La Iglesia no es un poder pol¨ªtico

En estas ¨²ltimas semanas hemos asistido a un intenso debate -e incluso a un enfrentamiento- entre los que son partidarios de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo y aquellos que consideran que la instituci¨®n del matrimonio no admite cambio alguno. En el ¨¢mbito pol¨ªtico, las discusiones se han centrado, sobre todo, en la conveniencia de que la expresi¨®n "matrimonio" pueda albergar a una realidad diferente a la existente hasta el momento (uni¨®n entre hombre y mujer) y a la posibilidad de que estos nuevos matrimonios puedan adoptar hijos. M¨¢s all¨¢ del respeto a la posici¨®n de cada uno, lo cierto es que con los cambios que se han propuesto en el C¨®digo Civil estamos acabando con una discriminaci¨®n inaceptable, como es la de negar a gays y lesbianas la posibilidad de disfrutar de un derecho de ciudadan¨ªa. Si realmente creemos que todos tenemos los mismos derechos, si defendemos una sociedad de iguales donde no exista discriminaci¨®n alguna a la hora de disfrutar de derechos, tendremos que concluir que todas las personas, sin exclusi¨®n, tienen derecho a escoger la forma que deseen para regular su vida en com¨²n. Si todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener la posibilidad de optar por una forma de convivencia que tiene consecuencias jur¨ªdicas, sociales y econ¨®micas, de ah¨ª que no sea indiferente que se llame "matrimonio" o "uni¨®n". ?Por qu¨¦, entonces, esa insistencia en querer "equiparar" a personas del mismo sexo para el disfrute de algunos derechos y negarles la posibilidad de contraer matrimonio? ?Por qu¨¦ una figura jur¨ªdica civil, como es el matrimonio, debe estar inspirada por la religi¨®n cat¨®lica, sobre todo cuando ¨¦sta no reconoce como "v¨¢lido ante Dios" el matrimonio civil? Quiz¨¢s porque es la forma de negarse a aceptar una realidad que, en el fondo, no aceptan.

?Por qu¨¦ una figura jur¨ªdica civil como el matrimonio debe estar inspirada por la religi¨®n cat¨®lica?

La posici¨®n de la Iglesia cat¨®lica en torno a este asunto ha sido, no s¨®lo de rechazo, sino abiertamente beligerante. De hecho, en las ¨²ltimas semanas, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamando abiertamente a los legisladores y funcionarios cat¨®licos a rechazar y no cumplir la ley que permite el ejercicio de dicho derecho. En este sentido, habr¨ªa que se?alar que la Iglesia cat¨®lica no puede comportarse hoy d¨ªa (eso pertenece al pasado) como un poder pol¨ªtico, sino como una instancia moral y, en tal condici¨®n, tiene que respetar la autonom¨ªa de las autoridades pol¨ªticas democr¨¢ticamente legitimadas para decidir las reglas que ordenan la convivencia de una sociedad. Nadie le niega a la Iglesia el derecho a defender sus valores y a criticar lo que considera contrario a su moral, pero s¨ª habr¨ªa que recordar que no puede pretender imponer sus valores, porque ni todos los ciudadanos son cat¨®licos ni todos los cat¨®licos coinciden con las posiciones de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Y es que el logro para una convivencia pac¨ªfica entre el Estado y la Iglesia cat¨®lica, y entre el Estado y cualquier confesi¨®n, s¨®lo puede sustentarse sobre el respeto mutuo y el reconocimiento por ambas partes de sus respectivos ¨¢mbitos de competencias.

Si respetamos este principio b¨¢sico de no colisi¨®n entre la esfera civil y la religiosa, pocos dudar¨¢n de que la Iglesia cat¨®lica debe dirigirse a sus fieles, mientras que el Gobierno tiene que gobernar para todos los ciudadanos. El ordenamiento jur¨ªdico de un Estado democr¨¢tico -en el que coexisten diversas concepciones sobre lo que es moralmente aceptable y valioso- no puede reflejar e imponer coactivamente una de las ¨¦ticas existentes, sino s¨®lo aquellos valores y principios b¨¢sicos aceptados por la mayor¨ªa de los ciudadanos. En la sociedad actual los c¨®digos morales vigentes no s¨®lo son plurales, sino, incluso, cambiantes, por lo que los gobernantes democr¨¢ticos deber¨¢n estar muy atentos a dichos cambios y adaptar nuestras normas de convivencia para asegurar el bienestar a esa mayor¨ªa. Una de las formas de prestar atenci¨®n a los cambios que se producen en las convicciones ¨¦ticas de la sociedad es proponer a los ciudadanos, en los programas electorales, modificaciones en el ordenamiento jur¨ªdico que, de contar con el respaldo de la mayor¨ªa, se llevar¨ªan posteriormente a efecto. Conviene subrayar aqu¨ª que una regla fundamental de la ¨¦tica pol¨ªtica es cumplir con los compromisos electorales.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los distintos grupos ideol¨®gicos y religiosos que concurren en la sociedad civil no son -desde el punto de vista de las ideas y valores que profesan- bloques monol¨ªticos e inmutables. Existen dentro de ellos sectores conservadores e inmovilistas y sectores reformistas y din¨¢micos, sin que ninguno de los mismos (ni siquiera el sector oficial) pueda decir que representa el parecer de todos. Concretamente, en la Iglesia cat¨®lica -que es una realidad mucho m¨¢s amplia que la de su jerarqu¨ªa- las posturas sobre problemas morales como los suscitados en torno a la guerra, la injusticia, el aborto, el sexo o la investigaci¨®n cient¨ªfica, son muy variadas y est¨¢n sometidas, dentro de ciertos l¨ªmites, a los cambios que reclama la sociedad. Se incurre, por ello, en una simplificaci¨®n susceptible de falsear la realidad cuando se dice que determinadas modificaciones legislativas ofenden a los cat¨®licos y, lo que es m¨¢s grave, pretenden que ¨¦stos se enfrenten a las autoridades democr¨¢ticas que deciden dichos cambios.

La reforma que en el C¨®digo Civil se hace sobre el matrimonio -que supone una indiscutible innovaci¨®n en materia de derechos civiles- podr¨¢ ser rechazada por los cat¨®licos que leg¨ªtimamente opten por la conservaci¨®n del orden establecido, pero con el l¨ªmite que impone el deber de cumplimiento de lo que disponga el Gobierno y el Parlamento en el ejercicio de las atribuciones que les asigna la Constituci¨®n. Exigir, por ello, que se regule la objeci¨®n de conciencia para dejar en manos de algunos ciudadanos y autoridades el cumplimiento de una ley ir¨ªa directamente en contra de la Constituci¨®n. El art¨ªculo 9?.1 de la Constituci¨®n recoge el principio de sujeci¨®n de los ciudadanos y los poderes p¨²blicos al ordenamiento jur¨ªdico. Se trata de un principio constitucional sobre el que no se puede establecer una excepci¨®n por ley ordinaria.

En todo caso, exigir que se legalice la objeci¨®n de conciencia para que determinados funcionarios p¨²blicos decidan sobre el cumplimiento de la funci¨®n que les asigna una ley es una actitud dif¨ªcilmente justificable en nombre de la conciencia. No s¨®lo porque estamos hablando de una ley que no tiene un sentido restrictivo y, muy al contrario, ampl¨ªa el ejercicio de un derecho que a nadie perjudica y a muchos puede beneficiar, sino porque la conciencia de un funcionario p¨²blico debe estar informada por los valores de la sociedad democr¨¢tica. A todo ello cabr¨ªa a?adir que, en el supuesto de la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo -y a¨²n admitiendo que la misma se encuentra en contradicci¨®n con los valores que propugna la religi¨®n cat¨®lica-, hemos de recordar que no todos estos valores est¨¢n incorporados al ordenamiento constitucional. Si consideramos que la Constituci¨®n espa?ola afirma expresamente en su art¨ªculo 16.3 que "ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal", llegaremos a la conclusi¨®n de que la objeci¨®n de conciencia al cumplimiento de la citada ley no queda amparada por el derecho a la libertad religiosa.

Cuando la jerarqu¨ªa cat¨®lica invoca determinados periodos hist¨®ricos para justificar la resistencia al cumplimiento de la ley por considerarla "injusta", no s¨®lo est¨¢ desconociendo los distintos momentos en que ha tenido lugar (en el caso actual, su plena legitimidad democr¨¢tica), sino que para que una ley pueda ser considerada, hipot¨¦ticamente, injusta tendr¨ªa que lesionar o limitar derechos individuales. Y no es el caso que nos ocupa. Los derechos son siempre individuales y no puede haber apropiaci¨®n de ellos de ning¨²n grupo social, mayoritario o minoritario, sino garant¨ªas por parte de los poderes p¨²blicos para el pleno ejercicio de los mismos.

Trinidad Jim¨¦nez es secretaria de Pol¨ªtica Internacional y de Cooperaci¨®n del PSOE.