera de Batasuna y debe -por lo tanto- ser ilegalizado. La formidable escandalera organizada por el PP a cuenta de la no interposici¨®n de la demanda pretende seguramente ocultar su notable retroceso -un tercio de los votantes- en las elecciones vascas y eludir las responsabilidades pasadas del presidente Aznar y de su ministro Acebes, que abrieron en septiembre de 2002 de par en par las puertas del Registro de Partidos Pol¨ªticos a EHAK y no pidieron en marzo de 2003 la extensi¨®n -en tr¨¢mite de ejecuci¨®n de sentencia- a esas siglas de los efectos de la ilegalizaci¨®n de Batasuna dictada entonces por el Supremo. El principal objetivo de la campa?a del PP contra el Ejecutivo socialista es hacer creer a la opini¨®n que sus remilgos a la hora de pedir la disoluci¨®n de EHAK se deben a un oscuro contubernio de los socialistas con Batasuna e incluso con ETA. Tal vez la expectativa de que el Gobierno de Zapatero pudiera ganar espacio electoral si lograse la pacificaci¨®n del Pa¨ªs Vasco lleve a los populares a poner deslealmente todos los palos imaginables en las ruedas de su estrategia antiterrorista.

Sin duda, hay argumentos para sospechar que EHAK gira en la ¨®rbita de Batasuna: el aire de familia con el nacionalismo radical de sus mensajes y consignas recuerda la historieta chistosa del pestazo a le¨®n que alerta a un cazador novato antes de atisbar su melena. Ser¨ªa temerario descartar la hip¨®tesis de que Batasuna controla esa plataforma pol¨ªtica; la analog¨ªa establecida por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa ("El principal y el agente", EL PA?S, 25-4-2005) entre la relaci¨®n de dependencia pol¨ªtica de EHAK con el brazo pol¨ªtico de ETA y los nexos mercantiles de las sociedades fantasmas de los para¨ªsos fiscales con las mafias resulta a esos efectos muy sugerente.

EHAK no es una agrupaci¨®n de electores -como Aukera Guztiak-, sino un partido en toda regla: el procedimiento para levantar el velo del fraude de ley y del abuso de personalidad jur¨ªdica es diferente en ambos casos. La Ley de Partidos permite disolver a una formaci¨®n pol¨ªtica cuando sus actividades vulneran los principios democr¨¢ticos y apoyan, legitiman o exculpan al terrorismo. Pero esas conductas deber¨¢n ser realizadas "de forma reiterada y grave"; la Ley de Partidos fue promulgada el 27 de junio de 2002, pero la demanda contra Batasuna no fue presentada por el Gobierno de Aznar hasta dos meses despu¨¦s porque necesitaba tiempo para reunir los indicios de esos comportamientos acumulativos y repetitivos. Cuando los cargos y las pruebas tengan solidez, el Gobierno de Zapatero tambi¨¦n deber¨ªa l¨®gicamente presentar una demanda de ilegalizaci¨®n de EHAK; de a?adidura, el art¨ªculo 11 de la Ley de Partidos faculta al Congreso o al Senado para exig¨ªrselo.