Aumentar el poder territorial

El proceso de reforma de los Estatutos de autonom¨ªa, que comenz¨® como una reivindicaci¨®n nacionalista de vascos y catalanes, se est¨¢ convirtiendo en un movimiento imparable que va a llevar a un cambio en toda la estructura territorial del poder espa?ola.

Viendo los proyectos de reforma vascos y catalanes, las propuestas gallegas, valencianas, canarias y -ahora, por fin- andaluzas no cabe duda de que algo se est¨¢ moviendo. Los grandes partidos, en especial el PP, mantienen p¨²blicamente el discurso de que no van a reformar el sistema auton¨®mico previsto en la Constituci¨®n. Sin embargo, la reforma parece que va a producirse por la v¨ªa de hecho.

La propuesta catalana es por ahora la que mejor se conoce y la que est¨¢ sirviendo de inspiraci¨®n a la mayor¨ªa de comunidades. En ella, lo que m¨¢s llama la atenci¨®n es la manera en que se definen, al detalle, las competencias de la comunidad. Ya no se habla de materias gen¨¦ricas -como hace el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n- sino de aspectos muy espec¨ªficos. Hasta ahora, la distribuci¨®n de competencias entre las comunidades aut¨®nomas y el Estado era fruto de las presiones acaparadoras de ambas partes, resuelta caso por caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La propuesta catalana intenta aclarar la situaci¨®n, aunque lo hace de manera extraordinariamente favorable a la Comunidad.

Andaluc¨ªa tiene que decidir claramente, y sin debates falsamente maximalistas, hasta d¨®nde quiere empujar al Estado

La semana pasada salt¨® la noticia de que en Valencia el PP apoya que el nuevo estatuto asuma la competencia de Justicia. Es significativa en la medida en que evidencia que m¨¢s all¨¢ del discurso pol¨ªtico ret¨®rico los l¨ªderes populares auton¨®micos se prestan tambi¨¦n a aumentar las competencias estatales. Algo similar sucede en Galicia.

En Andaluc¨ªa, los partidos pol¨ªticos presentaron sus propuestas hace una semana y en estos momentos los servicios jur¨ªdicos del Parlamento est¨¢n elaborando una propuesta de consenso que parece que ir¨¢ por una l¨ªnea similar. El debate sobre la condici¨®n nominal que se le d¨¦ a Andaluc¨ªa s¨®lo hace de pantalla a unas propuestas que casi un¨¢nimemente ampl¨ªan el ¨¢mbito de poder de las Comunidades Aut¨®nomas. Previsiblemente el principal partido de la oposici¨®n tendr¨¢ que sumarse a la ola autonomista, y los cambios de postura de las ¨²ltimas semanas as¨ª lo pronostican.

En estas circunstancias, est¨¢ claro que aunque no se modifique formalmente la Constituci¨®n estamos en medio de un proceso de mutaci¨®n constitucional caracterizado por el aumento del poder territorial. El nuevo modelo parece que asienta -e incluso va m¨¢s all¨¢- un reparto en el que el Estado guarda tan s¨®lo las normas b¨¢sicas que garantizan un m¨ªnimo de igualdad y solidaridad entre comunidades y el resto, en especial toda la gesti¨®n p¨²blica, es competencia exclusiva de las comunidades aut¨®nomas. Se trata de un pulso en el que a largo plazo parece que no queda m¨¢s remedio que modificar tambi¨¦n nuestra norma fundamental.

En este momento, pues, Andaluc¨ªa tiene que decidir claramente, y sin debates falsamente maximalistas, hasta d¨®nde queremos empujar al Estado. ?se es el debate.

Joaquin Urias es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.