Desarrollo urbano a la carta
Las tres capitales recurren a pol¨¦micas modificaciones del PGOU y convenios para temas claves
Las tres capitales de provincia valencianas, en manos del PP en la ¨²ltima d¨¦cada, han calcado su modelo de desarrollo urbano. En este caso su no modelo, porque la gesti¨®n de los gobiernos locales del PP de Valencia, Alicante y Castell¨®n se ha basado en las modificaciones puntuales, planes especiales y convenios urban¨ªsticos. Algunas de esas decisiones han ido acompa?adas de pol¨¦mica por los beneficios que han deparado a grupos privados.
El Ayuntamiento de Valencia, liderado por Rita Barber¨¢ desde 1991, se ha enfrentado a severas cr¨ªticas de la oposici¨®n e incluso a recursos judiciales por su gesti¨®n urban¨ªstica, salpicada por un centenar de cambios en el PGOU, aprobado en 1988 con el voto en contra del PP.
Barber¨¢ y Alperi han firmado convenios con importantes r¨¦ditos para algunos grupos privados
La primera decisi¨®n fue la venta del Balneario de Las Arenas. El complejo, patrimonio del Ayuntamiento y gestionado durante a?os en r¨¦gimen de concesi¨®n por la empresa H. Santos D., SA, se subast¨®, extinguida la concesi¨®n, a esta misma sociedad. La enajenaci¨®n se produjo de acuerdo con las condiciones del Plan Especial de Ordenaci¨®n del Paseo Mar¨ªtimo aprobado por el anterior gobierno socialista, que imped¨ªa m¨¢s de tres alturas en la fachada litoral. Dos a?os m¨¢s tarde, el equipo de gobierno aprob¨®, a petici¨®n de la empresa propietaria del balneario, un aumento a cinco alturas. El TSJ aval¨® la decisi¨®n de la alcaldesa.
El posible traslado del campo del Mestalla a las afueras de la ciudad ha hecho correr aut¨¦nticos r¨ªos de tinta. En diciembre pasado la alcaldesa y el promotor Juan Soler, presidente del Valencia CF, cerraron un acuerdo para la recalificaci¨®n de la manzana donde ahora se ubica el campo, una parcela de 48.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad, de acuerdo con la densidad de su entorno y a lo que establece la ley, de 1,82 de volumetr¨ªa por metro cuadrado. Esto equival¨ªa a unos 57.000 metros cuadrados de techo que, tras el nuevo convenio entre el club y el Consistorio, pasaron a 87.000. El promotor Francisco Murcia Puchades contar¨ªa con una opci¨®n de compra sobre 18.000 metros cuadrados de esta manzana, seg¨²n fuentes municipales.
Y un tercer caso pol¨¦mico, la antigua Tabacalera de Valencia. En febrero de 2001, el pleno del Ayuntamiento acord¨® la apertura de conversaciones con su propietaria Altadis para convertirla en un espacio de uso p¨²blico. En julio de 2002, el grupo Ballester compra a Altadis el 49% del suelo por casi ocho millones de euros y, a partir de ese momento, el Consistorio abre una negociaci¨®n con los dos propietarios del suelo, a los que recalifica para uso residencial dos parcelas de terreno y les cede el complejo municipal de la Avenida de Las Am¨¦ricas a cambio del edificio de Tabacalera. La operaci¨®n reportar¨¢ unos 100 millones de beneficios a los due?os del suelo, seg¨²n c¨¢lculos de la oposici¨®n.
La pol¨¦mica en torno a la gesti¨®n urban¨ªstica ha sido una constante en los tres mandatos del popular Luis D¨ªaz Alperi, al frente del Ayuntamiento de Alicante. El tambi¨¦n ex promotor inmobiliario ha jalonado sus dos lustros en la alcald¨ªa con unilaterales y sonadas decisiones urban¨ªsticas. La ¨²ltima ha sido la adjudicaci¨®n, al margen de la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), del PAI de Rabassa al empresario local Enrique Ortiz. Y todo a golpe de modificaciones puntuales del PGOU, vigente desde 1987. El equipo de gobierno inici¨® la revisi¨®n del planeamiento en 2002. Tres a?os despu¨¦s todav¨ªa no hay un documento definitivo.
En febrero de 2002, el Ayuntamiento de Alicante y Altadis firmaron un convenio por el que el Consistorio cedi¨® a la tabacalera dos parcelas p¨²blicas valoradas en 9 millones de euros a cambio de los terrenos de la F¨¢brica de Tabaco. Al mes, Altadis vendi¨® el suelo municipal con un saldo a su favor de cinco millones de euros.
D¨ªaz Alperi cerr¨® su anterior mandato con otra decisi¨®n urban¨ªstica de envergadura: la ordenaci¨®n del sector Benal¨²a Sur. El suelo del plan parcial estaba ocupado por dos naves industriales. Alperi sorteo el problema mediante la f¨®rmula de cesi¨®n de suelo p¨²blico en la misma zona a los dos empresarios (Antonio Bufort y Jos¨¦ Cloquell) a cambio del desmantelamiento de las dos factor¨ªas. El convenio incluye la cesi¨®n de un millar de metros cuadrados en superficie y 10.200 de uso y tipolog¨ªa.
La tercera decisi¨®n urban¨ªstica en la ciudad de Alicante en la que tambi¨¦n est¨¢ implicado el Ayuntamiento fue la recompra del hotel palas al promotor local y presidente del Alicante CF, Antonio Solana. En marzo de 2003, la C¨¢mara de Comercio de Alicante adquiri¨® por 6,7 millones de euros el antiguo hotel Palas para ubicar su nueva sede. La operaci¨®n se financi¨® con dinero p¨²blico. Los due?os del inmueble ganaron 2,4 millones en menos de cinco a?os.
En Castell¨®n, la operaci¨®n que m¨¢s ampollas levant¨® surgi¨® a ra¨ªz del soterramiento de las v¨ªas f¨¦rreas, en 2003, cuando el grupo municipal socialista present¨® una querella contra el entonces alcalde, Jos¨¦ Luis Gimeno y el empresario Luis Batalla, que fue admitida y posteriormente archivada, por las actuaciones urban¨ªsticas y la adjudicaci¨®n de la urbanizaci¨®n de m¨¢s de 40.000 metros cuadrados que iban a ser ocupados por viviendas, un hotel y por El Corte Ingl¨¦s. El proceso comenz¨® con una modificaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) en la que, seg¨²n los socialistas, se daba un tratamiento urban¨ªstico especial a los terrenos, con "el claro objetivo de obtener una porci¨®n del suelo lo suficientemente amplia para albergar una gran superficie comercial (El Corte Ingl¨¦s), por lo que se cambi¨® el desarrollo urban¨ªstico de esta zona. "El mayor pelotazo de la historia de Castell¨®n", en palabras de los socialistas.
La capital de La Plana ha sido escenario de otras operaciones que han tenido como protagonistas a miembros del equipo de gobierno. En 2001, el Ayuntamiento aprob¨® el cambio de calificaci¨®n de unos terrenos, de industrial a urbanizable, propiedad de la familia del entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Alberto Fabra.
Informaci¨®n elaborada por Cristina V¨¢zquez, Santiago Navarro y Mar¨ªa Fabra.
Blanqueo de dinero y negocio inmobiliario
En La Vega Baja, la eclosi¨®n urban¨ªstica de Torrevieja que, entre los ochenta y noventa, agot¨® su suelo urbano, debido al modelo tur¨ªstico-inmobiliario del monocultivo del apartamento a bajo precio, es el paradigma del caos urbano: el termino est¨¢ plagado de urbanizaciones, inaccesibles a veces para los agentes policiales. Este laberinto urbano ha sido el cobijo perfecto para el asentamiento de grupos mafiosos, que, al mismo, tiempo se han valido del floreciente negocio inmobiliario como v¨ªa principal para el blanqueo de capitales.
El primer edil de Torrevieja, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, tampoco ha sido ajeno al negocio inmobiliario y en los ¨²ltimos a?os cerr¨® una ventajosa operaci¨®n de compra-venta de suelo r¨²stico en la vecina localidad de Almorad¨ª. Mateo compr¨® una finca por algo menos de 200.000 euros y la vendi¨® luego a una promotora por 5,4 millones de euros.
La colonizaci¨®n de Torrevieja se desarroll¨® en paralelo a la de la costa de Orihuela. Tambi¨¦n en este caso con proyecto plagado de irregularidades, como la urbanizaci¨®n Campoamor, de promotor Agust¨ªn P¨¦rez, con el campo de golf y hotel todav¨ªa no legalizados.
El casco urbano de Orihuela, feudo del PP desde mediados de los ochenta, es a¨²n en la actualidad motivo de pol¨¦mica derivados de iniciativas urban¨ªsticas del equipo de gobierno, que preside el popular Jos¨¦ Manuel Medina. La ¨²ltima decisi¨®n en ese sentido ha sido la adjudicaci¨®n de la urbanizaci¨®n de El Molino, una franja de 0,5 millones de metros cuadrados de huerta tradicional, al este de la ciudad a ambos lados del cauce del r¨ªo Segura. En esta zona se prev¨¦ levantar unas 2.500 viviendas, de las cuales el 50% ser¨¢n de protecci¨®n oficial. En el pleno del pasado mes de abril, el pleno con el voto en contra de los tres grupos de la oposici¨®n, adjudic¨® el proyecto a la cooperativa local San Antonio Obras y Promociones, SL. El PP aprob¨® la iniciativa pese a que en un pleno anterior, en diciembre de 2003, hab¨ªa rechazado una propuesta de otra mercantil, porque el suelo estaba calificado como cultivo de riego tradicional. El Ayuntamiento ha adjudicado la urbanizaci¨®n pese a que una agrupaci¨®n de propietarios (el 80% de los due?os del suelo) mantiene un recurso en el Tribunal Superior de Justicia, porque de acuerdo con la LRAU, tienen preferencia a la hora de impulsar un proyecto urbanizador. La cooperativa adjudicataria s¨®lo posee el 20% del suelo. La oposici¨®n denuncia la concentraci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial en un ¨¢rea determinada, una zona de por s¨ª ya deprimida.
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