Guerra cuestiona la constitucionalidad del Estatut en el articulado de Justicia, Hacienda y el valenciano

El presidente de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, se reuni¨® hace unos d¨ªas con la secretaria ejecutiva de pol¨ªtica auton¨®mica del PP, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, para plantearle sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos art¨ªculos del proyecto de Estatut valenciano, seg¨²n fuentes conocedoras del encuentro. Estas fuentes apuntaron que Guerra se mostr¨® preocupado por la viabilidad de los art¨ªculos que conciernen a la Administraci¨®n de Justicia, al servicio tributario, a la llamada cl¨¢usula Camps, al uso del valenciano y la carta de derechos.

El dirigente socialista tambi¨¦n cuestiona la llamada 'cl¨¢usula Camps'

Por lo que respecta a la Administraci¨®n de Justicia, Guerra se mostr¨® especialmente reticente por los art¨ªculos que se refieren al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) valenciano, el derecho foral y la creaci¨®n de un Consell propio y a las competencias que se puedan derivar. S¨¢enz de Santamar¨ªa, sin embargo, insisti¨® ante Guerra en que, a su juicio, no se da al TSJCV ninguna nueva competencia, puesto que no podr¨¢ crear jurisprudencia en ning¨²n caso y su doctrina ser¨¢ siempre susceptible de recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Puntualiz¨® que este ¨®rgano judicial s¨®lo ser¨ªa ¨²ltima instancia para la interpretaci¨®n del derecho foral valenciano y el auton¨®mico, tal y como ya se recoge en las leyes procesales.

Ambos dirigentes pol¨ªticos tambi¨¦n intercambiaron puntos de vista sobre la constitucionalidad del futuro Consell de Justicia valenciano, recogido en una reforma del Estatut pactada por el PP valenciano y el PSPV-PSOE. Guerra opin¨® que este nuevo ¨®rgano puede rebasar los l¨ªmites de la Carta Magna, mientras que la secretaria ejecutiva del PP aleg¨® que no se ha creado como instituci¨®n delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni para hacer nombramientos, sino para ejercitar funciones en el ¨¢mbito de competencias ya transferidas y vinculadas a la gesti¨®n de recursos materiales y humanos y, al tiempo, dar cabida a las opiniones de los jueces afectados.

La creaci¨®n del servicio tributario valenciano en r¨¦gimen de descentralizaci¨®n funcional tambi¨¦n fue motivo de an¨¢lisis. El PP defiende que, en este caso, se trata de convertir la Direcci¨®n General de Tributos de la Generalitat valenciana en un organismo p¨²blico descentralizado, sin otorgarle m¨¢s competencias que las que ya posee o sean determinadas por ley org¨¢nica. Adem¨¢s, S¨¢enz de Santamar¨ªa subray¨® ante Guerra que tampoco se prev¨¦ que este nuevo servicio tributario pueda ejercer ninguna competencia en el ¨¢rea de tributos compartidos, aunque s¨ª en los cedidos por el Estado y seg¨²n la legislaci¨®n vigente.

Alfonso Guerra, tal y como ya hiciera p¨²blicamente en algunos cursos de verano, critic¨® las referencias del nuevo Estatut al uso del valenciano y al hecho de que no se especifique el derecho a la ense?anza en castellano. El art¨ªculo s¨¦ptimo del proyecto determina: "La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la ense?anza de, y en, el idioma valenciano".

A esto, el PP replica que el Estatut establece un derecho sin imponer una obligaci¨®n y que es respetuoso con el biling¨¹ismo, ya que no establece el valenciano en zonas donde se habla mayoritariamente el espa?ol. Otro de los asuntos que preocupaba a Guerra era el hecho de que el Estatut incluya una Carta de Derechos que ya est¨¢n recogidos en la Constituci¨®n de 1978. No obstante, S¨¢enz de Santamar¨ªa cree que los derechos recogidos en ese apartado estatutario "no se solapan" en ning¨²n momento con la Constituci¨®n porque aluden a principios rectores que la Generalitat debe garantizar a los valencianos, como el derecho al agua.

Guerra y S¨¢enz de Santamar¨ªa intercambiaron criterios tambi¨¦n acerca de la disposici¨®n adicional del proyecto conocida como cl¨¢usula Camps -que da a Valencia la posibilidad de solicitar competencias ya cedidas a otras autonom¨ªas- y cuya constitucionalidad y viabilidad jur¨ªdica han puesto en duda distintos juristas.

Para el PP, esa cl¨¢usula no tiene car¨¢cter vinculante, sino que ofrece a la Generalitat valenciana la oportunidad de promover iniciativas legislativas para que, en el caso de que otras comunidades obtengan competencias mediante el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, Valencia pueda reclamarlas tambi¨¦n.