El Estatuto valenciano abre el debate sobre el modelo de Estado

Cuando la mayor¨ªa de las miradas estaban puestas en Catalu?a, la Comunidad Valenciana se col¨® de rond¨®n, y ahora va a abrir el debate sobre el modelo de Estado en el Congreso de los Diputados. Tras el rechazo del plan Ibarretxe, la reforma del Estatuto valenciano es la primera que llega al Congreso con garant¨ªas de ser aprobada y hoy ser¨¢ registrada, tras quedar ratificada por las Cortes Valencianas el pasado viernes. Desde 1998, cuando se tramitaron 11 reformas estatutarias, no se hab¨ªa registrado en el Congreso ninguna otra modificaci¨®n estatutaria con posibilidades de ¨¦xito.

"Ahora no somos iguales que las denominadas comunidades hist¨®ricas, somos pioneros en el proceso [de impulso auton¨®mi-co] que se abri¨® el 14-M", asegura el secretario general del Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano (PSPV-PSOE), Joan Ignasi Pla.

PP y PSOE tem¨ªan que se les adelantaran los redactores del Estatuto catal¨¢n

Socialistas y populares han acordado la creaci¨®n de un Servicio Tributario Valenciano

La reforma, que se debatir¨¢ en el Congreso en el pr¨®ximo periodo de sesiones, equipara a la Comunidad Valenciana a las autonom¨ªas del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n en dos cuestiones b¨¢sicas: otorga al presidente de la Generalitat la potestad de disolver el Parlamento para convocar elecciones y prev¨¦ que futuras reformas en el Estatuto tendr¨¢n que ser ratificadas mediante refer¨¦ndum.

Adem¨¢s, el nuevo Estatuto prev¨¦ la creaci¨®n de un Servicio Tributario Valenciano y de un Consell de la Justicia.

La necesidad de que exista un pacto de Estado previo para iniciar un nuevo proceso de descentralizaciones era una de las condiciones que compart¨ªan el PP y el PSOE. Fuentes del PP valenciano reconocen que Mariano Rajoy necesitaba abrir alg¨²n espacio de di¨¢logo con el Gobierno de Jos¨¦ Lu¨ªs Rodr¨ªguez Zapatero en un curso marcado por la confrontaci¨®n pol¨ªtica. Un curso que ha ofrecido una imagen de aislamiento del PP en el Congreso repetida con demasiada frecuencia. Adem¨¢s, Rajoy, que anunci¨® al llegar a la presidencia del PP, que iba a apoyarse en los ayuntamientos y las comunidades aut¨®nomas para recuperar el Gobierno, no pod¨ªa tampoco desairar a quien se ha convertido en uno de sus principales barones territoriales: el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El l¨ªder del PP en la Comunidad Valenciana ha llegado a convertir en aut¨¦ntica obsesi¨®n la necesidad de ser el primero en llevar la reforma estatutaria a Madrid. Camps logr¨® a finales de octubre del a?o pasado la autorizaci¨®n de Rajoy para introducir en la reforma estatutaria la capacidad plena de disoluci¨®n del Parlamento valenciano, lo que permite convocar elecciones con autonom¨ªa plena, tal y como hacen Galicia, Catalu?a, Andaluc¨ªa y el Pa¨ªs Vasco.

Tras lograr lo que no hab¨ªa conseguido su antecesor, Eduardo Zaplana, Camps inst¨® a los socialistas a cerrar un acuerdo para llevar el nuevo Estatuto a Madrid "antes de que se cerrase la ventana" y la pol¨ªtica espa?ola impidiese el pacto. "Si el Estatuto catal¨¢n llega primero al Congreso, se complicar¨¢ la situaci¨®n y nos volveremos a quedar los ¨²ltimos, como nos ha sucedido siempre", repet¨ªan en el entorno de Camps.

El l¨ªder del PP valenciano, influido adem¨¢s por las pugnas internas que mantiene con los seguidores de Zaplana, opt¨® por meter presi¨®n. As¨ª, la ponencia de las Cortes Valencianas para la reforma del Estatuto aceler¨® sus trabajos y present¨® un singular informe en el que se recog¨ªan por igual los puntos de acuerdo entre los tres grupos parlamentarios -PP, PSPV y Esquerra Unida- y las divergencias.

En este ambiente, Camps se entrevist¨® con Rajoy en Madrid el pasado 4 de abril, mientras Zapatero y Pla manten¨ªan en la sede del PSOE una conversaci¨®n similar. En ambas se fijaron los l¨ªmites de la reforma.

El PP se?al¨® como requisitos irrenunciables que la reforma estuviese dentro de la Constituci¨®n, que contase con el doble consenso de los partidos mayoritarios en Valencia y en Madrid, y que no se modificase ninguna legislaci¨®n b¨¢sica del Estado.

Pla, con la indicaci¨®n de Zapatero de que deb¨ªa llegar a un acuerdo con el PP para desbloquear la reforma estatutaria aunque conllevara alg¨²n coste pol¨ªtico, plante¨® como irrenunciables la inclusi¨®n de una agencia tributaria concertada y la creaci¨®n de un Consejo de Justicia. Dos piezas fundamentales para dar un nuevo impulso al Estado auton¨®mico y frenar las aspiraciones nacionalistas de establecer relaciones bilaterales con la Administraci¨®n central en materias tan sensibles como la financiaci¨®n y la justicia.

El 6 de abril, las Cortes Valencianas aprobaron la ponencia y la negociaci¨®n pas¨® a los despachos de los portavoces parlamentarios: dos del PP, dos del PSPV y uno de EU que asum¨ªan la responsabilidad de presentar una nueva redacci¨®n del Estatuto. La din¨¢mica negociadora entre el PP y el PSPV llev¨® a Esquerra Unida a verse desbordada en una negociaci¨®n que termin¨® por abandonar.

Mientras, Camps segu¨ªa proponiendo fechas emblem¨¢ticas para aprobar la reforma y meter prisa. Primero, el 25 de abril, que conmemora la batalla de Almansa (1707), en la que los valencianos perdieron los fueros. Luego, el d¨ªa de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Y, posteriormente, el 1 de julio, fecha en la que se aprob¨® el actual Estatuto hace 23 a?os, y que ha sido la definitiva.

Sin embargo, entre el 25 de abril y el 26 de mayo -fecha en la que se anunci¨® el acuerdo entre el PP y el PSPV y se tramit¨® en las Cortes Valencianas- populares y socialistas han estado atenazados por el temor de quedarse cortos en la reforma y ser sobrepasados ampliamente por los catalanes.

Ese temor se ha resuelto de dos maneras diferentes, ambas reflejadas en el Estatuto valenciano. Camps opt¨® por incluir una cl¨¢usula que lleva su nombre -aunque fue inspirada por la secretaria de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PP, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa- y que sufri¨® varias modificaciones hasta ser incluida como disposici¨®n adicional segunda. Esta cl¨¢usula, cuya viabilidad cuestionan expertos constitucionalistas, se?ala que cualquier competencia que el Estado otorgue a otra autonom¨ªa ser¨¢ de aplicaci¨®n a la Comunidad Valenciana.

El socialista Pla, tras mantener una intensa ronda de contactos -que incluy¨® a Pasqual Maragall, Manuel Chaves, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, Pedro Solbes y Jordi Sevilla, entre otros- se atrincher¨® tras la exigencia de la agencia tributaria y la inclusi¨®n de un art¨ªculo en el que se reclama que la poblaci¨®n sea un criterio prioritario a la hora de fijar la financiaci¨®n auton¨®mica.