La Audiencia ordena indemnizar a los padres de las ni?as de Alc¨¤sser con 1,8 millones

La Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar con 600.000 euros a los padres de cada una de las ni?as de Alc¨¤sser asesinadas por entender que hubo un nexo causal entre el permiso penitenciario concedido a Antonio Angl¨¦s de forma inadecuada y las violaciones y asesinatos de las tres adolescentes. La Audiencia de Valencia y el Supremo hab¨ªan negado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado cuando condenaron a 170 a?os de c¨¢rcel a Miguel Ricart. Ahora, la Audiencia Nacional ha reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado por anormal funcionamiento de los servicios p¨²blicos.

Lo novedoso de la sentencia es que Angl¨¦s no fue condenado por el triple crimen, puesto que estaba huido y declarado en rebeld¨ªa, pero los magistrados se apoyan en la sentencia de la Audiencia de Valencia en la que se se?alaba que los delitos fueron realizados por Miguel Ricart "en compa?¨ªa de otro var¨®n identificado y que no se encuentra a disposici¨®n del tribunal".

Y el tribunal identifica a Angl¨¦s como la persona a la que se refiere la sentencia por la declaraci¨®n sumarial de Ricart y por el relato de hechos del auto de procesamiento.

El caso es que Angl¨¦s -cuyo rastro se ha perdido y del que se dijo que se hab¨ªa ahogado en aguas de Irlanda- se encontraba cumpliendo siete condenas en 1992 cuando el juez de vigilancia penitenciaria le concedi¨® un permiso de siete d¨ªas con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisi¨®n.

Angl¨¦s cumpl¨ªa una condena de seis a?os y cuatro meses de prisi¨®n por detenci¨®n ilegal, aunque tambi¨¦n estaba condenado por receptaci¨®n, robo, delito contra la salud p¨²blica, contra el medio ambiente, tenencia y tr¨¢fico de drogas y dos delitos de atentado. Y a pesar de ello, el 5 de marzo de 1992 sali¨® de permiso oficial durante siete d¨ªas y no regres¨® a prisi¨®n. Hasta el 10 de septiembre de ese a?o no se dict¨® el auto de busca y captura, pero, seg¨²n la sentencia, ello no fue determinante en que no fuera detenido.

Angl¨¦s y su colega Ricart secuestraron, violaron y asesinaron a las tres ni?as de Alc¨¤sser (Valencia) los d¨ªas 13 y 14 de noviembre de 1992.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco D¨ªaz Fraile, destaca el "nexo causal" (...) "pues el abuso del permiso concedido por las autoridades penitenciarias [a Angl¨¦s] fue el origen de los delitos cometidos".

As¨ª, la sentencia recuerda la doctrina del Supremo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la concesi¨®n de beneficios penitenciarios, en general, y de los permisos de salida, en particular. Los requisitos son "que el particular sufra una lesi¨®n en sus bienes y derechos que no tenga obligaci¨®n de soportar; que sea real, concreta y susceptible de evaluaci¨®n econ¨®mica; que la lesi¨®n sea imputable a la Administraci¨®n y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p¨²blicos y que, por tanto, exista relaci¨®n de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesi¨®n".

El tribunal se?ala que "resulta cierto que desde un punto de vista estrictamente objetivo el permiso concedido se revel¨® como gravemente inadecuado y, por ende, cabe hablar de una anormalidad en el funcionamiento del servicio penitenciario".

Se trata de un riesgo creado en inter¨¦s general cuyos efectos, dice el tribunal, debemos soportar entre todos.

"La trayectoria delictiva de Antonio Angl¨¦s le convert¨ªa en un delincuente habitual, teniendo un pron¨®stico desfavorable de adaptabilidad social, lo que unido al resto de sus circunstancias personales y familiares [internado en instituciones ben¨¦ficas desde los cuatro a los 16 a?os y padre alcoh¨®lico] (...) pod¨ªa desaconsejar la concesi¨®n del beneficio de los permisos de salida", dice la sentencia.

Los magistrados aventuran que es este caso "no hubiera sido aventurado hacer un juicio de probabilidad acerca del quebrantamiento de la condena o de la comisi¨®n de nuevos delitos a la vista del historial delictivo del interesado y sus peculiares circunstancias, como de forma tan desgraciada se confirm¨® despu¨¦s por los hechos de referencia del 13 y 14 de noviembre de 1992".

As¨ª, la sentencia precisa que "al riesgo ¨ªnsito a todo permiso penitenciario se le a?adi¨® un riesgo adicional debido a las circunstancias peculiares que concurr¨ªan en el interesado". El "riesgo potenciado y la enormidad del da?o producido", dice el texto, "son razones (...) que explican la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, que ha de asumir los costos de los eventuales fracasos penitenciarios como contrapartida de los beneficios que representan con car¨¢cter general".

Los demandantes, agrega la sentencia, no deben soportar a t¨ªtulo particular los perjuicios sufridos y debe ser la Administraci¨®n la que "asuma en su totalidad la indemnizaci¨®n del da?o producido al derivar de un riesgo creado por ella misma".