La ley que divide a Bolivia

La ley de Hidrocarburos boliviana aprobada por el Congreso el martes, tras 10 meses de debate, ha provocado un profundo malestar social, empresarial y pol¨ªtico; ha reavivado las diferencias y los prejuicios regionales y, sobre todo, ha acentuado la inestabilidad del pa¨ªs. La normativa, adem¨¢s de regular un sector clave, se ha situado en el centro de la pugna por el poder pol¨ªtico y econ¨®mico. El petr¨®leo y el gas son los principales recursos econ¨®micos de Bolivia, el pa¨ªs m¨¢s pobre de Am¨¦rica del Sur con dos tercios de sus m¨¢s de ocho millones de habitantes por debajo del nivel de pobreza. Las reservas de gas son las segundas mayores de Suram¨¦rica, detr¨¢s de Venezuela, y las de petr¨®leo son las quintas m¨¢s abundantes de la regi¨®n.

La actividad de la empresa brasile?a Petrobras representa el 20% del PIB boliviano

Los sectores populares que exigen la nacionalizaci¨®n del gas ganan apoyo

Toda esta riqueza en hidrocarburos aflor¨® en los ¨²ltimos nueve a?os, a partir de la privatizaci¨®n de Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos (YPFB) llevada a cabo por el Gobierno del ex presidente Gonzalo S¨¢nchez de Losada. YPFB fue dividida en varias compa?¨ªas y ofrecida a la inversi¨®n privada. La petrolera estatal mantuvo un papel representativo, como gestor y fiscalizador del negocio, y suscribi¨® con 25 grupos extranjeros unos 70 contratos para la explotaci¨®n del gas natural y petr¨®leo. Las compa?¨ªas for¨¢neas adquirieron todos los derechos sobre las distintas etapas del negocio (exploraci¨®n, producci¨®n, distribuci¨®n y exportaci¨®n) a cambio de una regal¨ªa del 18% y un 34 % sobre los beneficios, fiscalmente deducibles. Entre 1996 y 2004, los grupos extranjeros invirtieron unos 3.500 millones de d¨®lares, casi la mitad del PIB boliviano.

"El aumento de la producci¨®n de gas gracias a la financiaci¨®n privada permiti¨® a Bolivia cumplir con el contrato de suministro a Brasil", explica Carlos Alberto L¨®pez, un analista del sector. "Ten¨ªamos en 1996 una necesidad urgente de aumentar las reservas y se consigui¨®. En contra de lo que se dice, la carga fiscal de los contratos firmados entonces ya estaba entre las m¨¢s altas de la regi¨®n. S¨®lo en concepto de regal¨ªas era m¨¢s alta que las de Brasil, Argentina o Trinidad y Tobago, otros grandes productores", a?ade. "Lamentablemente, el manoseo pol¨ªtico del sector en los ¨²ltimos a?os ha echado por tierra el desarrollo del recurso m¨¢s importantes de Bolivia", concluye L¨®pez.

El "manoseo" al que se refiere el analista arranca en 2003 con el proyecto de exportar gas boliviano a EE UU a trav¨¦s de un puerto chileno. El plan, puesto en marcha durante la segunda legislatura de Gonzalo S¨¢nchez de Lozada, reaviv¨® los sentimientos nacionalistas m¨¢s radicales, que se resistieron a que Chile se beneficiara de un oleoducto construido sobre las tierras arrebatadas a Bolivia tras la guerra de 1878, y por la que perdi¨® su salida al mar. En octubre de 2003, tras una revuelta que se sald¨® con 70 muertos y m¨¢s de 200 heridos, conocida como la guerra del gas, S¨¢nchez de Lozada huy¨® del pa¨ªs y su sucesor, Carlos Mesa, convoc¨® el refer¨¦ndum del gas en julio de 2004, punto de partida de la ley aprobada el martes.

Para Carlos Alberto L¨®pez, la nueva normativa resta protagonismo al sector privado y pone sobre sus espaldas todo el riesgo, adem¨¢s de castigar la inversi¨®n con una carga fiscal real del alrededor del 64% (entre regal¨ªas e impuestos especiales y directos). "En Bolivia nos repartimos el gas antes de sacarlo, y para eso se necesita una inversi¨®n de 1.800 millones de d¨®lares que, con la nueva ley, dif¨ªcilmente obtendremos", concluye. L¨®pez coincide con otros expertos en que la excesiva presi¨®n fiscal impulsar¨¢ a las petroleras a dejar de explorar en campos menos rentables y que esto se agravar¨¢ si los precios del crudo y el gas bajan de los actuales niveles r¨¦cord o se reduce la demanda de pa¨ªses como Argentina o Brasil, ya sea porque consumen menos o buscan los recursos en otra parte. S¨®lo la actividad de Petrobras en Bolivia representa el 20% del PIB del pa¨ªs. Si la petrolera estatal brasile?a reduce sus inversiones, como ya ha anunciado, los ingresos p¨²blicos menguar¨¢n, lo que representa una seria amenaza para la econom¨ªa boliviana. Por otra parte, estos expertos creen que la imposici¨®n sobre las petroleras para que modifiquen los contratos, que deber¨¢ hacerse en 180 d¨ªas, acarrear¨¢ un sin fin de demandas contra el Estado.

Carlos Arce, especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, opina que "hab¨ªa una necesidad real de aprobar una nueva ley de hidrocarburos porque la vieja dejaba en manos de las empresas todas las ganancias". Adem¨¢s, sostiene que la normativa "no es tan perjudicial para las petroleras como algunos sectores la pintan". Arce cree que el Ejecutivo de Mesa suavizar¨¢ mucho la ley a trav¨¦s del reglamento y que permitir¨¢ que las compa?¨ªas deduzcan fiscalmente el pago de los tributos. Por otra parte, la nueva norma, seg¨²n Arce, a¨²n "deja en manos de las petroleras la fijaci¨®n de precios y no pone l¨ªmites al volumen de exportaciones". Este experto asegura que s¨®lo a las peque?as empresas puede perjudicar esta ley, y no a Repsol YPF, Petrobras o la franco-belga Total.

Los movimientos indigenistas encabezados por Evo Morales, l¨ªder del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya han advertido al Gobierno de Mesa de que debe trasladar la ley al reglamento sin alterar el "esp¨ªritu" de la norma. Al mismo tiempo, el MAS impulsa la revisi¨®n de los dos puntos que mencionaba Arce: la fijaci¨®n de precios y los l¨ªmites a la exportaci¨®n. Los representantes de estos movimientos han dicho que si con la antigua ley el Estado recaudaba unos 280 millones de d¨®lares anuales en impuestos petroleros, con la nueva tiene que ingresar m¨¢s de 600 millones. Arce reconoce que los sectores populares que exigen la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos ganan apoyo d¨ªa a d¨ªa. Dentro de lo que queda de la estatal YPFB hay un grupo, seg¨²n el analista, que simpatiza con la idea de crear una petrolera p¨²blica que pueda asociarse a la venezolana PDVSA o la argentina Enarsa.

Los hidrocarburos han supuesto un gran respaldo para los Gobiernos de Venezuela, M¨¦xico, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Ecuador, puesto que a pesar de que los movimientos sociales derrocaron al ecuatoriano Lucio Guti¨¦rrez, no fue por una crisis econ¨®mica, sino por el malestar pol¨ªtico. El barril de crudo ha pasado de 10 a 50 d¨®lares desde 1998 y el del gas se ha revalorizado un 350%, lo que se ha traducido en ingentes sumas de dinero a las arcas p¨²blicas.