La Fiscal¨ªa llama a los abogados y notarios a cumplir las normas de prevenci¨®n del blanqueo
El nuevo reglamento puede colisionar con el secreto profesional, seg¨²n algunos letrados
La Operaci¨®n Ballena Blanca, en la que fueron detenidos abogados y notarios, puso de relieve lo cerca que los profesionales del derecho pueden estar de las operaciones de lavado de capitales. Precisamente, el nuevo reglamento de prevenci¨®n del blanqueo, que entr¨® en vigor hace un mes, obliga a estos profesionales a comunicar las actividades sospechosas de sus clientes, lo que ha generado dudas entre los letrados por la posible colisi¨®n con el secreto profesional. El fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza, insisti¨® ayer en que abogados, procuradores y notarios han de cumplir la ley.
"Lo que tienen que hacer quienes realicen funciones de asesoramiento econ¨®mico y de intermediaci¨®n financiera para clientes es cumplir con las obligaciones establecidas en el marco de prevenci¨®n del blanqueo, sean abogados, notarios, procuradores, contables, auditores o asesores fiscales. Hay que cumplir con las normas", explic¨® Zaragoza a la prensa. "Y no se puede alegar el secreto profesional cuando se trata de actividades de asesoramiento econ¨®mico y financiero. El secreto profesional tiene otro ¨¢mbito de actuaci¨®n completamente distinto", remach¨® el fiscal, que representa al Ministerio P¨²blico en la comisi¨®n de prevenci¨®n del blanqueo de capitales del Banco de Espa?a.
Zaragoza, que particip¨® ayer en unas jornadas sobre el blanqueo en Europa, organizadas por el Colegio de Abogados de M¨¢laga y la Academia de Derecho Europeo, calific¨® de "excepciones" los casos en los que letrados se ven implicados en procesos penales por delitos de naturaleza socioecon¨®mica, y neg¨® que hasta ahora haya existido cierta laxitud por parte de determinados profesionales. Pero record¨® que antes de la existencia de una normativa contra el blanqueo, se han dictado condenas por dicho delito contra abogados, atendiendo a las reglas generales del C¨®digo Penal.
Sin embargo, la aplicaci¨®n del reglamento, que incorpora a letrados y procuradores entre los sujetos obligados, y cambia las exigencias para los notarios, deja "zonas grises", en opini¨®n del decano del Colegio de Abogados, Nielson S¨¢nchez Stewart, que debati¨® con Zaragoza. Queda claro que los letrados que se dediquen al asesoramiento jur¨ªdico con miras a la defensa en un proceso tienen el privilegio del secreto profesional. Y que los que se dediquen al asesoramiento empresarial han de colaborar con el servicio ejecutivo de prevenci¨®n del blanqueo, junto con otras obligaciones, como identificar a los clientes, examinar las operaciones o conservar los documentos relativos a una operaci¨®n. "Pero hay una zona intermedia, en la que no nos dedicamos a una cosa ni a otra, sino al asesoramiento jur¨ªdico de actividades empresariales", dijo S¨¢nchez Stewart. "?C¨®mo se establece esa l¨ªnea divisoria?".
Otro problema, seg¨²n el decano, es que las normas son "subjetivas y relativas", es decir, que se exige a los abogados que informen cuando existan "indicios o sospechas", algo que queda a la apreciaci¨®n de cada uno. Para Zaragoza, en cambio, "la ley espa?ola y la directiva comunitaria son suficientemente expl¨ªcitas y claras. Definen una serie de operaciones y actividades que un abogado puede ejercer, pero en determinadas condiciones o circunstancias tiene que dar cuenta a las autoridades". "Los profesionales del mundo del derecho, con cumplir las normas que se establecen en el sistema de prevenci¨®n es suficiente, no se les pide m¨¢s. Si no se cumple es cuando vienen los problemas, las responsabilidades administrativas o penales", recalc¨®.
El fiscal jefe Antidroga hizo tambi¨¦n referencia a los para¨ªsos fiscales, que en su opini¨®n suponen "un paso atr¨¢s, una r¨¦mora para luchar contra la delincuencia organizada y para hacer frente de manera adecuada al blanqueo de capitales". Zaragoza abog¨® por la desaparici¨®n de reg¨ªmenes fiscales como el de Gibraltar, para lo cual es necesario, adem¨¢s de voluntad pol¨ªtica, que "la cooperaci¨®n judicial sea realmente efectiva, total y plena".
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