Los socialistas de C¨¢diz reclaman los expedientes de un promotor

El PSOE ha pedido al Ayuntamiento de C¨¢diz, que gobierna el PP, todos los expedientes de licencias urban¨ªsticas de fincas del centro de la ciudad y requerimientos de obra abiertos por el Consistorio gaditano al empresario inmobiliario, Enrique Arroyo, se?alado por dos presidentes vecinales como asustaviejas, t¨¦rmino usado para designar a promotores que desalojan viviendas mediante supuestas coacciones. Con estos documentos, los socialistas tratan de aclarar cu¨¢l es la relaci¨®n existente entre el equipo de gobierno y Arroyo.

La empresa de este promotor, Servicio Inmobiliaria de Gesti¨®n Saea, obtuvo, al menos, 19 licencias por parte del Ayuntamiento para hacerse cargo inmuebles del casco antiguo. A su vez, el equipo de gobierno hab¨ªa asegurado que contra este empresario se han abierto en los ¨²ltimos meses 73 expedientes de requerimiento de obra, algunos de ellos, sancionadores. El Ayuntamiento hac¨ªa p¨²blicos estos datos recientemente tras conocerse que un poder notarial vinculaba a Arroyo con el concejal de Urbanismo y abogado, Jos¨¦ Loaiza, el teniente de alcalde, Enrique Garc¨ªa Agull¨®, y el marido de la concejala de la Mujer, Mercedes Colombo, Alfonso Pozuelo, socio de despacho de Loaiza. El Consistorio afirma que no existe connivencia entre el promotor y la administraci¨®n municipal. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de C¨¢diz, Rafael Rom¨¢n explic¨® que con su petici¨®n de documentos no trata de "demonizar" a nadie sino aclarar e investigar las relaciones entre Enrique Arroyo y el equipo de gobierno. El pr¨®ximo lunes, el Ayuntamiento celebrar¨¢ un pleno extraordinario sobre este conflicto.

Rom¨¢n pide dos relevos

Rom¨¢n tambi¨¦n anunci¨® ayer que reclamar¨¢ en pleno municipal el nombramiento de dos nuevos vocales del comit¨¦ ejecutivo de la Zona Franca gaditana, que sustituyan a los actuales representantes del Consistorio en el recinto fiscal, Ignacio Roman¨ª y Enrique Garc¨ªa Agull¨®, ambos concejales del Partido Popular. Seg¨²n Rom¨¢n, han demostrado ser unos "in¨²tiles desde el punto de vista pol¨ªtico" porque "no vieron" los desmanes que se estaban cometiendo.

Las supuestas irregularidades han dejado un agujero econ¨®mico que puede alcanzar los 81 millones de euros. Las operaciones m¨¢s conflictivas se han localizado en la compa?¨ªa alimenticia Quality Food y en la sociedad inform¨¢tica Rilco, dos empresas propiedad de la Zona Franca, que, tras investigar la Abogac¨ªa y la Intervenci¨®n General del Estado y el Tribunal de Cuentas, han llegado a la justicia ordinaria a trav¨¦s de querellas ya presentadas o anunciadas por los responsables del recinto fiscal.

Seg¨²n Rom¨¢n, los ediles del PP, como representantes del Ayuntamiento en el comit¨¦ ejecutivo de este organismo, debieron advertir estas anomal¨ªas en la gesti¨®n. "No se percataron y, si lo vieron, nada dijeron, lo que ser¨ªa peor todav¨ªa", sostuvo.