Alcaldes y empresas bajo sospecha

Cinco gobiernos del PP en la provincia de Alicante est¨¢n en el ojo del hurac¨¢n por distintos esc¨¢ndalos, sobre todo de ¨ªndole urban¨ªstica. En todos los casos hay procesos judiciales en marcha, dos de ellos bajo intervenci¨®n directa de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Estos ¨²ltimos afectan a alcaldes hist¨®ricos de la Vega Baja: el de Torrevieja, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, denunciado por la oposici¨®n tras haber ganado 5,2 millones de euros en una operaci¨®n inmobiliaria con una de las promotoras m¨¢s potentes del municipio; y el de Orihuela, Jos¨¦ Manuel Medina, con una investigaci¨®n judicial en marcha tras el esc¨¢ndalo del interventor municipal, que estuvo varios d¨ªas desaparecido antes de entregarse a la polic¨ªa, autoinculparse de haberse quedado dinero e implicar a ediles populares en un pu?ado de irregularidades graves.

La capital alicantina lleva tres a?os lastrada por el esc¨¢ndalo de Mercalicante, el presunto desfalco de unos seis millones de euros en esta sociedad que preside el alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi. ?ste est¨¢ imputado en la causa, como m¨¢ximo responsable de esta firma que lleg¨® a la quiebra t¨¦ctica.

Tambi¨¦n el gobierno de La Vila Joisa, en la Marina Baixa, est¨¢ bajo supervisi¨®n judicial por varios esc¨¢ndalos urban¨ªsticos que encabeza el complejo hotelero Atrium Beach. El Ayuntamiento no par¨® la construcci¨®n de 11 plantas de m¨¢s de ese hotel, lo que ha derivado en la sanci¨®n m¨¢s alta impuesta a un promotor por el Consell: 12 millones de euros.

Benidorm no ha escapado a esta oleada. Su alcalde, Vicente P¨¦rez Devesa, est¨¢ imputado por amenazas -despidi¨® a seis asesores socialistas tras negarse estos a que un pabell¨®n deportivo llevara el nombre de Eduardo Zaplana-. Ayer, los socialistas de Benidorm pusieron el dedo en una nueva llaga; la investigaci¨®n judicial de un fraude del IVA en un entramado de empresas que han facturado a Terrra M¨ªtica y al Ayuntamiento. Los socialistas pidieron ayer a la Agencia Tributaria que ampl¨ªe la investigaci¨®n en marcha a varias adjudicaciones municipales de 180.300 euros por "unos trabajos que no se aplicaron".

En Castell¨®n, adem¨¢s del caso Fabra, el alcalde de Vila-rea, Manuel Vilanova, se sentar¨¢ el lunes en el banquillo acusado de prevaricaci¨®n y delito ecol¨®gico por no hacer caso de reiteradas denuncias de unos vecinos sobre el exceso de ruido de una azulejera. En Valencia, la empresa de la Generalitat que se dedica a la construcci¨®n de colegios, Ciegsa, est¨¢ tambi¨¦n bajo sospecha despu¨¦s de que se quemase, presuntamente de manera intencionada, un almac¨¦n y fuese forzada la entrada en sus oficinas.