Cien mil razones m¨¢s para trabajar por el futuro

El d¨ªa 7 de mayo ha culminado una de las promesas de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero: regularizar lo irregular, reconocer los derechos de quien tiene derecho.

Ha sido un proceso extraordinario de normalizaci¨®n de personas inmigrantes en el que han participado casi 600.000 personas en toda Espa?a. Por cantidad, pero tambi¨¦n por calidad, supone el programa de pol¨ªtica social de creaci¨®n de oportunidades m¨¢s amplio de los ¨²ltimos quince a?os. Para encontrar un proyecto de repercusi¨®n y extensi¨®n parecidas hay que remontarse al a?o 1992, con la aprobaci¨®n del sistema de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, proyecto que fue obra tambi¨¦n (y no es casualidad) de un gobierno socialista.

El proceso de normalizaci¨®n que se acaba de efectuar no ha sido, en ning¨²n caso, uno m¨¢s ni tiene parang¨®n posible con lo realizado por el Partido Popular en su etapa de gobierno. Las diferencias son abismales y ser¨¢ bueno destacarlas. Sobre todo, porque la normalizaci¨®n no se ha limitado a autorizar la estancia en Espa?a de las personas inmigrantes que dejan de estar en una situaci¨®n irregular. En este proceso hay un elemento m¨¢s: un empleo real y efectivo, una ocupaci¨®n, lo cual conlleva a un itinerario de integraci¨®n en la sociedad espa?ola con altas probabilidades de ¨¦xito. El elemento diferencial entre este proceso y los anteriores es, pues, una sensibilidad distinta en la percepci¨®n de las necesidades que se derivan de la interculturalidad.

Los socialistas creemos que las personas que vienen a convivir entre nosotros no s¨®lo necesitan un estatuto de legalidad, sino sobre todo un estatuto de ciudadan¨ªa conformado por un conjunto de derechos y deberes entre los cuales ocupa el empleo un lugar de cabecera.

Frente a quienes auguraban una afluencia masiva de inmigrantes, hoy sabemos que no ha existido ning¨²n efecto llamada y ninguna adulteraci¨®n de la filosof¨ªa del proceso. Durante estos tres meses se ha asumido con absoluta normalidad un espacio de encuentro en el que convergen los intereses de la sociedad espa?ola, el de los colectivos de inmigrantes y el del tejido empresarial.

En este proceso la Administraci¨®n del Estado ha aportado medios suficientes sin estrecheces y carencias.

La Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana y las entidades gestoras de la Seguridad Social han desempe?ado un papel ejemplar: un total de 25 oficinas han evitado las colas y tensiones de procesos anteriores y han acercado los centros de gesti¨®n a todos los rincones de nuestro territorio. Por vez primera la sociedad valenciana ha visualizado que la materia de extranjer¨ªa puede gestionarse desde la normalidad administrativa, y supone, sin duda, el germen de la futura organizaci¨®n para el ejercicio de estas competencias p¨²blicas.

El gran borr¨®n del proceso hay que imputarlo, sin duda, a una oposici¨®n pol¨ªtica que ha dejado patente su falta de miras y la baja altura de su concepci¨®n pol¨ªtica. Escandalizarse frente a un proceso de normalizaci¨®n, cuando los gobiernos populares intentaron cinco procesos de regularizaci¨®n, es un ejemplo sin precedentes de hipocres¨ªa pol¨ªtica.

Para valorar la normalizaci¨®n que se acaba de realizar, bastan unos pocos elementos comparativos: es la primera vez que se lleva un proceso similar abriendo 25 oficinas en la Comunidad Valenciana, cuando en otros procesos se aperturaban s¨®lo tres (una por provincia, con la consiguiente creaci¨®n de colas, tensiones y alarma social); es, igualmente, la primera vez que el proceso descansa en un documento p¨²blico fehaciente, como es el padr¨®n, frente a procesos anteriores en los que se utilizaron documentos puramente privados como las recetas de farmacia o los billetes de transporte; es, en fin, la primera vez en la cual la autorizaci¨®n se vincula a que se produzca el alta efectiva del trabajador en el sistema de Seguridad Social, evit¨¢ndose ofertas de empleo ficticias u odiosos tr¨¢ficos ilegales de mano de obra.

Un dato avala el ¨¦xito de este proceso: en la Comunidad Valenciana se han registrado casi 100.000 solicitudes, duplicando las mejores cifras que se obtuvieron en procesos anteriores. Quienes, desde la oposici¨®n, tachan de insuficientes estos n¨²meros, olvidan que las regularizaciones del PP se quedaron en la mitad y, sobre todo, olvidan que antes de que se iniciase el proceso se rasgaban las vestiduras augurando una masiva afluencia de inmigrantes.

Cien mil solicitudes de normalizaci¨®n son cien mil familias que gozan de una oportunidad de integraci¨®n. Son cien mil oportunidades creadas por otras tantas situaciones de confianza empresarial, que reflejan un estado de opini¨®n patente: que es necesario imprimir un cambio en las pol¨ªticas de inmigraci¨®n, creando procesos de sostenibilidad social.

Dos legislaturas sin un planteamiento responsable del fen¨®meno de la inmigraci¨®n cristalizaron en una situaci¨®n que no satisface ni a la sociedad, ni a los agentes sociales, ni a los propios inmigrantes. Una "irregularidad tolerada" germina en tensiones sociales y en intolerancia. La pol¨ªtica social de los gobiernos populares suspendi¨®, y el mejor reconocimiento lo hizo el propio gobierno, que llam¨® "repesca" al proceso del a?o 2000.

El actual proceso innova desde los principios sociales en que se fundamenta, y constituye una oportunidad hist¨®rica de iniciar pol¨ªticas de interculturalidad que den respuesta al hecho de la inmigraci¨®n. Por ello, el 8 de mayo se abre un nuevo escenario, en el que habr¨¢ que articular instrumentos de control, creaci¨®n de una nueva cultura empresarial sobre el empleo extranjero, propiciar v¨ªas de reagrupaci¨®n familiar, flexibilizar procedimientos administrativos y mejorar el di¨¢logo social e institucional.

Las casi 600.000 solicitudes de normalizaci¨®n nos permiten, en fin, visualizar con claridad el mapa de la geograf¨ªa econ¨®mica espa?ola. Seis provincias aglutinan el 80% de las solicitudes, y la Comunidad Valenciana es la ¨²nica Comunidad Aut¨®noma con presencia de m¨¢s de una provincia (Alicante y Valencia).

Es prueba patente de nuestra pujanza y dinamismo y acredita el nivel de compromiso del Gobierno Espa?ol con la Comunidad Valenciana y, espec¨ªficamente, con los empresarios de Castell¨®n, Valencia y Alicante, que obtienen respuesta a una demanda hist¨®rica.

Joan Ignasi Pla es secretario General del PSPV-PSOE.