Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento pactan la Carta Municipal de Barcelona

Barcelona tendr¨¢ una ley espec¨ªfica que le reconocer¨¢ m¨¢s competencias y una financiaci¨®n adecuada a los gastos que afronta como gran capital de un ¨¢rea metropolitana en la que a diario se mueven m¨¢s de cuatro millones de personas. ?se es el esp¨ªritu del acuerdo alcanzado ayer entre las tres Administraciones -la central, la Generalitat y el Ayuntamiento-, que se concreta en un borrador de 104 art¨ªculos que tiene que ser ratificado por la comisi¨®n mixta. Se espera que el texto pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano y que el Congreso lo sancione a partir de septiembre.

?se es el calendario que ayer barajaron Jordi Sevilla, ministro de Administraciones P¨²blicas, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, en la presentaci¨®n, junto con Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, del acuerdo alcanzado. Sevilla asegur¨® que la Carta de Barcelona puede empezar a caminar este mismo a?o: "Soy el sexto ministro que aborda la ley de Barcelona y creo que ser¨¦ el ¨²ltimo", afirm¨® para dar idea de que el acuerdo estaba claro. Clos no ocultaba su satisfacci¨®n -"ha sido una negociaci¨®n intensa y extensa"- y Saura calific¨® el acuerdo de "hito hist¨®rico". La discusi¨®n de la Carta se inici¨® en la d¨¦cada de los ochenta y fue aprobada por el consistorio en 1997 y un a?o despu¨¦s, por el Parlamento catal¨¢n.

La Carta de Barcelona tiene dos partes. Una que ata?e a competencias de la Generalitat -ya negociadas- y otra que entra en materias de ¨¢mbito general, como seguridad y justicia, entre las m¨¢s importantes. Eran ¨¦stas, junto a la petici¨®n de un r¨¦gimen financiero especial, lo que se empez¨® a negociar en oto?o pasado con la Administraci¨®n socialista. Con el Gobierno del Partido Popular, la Carta fue de un despacho a otro. Sin resultados.

Una de las cuestiones centrales de la Carta de Barcelona era la mejora del r¨¦gimen financiero por los gastos de subsidiariedad que la ciudad afronta como capital, en especial en equipamientos culturales y en transporte p¨²blico, que excede de la frontera administrativa de los 1,5 millones de habitantes de la capital y que da servicio a un ¨¢rea en el que se mueven m¨¢s de cuatro millones.

La parte catalana -Ayuntamiento y Generalitat- propuso una participaci¨®n directa en impuestos generales. Concretamente, el 10% del IRPF, el 20% del IVA y el 30% de los impuestos especiales. Resumiendo, ese c¨®mputo supon¨ªa un incremento anual de unos 100 millones de euros. El Gobierno no ha querido afrontar la mejora en la financiaci¨®n por medio de cesi¨®n de impuestos m¨¢s all¨¢ de la parte ya reconocida dentro de la Participaci¨®n de Impuestos del Estado. Una negativa que obedece, en parte, a la posibilidad de que otras ciudades plantearan reclamaciones similares.

Por eso, desde el Ministerio de Administraciones P¨²blicas y tambi¨¦n desde el de Econom¨ªa y Hacienda se busc¨® otra f¨®rmula: la de firmar unos convenios quinquenales para afrontar los gastos de subsidiariedad. Se trata de unos complementos espec¨ªficos en materia de equipamientos culturales, en la organizaci¨®n de la justicia local y el coste que suponga una Guardia Urbana que act¨²e como polic¨ªa judicial adscrita a esos juzgados, y los relativos al coste de la congesti¨®n y el transporte p¨²blico. Esos convenios se tienen que pactar, no pueden estar enmarcados en ninguna ley y su liquidaci¨®n ser¨¢ dentro de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no deja de ser una f¨®rmula que requiere de un acuerdo pol¨ªtico. En cuanto al monto total que esos convenios pueden suponer, Clos no quiso dar cifra, s¨®lo aproxim¨®: "M¨¢s de la mitad de lo que ped¨ªamos" [100 millones de euros]. Fuentes de la comisi¨®n t¨¦cnica negociadora afinaron: alrededor de 60 millones de euros de forma progresiva.

Algunas de las principales competencias que la ley de Barcelona reconoce son las siguientes:

- Justicia local. Ser¨¢n diez juzgados, uno en cada distrito de la ciudad, que atender¨¢n de los conflictos menores que genera la convivencia. En materia penal, por ejemplo, de las faltas como ri?as o lesiones leves. En materia civil por reclamaciones inferiores a 3.000 euros y en contencioso-administrativo contra actos del Ayuntamiento. Ser¨¢ el pleno del consistorio el que proponga una terna de jueces -deber¨¢n ser licenciados en derecho- y al Tribunal Superior de Justicia le competer¨¢ la elecci¨®n. La aprobaci¨®n de ese nuevo tipo de juzgados requiere de la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que est¨¢ prevista para antes de que finalice este a?o.

- Cultura. Equipamientos culturales que trascienden la ciudad, como el, Macba o el Museo Picasso ser¨¢n cofinanciados.

- Cuerpo auxiliar de seguridad. Supone la creaci¨®n de un cuerpo auxiliar a la Guardia Urbana -los actuales vigilantes de las ¨¢reas verdes de estacionamiento- para controlar el cumplimiento de las ordenanzas.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulaci¨®n cometidas en v¨ªas urbanas competer¨¢n al alcalde y ser¨¢ el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar veh¨ªculos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendr¨¢ representaci¨®n en Puerto, aeropuerto y Costas.