Informe de parte

Como se ha sostenido desde que estall¨® el caso del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s hace dos meses y medio, debe ser la justicia y no otra instancia la que debe determinar si hubo o no delito en la sedaci¨®n de enfermos terminales. Por tanto, habr¨¢ que esperar a las conclusiones del fiscal para sostener si hay indicios delictivos que recomienden procesamientos. En ese sentido, el informe del comit¨¦ de seis investigadores elegidos por la Consejer¨ªa de Sanidad de la Comunidad de Madrid -que ve irregularidades en el 68% de las sedaciones practicadas en el periodo analizado- debe entenderse como un documento de parte por dos razones: el juez no lo ha solicitado y sus contundentes resultados han sido obtenidos sin consultar con ninguno de los m¨¦dicos investigados, que se han quejado de ello.

No se trata de poner en tela de juicio la val¨ªa profesional de los miembros de la comisi¨®n ni de desmontar sus datos, pero s¨ª de constatar que los resultados no despejan las dudas planteadas. En principio, a Lamela se le deber¨ªa presuponer haber querido actuar de buena fe (la oposici¨®n socialista al Gobierno popular auton¨®mico piensa lo contrario), si bien algunas de sus acciones fueron cuando menos intempestivas y poco inteligentes si pretend¨ªa impedir que hubiera alarma social. La fulminante destituci¨®n de la c¨²pula directiva del centro hospitalario tras una denuncia an¨®nima y la retirada de historiales m¨¦dicos sin informar a la junta de personal son dos ejemplos. La actuaci¨®n de Lamela contribuy¨® a da?ar el prestigio del hospital y de la medicina madrile?a en general, por mucho que insista en acusar a otros de querer manipular el tema.

El consejero ha actuado de forma correcta al enviar directamente al juez, aunque ¨¦ste no lo pidiera, los resultados de la investigaci¨®n sobre sedaciones practicadas entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. Sin embargo, pese a insistir en que se trata de casos muy aislados llevados a cabo, seg¨²n los investigadores, por s¨®lo cuatro m¨¦dicos, el consejero se arriesga demasiado al afirmar que del informe se deducen indicios de delito. Hasta ahora se hab¨ªa entendido justamente lo opuesto, tanto de las informaciones preliminares de la Fiscal¨ªa como de los resultados de la anterior investigaci¨®n realizada por la Consejer¨ªa de Sanidad, que se?alaron la existencia de irregularidades administrativas, pero no una mala praxis m¨¦dica. Por ello, conviene que sea la justicia, y no una instancia de parte, quien esclarezca el embrollo cuanto antes.