Trabajo pone reparos a que la 'mili' cotice para cobrar pensi¨®n

Un mill¨®n de pensionistas (exactamente 1.003.069, el 12,5% del total) ver¨¢n mejorada su pensi¨®n, con un aumento medio de 17,61 euros mensuales, si prospera la iniciativa de CiU de que el servicio militar o la prestaci¨®n sustitutoria cuenten como tiempo cotizado a efectos de pensi¨®n. Un informe que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha remitido al Congreso pone reparos a esta medida debido a su coste, que cifra en 267 millones al a?o.

La Comisi¨®n de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprob¨® el 23 de septiembre del pasado a?o una proposici¨®n no de ley que instaba al Gobierno para que, "en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo y a trav¨¦s del di¨¢logo social, aborde la problem¨¢tica del posible reconocimiento del periodo de tiempo dedicado al servicio militar obligatorio y a la prestaci¨®n social sustitutoria para la incidencia en las percepciones de prestaciones de la Seguridad Social". Adem¨¢s, ped¨ªa al Gobierno que enviase, en un plazo de ocho meses, un estudio sobre el coste de esa medida.

Dicho estudio, fechado el pasado 16 de mayo y elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cifra en 1.003.069 el n¨²mero actual de pensionistas varones a los que, al jubilarse, se aplic¨® una base inferior al 100% de la base reguladora, por no haber cumplido 35 a?os de cotizaci¨®n.

"Seg¨²n la regla general, un a?o adicional de cotizaci¨®n comprendido entre el 16? y el 25?, ambos incluidos, supone un [aumento del] 3% de la base reguladora; a partir del 26?, un 2%".

En consecuencia, seg¨²n el estudio, el incremento de dos puntos supondr¨ªa un gasto suplementario de 247,28 millones de euros al a?o, contando tanto el aumento inicial de la pensi¨®n como las revalorizaciones anuales, que experimentar¨ªa un aumento medio mensual de 17,61 euros.

Pacto de Toledo

Adem¨¢s, seg¨²n datos de 2004, cada a?o hay 65.299 nuevos pensionistas varones que no perciben complemento de m¨ªnimos y cuyas pensiones no alcanzan el 100%, que podr¨ªan beneficiarse de la medida con un coste anual de otros 20,17 millones de euros.

Por ¨²ltimo, habr¨ªa que contar con los jubilados que no tienen derecho a cobrar pensi¨®n contributiva por no llegar al m¨ªnimo de 15 a?os de cotizaci¨®n y s¨ª podr¨ªan tener derecho a ella si se contabilizara el tiempo de mili.

A partir de estos c¨¢lculos, el informe no oculta sus reparos a la iniciativa, que considera contraria a "los principios de contribuci¨®n y proporcionalidad", fijados por el Pacto de Toledo, y que no beneficiar¨ªa a quienes ya cobran la pensi¨®n m¨¢xima, al haber cotizado 35 a?os o m¨¢s.

"En cualquier caso", concluye, "de llevar a cabo la medida indicada, la misma deber¨ªa quedar circunscrita a la acreditaci¨®n de los periodos de cotizaci¨®n exigibles para el acceso a prestaciones econ¨®micas de la Seguridad Social y siempre que la realizaci¨®n del servicio militar hubiera sido posterior al inicio de una actividad laboral, suspendida por el cumplimiento" del mismo.

Carles Campuzano, diputado de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) e impulsor de la iniciativa, discrepa profundamente de estos reparos. Recuerda que el fondo de reserva de la Seguridad Social, al que el Gobierno acaba de inyectar 3.500 millones de euros, tiene ya una dotaci¨®n de 27.000 millones, por lo que "hay margen para mejorar las prestaciones".

Campuzano agrega que, en la medida en que el servicio militar y la prestaci¨®n social sustitutoria (PSS) se han suprimido, el coste de esta medida tender¨¢ a reducirse o desaparecer a largo plazo. "Se trata", alega, "de resolver el problema de una generaci¨®n, que ha tenido que dedicar a la sociedad un a?o o m¨¢s de su vida".

Pero, sobre todo, argumenta, "es una cuesti¨®n de estricta justicia". En su opini¨®n, Trabajo se equivoca cuando alega que su propuesta va en contra del principio de contributividad.

"Nadie puede decir que estas personas no han contribuido a la sociedad", afirma, "cuando se les oblig¨® a trabajar para el Estado sin recibir nada a cambio, tuvieron que suspender sus estudios o abandonar su empleo, y ahora, cuatro d¨¦cadas despu¨¦s vuelven a ser discriminados respecto a quienes se libraron por una raz¨®n un otra. No es l¨®gico que cobren una pensi¨®n reducida o no tengan derecho a ninguna s¨®lo porque se vieron imposibilitados de cotizar a la Seguridad Social mientras hac¨ªan la mili o la prestaci¨®n sustitutoria".

En septiembre, concluye, CiU volver¨¢ a plantear el asunto en el Congreso y espera contar entonces con el apoyo de los dem¨¢s grupos, incluido el socialista.