Prejubilaci¨®n p¨²blica

Hay propuestas que resultan extremadamente pol¨¦micas ya desde su mera enunciaci¨®n. La de rejuvenecer la Administraci¨®n espa?ola mediante un plan de prejubilaciones para funcionarios mayores de 58 a?os, que podr¨ªa afectar hasta 25.000 servidores p¨²blicos, puede ser una de ellas. El origen de la m¨¢s que previsible pol¨¦mica es una contradicci¨®n evidente. El Gobierno propone a las empresas privadas el camino exactamente contrario que quiere aplicarse a s¨ª mismo: que se alargue la vida laboral de los trabajadores y que no se financien (parcialmente) con fondos p¨²blicos los costes de abaratamiento de las plantillas. Est¨¢ por determinar el coste de las prejubilaciones anunciadas por el ministro Jordi Sevilla, pero cabe apostar que no ser¨¢ precisamente barato.

El argumento utilizado por el ministro ("estamos ofreciendo la posibilidad de que los empleados p¨²blicos tengan un derecho que otros trabajadores tienen") debe ser tomado en consideraci¨®n, sobre todo si se combina con la evidencia de que los funcionarios tambi¨¦n tienen la posibilidad de alargar la edad de jubilaci¨®n. Pero no elimina la contradicci¨®n inicial. Resulta m¨¢s ¨²til enfocar la propuesta de Sevilla en funci¨®n de los resultados pr¨¢cticos que obtenga. Si realmente consigue reducir la edad media del funcionariado espa?ol (hoy situada en 47 a?os), ser¨¢ un avance considerable.

El plan de prejubilaciones debe cumplir algunas condiciones de cierta complejidad. La primera es que no se trate de un lifting superficial que agote sus consecuencias en una disminuci¨®n de la edad media de los funcionarios espa?oles. Deber¨ªa aprovecharse la oportunidad para orientar la carga de trabajo administrativo hacia las tareas m¨¢s productivas para el Estado y m¨¢s pr¨®ximas a los ciudadanos. Esta exigencia, m¨¢s acuciante si se tiene en cuenta la p¨¦rdida de peso de la Administraci¨®n estatal frente a la local y la auton¨®mica, requiere de explicaciones m¨¢s detalladas desde el departamento de Sevilla para que pueda entenderse el sentido de las prejubilaciones p¨²blicas en el conjunto de la reforma administrativa.

La segunda es que se modifique de una vez por todas la estructura de la carrera funcionarial. ?sta es una promesa vigente y pendiente desde la d¨¦cada de los ochenta. De nada sirve rejuvenecer la edad media de los servicios p¨²blicos si la exigua perspectiva de recompensa profesional -el recorrido de un funcionario termina pronto y con salarios muy inferiores a los que se perciben en el sector privado- expulsa a los j¨®venes mejor preparados de la senda funcionarial.