El sentido com¨²n m¨¢s all¨¢ de la ley

En relaci¨®n con el editorial Seguro verde de EL PA?S del 23-5-2005, hemos de mostrarnos, en general, de acuerdo con sus planteamientos y con las intenciones del Gobierno en estos asuntos; pero como se menciona el caso del desastre de Aznalc¨®llar, no podemos quedarnos impasibles sin hablar de las nuevas explotaciones mineras que se est¨¢n poniendo en marcha en Extremadura y Andaluc¨ªa, bien cerca de donde se produjo aquel accidente minero. Nos referimos concretamente a las minas de Aguablanca, en Badajoz, y de Las Cruces, en Sevilla. Se ve que, m¨¢s all¨¢ del dinero gastado y de los esfuerzos para recuperarlo, la experiencia no les ha valido de nada a algunos de nuestros pol¨ªticos. Las nuevas propuestas normativas suenan a flautas celestiales mientras el sentido com¨²n de los gobernantes no se haga m¨ªnimamente presente.

Con las actuaciones ya realizadas en Aguablanca, propiedad de la multinacional norteamericana R¨ªo Narcea Goldmines, se est¨¢ demostrando la actitud profundamente irrespetuosa con la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica, no s¨®lo medioambiental, de esta empresa (en connivencia con la Administraci¨®n auton¨®mica de Extremadura). Por resumir brevemente algunos indicios de lo que se avecina, mencionaremos las obras que desde hace aproximadamente dos a?os se realizan en el ¨¢rea sin la preceptiva licencia municipal, donde ya se han destruido m¨¢s de cien hect¨¢reas de dehesas y bosques (unas 9.000 encinas arrancadas, muchas de ellas centenarias).

Tras la resoluci¨®n municipal que exig¨ªa la detenci¨®n de las obras, los trabajos continuaron, lo que fue y a¨²n es un caso claro de desobediencia por parte de la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado recientemente a la empresa por este asunto. Las ilegalidades cometidas contin¨²an con el corte y ocupaci¨®n de una v¨ªa pecuaria o con las extracciones de aguas que est¨¢n siendo almacenadas en una gran balsa en la finca de Aguablanca que, creemos que en buena l¨®gica, carece de autorizaci¨®n por parte de la confederaci¨®n hidrogr¨¢fica del Guadalquivir para utilizar los 375 millones de litros anuales implicados, dado que es una cuenca deficitaria y se amenazan de nuevo como entonces los cauces p¨²blicos con aguas contaminadas, con la agravante en este caso de tratarse de r¨ªos que abastecen de agua potable a la ciudad de Sevilla.

Todo esto nos tiene completamente perplejos y nos hace dudar de la voluntad de nuestros pol¨ªticos, que deber¨ªan dejar de amparar y subvencionar a los contaminadores como hasta ahora han hecho (esta empresa ha recibido 1.100 millones de pesetas de subvenciones de fondos de incentivos regionales). ?Qu¨¦ sentido tiene subvencionar una actividad tan contaminante? ?De qu¨¦ nos puede servir la legislaci¨®n ante este c¨²mulo de irresponsabilidades privadas y p¨²blicas? ?C¨®mo protegernos ante clamorosos errores pol¨ªticos previos a los da?os? ?Habr¨ªa tambi¨¦n alguna ley contra ellos?