El alcalde de Alhaur¨ªn de la Torre, procesado por presunta prevaricaci¨®n

Un juez ha decretado el procesamiento del alcalde de Alhaur¨ªn de la Torre (M¨¢laga), Joaqu¨ªn Villanova, por un presunto delito de prevaricaci¨®n al permitir a promotores construir sobre una parte de suelo p¨²blico en la urbanizaci¨®n Retamar. El fiscal pide una pena de entre ocho y diez a?os de inhabilitaci¨®n. Villanova est¨¢ imputado en otras dos causas, por prevaricaci¨®n y por negar informaci¨®n a la oposici¨®n.

El caso por el que Villanova ser¨¢ juzgado, si no prospera ning¨²n recurso, se remonta a 1999. En febrero, el alcalde firm¨® un convenio urban¨ªstico con dos empresas, Ingesar y Sogec, para recalificar la parcela 12 del Plan Parcial de Ordenaci¨®n de la Urbanizaci¨®n Retamar, de deportiva privada a urbana para construir viviendas unifamiliares. Dicha parcela ten¨ªa una superficie de 16.533 metros cuadrados.

En octubre, la Asociaci¨®n de Vecinos Retamar inform¨® al alcalde de que los promotores hab¨ªan ocupado parte de la parcela 16, colindante con la 12, calificada como espacio libre de dominio y uso p¨²blico. La invasi¨®n habr¨ªa reducido el suelo de uso p¨²blico en 3.755 metros cuadrados. Villanova encarg¨® entonces al arquitecto municipal, Aurelio Atienza -para el que el fiscal pide seis a?os de inhabilitaci¨®n-, un informe, que constata la discordancia entre el plano y la realidad.

Con estos datos, Villanova pact¨® con la promotora reducir la superficie de la parcela 12, para lo que se elabora un nuevo estudio de detalle, que, sin embargo, "consolida la ocupaci¨®n de la parcela 16, ya que los nuevos planos que lo representaban reflejaban su prolongaci¨®n en el terreno correspondiente a dicha parcela de uso p¨²blico". Dicho estudio fue aprobado en pleno el 17 de febrero de 2000, con informe favorable del arquitecto, y pese a las advertencias en contra de Izquierda Unida, seg¨²n asegura la concejal Encarnaci¨®n Ruiz.

Ante estos hechos, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Torremolinos, Guillermo Cort¨¦s Garc¨ªa-Moreno, aprecia indicios "de la presunta comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n" administrativa, recogido en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal. As¨ª, el Ayuntamiento efectu¨® "una alteraci¨®n de la superficie de una parcela de suelo p¨²blico, que se consolida con la aprobaci¨®n de un estudio detalle, lo que resulta absolutamente improcedente de acuerdo con la normativa urban¨ªstica".

Seg¨²n la ley aplicable, la modificaci¨®n de la zonificaci¨®n de zonas verdes o de espacios libres exige acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, previo dictamen favorable del Consejero de Obras P¨²blicas y del Consejo Consultivo. Por tanto, prosigue el auto, "la falta de competencia es absoluta en el presente caso". El juez es tajante: "Se ha desbordado la legalidad de forma patente y clamorosa".

Adem¨¢s, considera que se ha producido "el plus de antijuridicidad" que exige el delito de prevaricaci¨®n frente a la mera ilegalidad administrativa, al verse "afectados los intereses generales (...) en beneficio de promotores particulares". As¨ª, la consecuencia de la alteraci¨®n de superficie de suelo p¨²blico es que el Consistorio "va a permitir, en ¨²ltima instancia, la urbanizaci¨®n y edificaci¨®n de parte de ese suelo a unos particulares".

El auto tambi¨¦n considera "acreditado que los denunciados llegaron a conocer la ocupaci¨®n", como lo demuestra el nuevo estudio de detalle, que consolida la ocupaci¨®n, pese a lo cual se aprueba. Por tanto, el juez ordena que se contin¨²e la tramitaci¨®n de las diligencias previas por los tr¨¢mites del procedimiento abreviado, juicio oral en delitos menos graves.

La instrucci¨®n, que se inici¨® hace cuatro a?os, estuvo dos a?os paralizado en el Tribunal Supremo, por la condici¨®n de aforado que ten¨ªa Villanova, que fue senador popular. En su escrito de acusaci¨®n, IU pide alternativamente la misma pena que el fiscal o seis meses de prisi¨®n por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio.