La Carta de Barcelona
La Carta Municipal de Barcelona aprobada por el Consejo de Ministros, que ser¨¢ discutida y votada a partir de septiembre en el Congreso de los Diputados, mejora las competencias y la financiaci¨®n de la capital catalana, una ciudad con un mill¨®n y medio de habitantes en el centro de una conurbaci¨®n que suma otros tres, dimensiones muy
parecidas a las de Madrid.
Llegar hasta este punto ha requerido casi 20 a?os de reclamaciones reiteradas por parte del Consistorio, que siempre choc¨® con la oposici¨®n de la Generalitat de CiU, m¨¢s dispuesta a favorecer la Catalu?a rural, su vivero de votos, que a la urbana. El pleno municipal consigui¨® aprobar la Carta en 1997 con el apoyo de todos los grupos y un a?o despu¨¦s el Parlament la ratific¨®. Hace un par de semanas se sell¨® con el ministro de Administraciones P¨²blicas el acuerdo final del texto que se remitir¨¢ a las Cortes con el apoyo del grupo municipal de CiU y la tibia abstenci¨®n del Partido Popular.
La Carta tiene dos partes: una, m¨¢s dom¨¦stica, que obliga a la colaboraci¨®n estrecha entre el Ayuntamiento y la Generalitat, por ejemplo, en la creaci¨®n de consorcios para la promoci¨®n de vivienda p¨²blica, la educaci¨®n o el bienestar social. Y otra m¨¢s general, en materias como la financiaci¨®n, donde la ley prev¨¦ la cesi¨®n directa de impuestos que ahora recauda el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales). Igualmente, estipula el concurso del Estado en infraestructuras hasta ahora financiadas en exclusiva por las arcas municipales, pero cuya trascendencia excede las dimensiones de la ciudad, y, en sentido inverso, contempla la participaci¨®n del gobierno municipal en infraestructuras estrat¨¦gicas dependientes de la Administraci¨®n del Estado, tales como el puerto, el aeropuerto o la red ferroviaria de cercan¨ªas. La Carta obligar¨¢ tambi¨¦n a modificaciones judiciales. La introducci¨®n de la llamada "justicia de proximidad" para peque?os conflictos vecinales, dirimidos no por jueces de carrera, sino por licenciados en derecho, ha desencadenado ya un proceso de cambios en la legislaci¨®n del sistema judicial.
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