El informe de los 'sabios' excluye el copago para reducir el d¨¦ficit
El estudio s¨®lo da recomendaciones gen¨¦ricas para frenar el gasto
La introducci¨®n del copago para contribuir a sufragar el d¨¦ficit sanitario -posibilidad que ha levantado ampollas en algunas comunidades- no forma parte del debate entre el grupo de expertos nombrado por el Gobierno. El informe encargado por el Ejecutivo de Zapatero no contempla esta medida. De hecho, el estudio no incide en ning¨²n momento en c¨®mo aumentar los recursos; s¨®lo se limita a dar recomendaciones gen¨¦ricas para reducir el gasto.
El informe de los expertos sobre gasto sanitario, coordinado por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, pondr¨¢ encima de la mesa en la pr¨®xima Conferencia de Presidentes el d¨¦ficit de la sanidad de las comunidades aut¨®nomas, de 4.900 millones de euros en 2003 (v¨¦ase EL PA?S de ayer), pero no aporta ninguna receta para financiar esta sangr¨ªa. Entre los expertos hay miembros del Ministerio de Sanidad, de los gobiernos aut¨®nomos y de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, adscrita a Econom¨ªa.
El documento, de 400 p¨¢ginas, lanza una serie de propuestas para "racionalizar" el gasto. Se trata de recomendaciones gen¨¦ricas, pero no hay ninguna medida concreta, ni de tipo presupuestario ni fiscal. La introducci¨®n del copago (el abono de un euro por receta o acto sanitario, por ejemplo), una de las posibles medidas que m¨¢s pol¨¦mica ha suscitado en autonom¨ªas como Catalu?a, se excluye, pese a que el gasto en recetas es el componente del gasto sanitario que m¨¢s se ha disparado entre 1999 y 2003.
Abonar una cantidad por receta "no ofrece ninguna soluci¨®n financiera", se?alan acad¨¦micos consultados por este diario, "adem¨¢s de provocar una asimetr¨ªa de la informaci¨®n, puesto que el gasto lo genera el m¨¦dico, no el paciente". El presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, tambi¨¦n ha rechazado frontalmente el copago, aunque se muestra partidario de dejar "absoluta libertad" a las comunidades aut¨®nomas para que puedan subir impuestos.
El vicepresidente econ¨®mico del Gobierno, Pedro Solbes, en l¨ªnea con su secretario de Estado de Hacienda, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, se muestra abierto a que, si las comunidades lo proponen, se modifique el actual sistema de copago. Pero siempre que se mantenga como elemento diferencial los ingresos, no la categor¨ªa laboral: "El hecho de que una persona est¨¦ jubilada, si tiene unos ingresos altos, no le excluye de tener que pagar impuestos".
Solbes se ha mostrado partidario de aumentar la capacidad normativa de las comunidades en varios tributos con el objetivo de que puedan subir impuestos, por ejemplo sobre el tabaco y el alcohol, para reducir el d¨¦ficit sanitario.
Centralizar las compras
Para reducir los gastos, la primera medida que propone el informe es la "introducci¨®n de mecanismos que permitan frenar el ritmo de crecimiento de los consumos intermedios", como la "centralizaci¨®n de compras de los productos sanitarios de uso hospitalario".
El trabajo revela que la partida que m¨¢s ha contribuido a disparar el coste de la salud, en el periodo 1999-2003, fue la de consumos intermedios (compra de material para centros sanitarios), con una tasa de crecimiento del 12,16%, tres puntos por encima de la tasa de aumento del gasto sanitario total.
Las compras de productos ganan peso en todas las comunidades. En 2003, esta partida supon¨ªa m¨¢s de una quinta parte de la factura sanitaria para Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Canarias, Cantabria, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Madrid y Melilla.
Los consumos intermedios representan el 21% del gasto total. La remuneraci¨®n de asalariados (gastos de personal) supone el 45,8%, seguida de las transferencias corrientes (b¨¢sicamente, gasto en recetas), con un 24,5%. Pero el gasto de personal ha ido perdiendo peso, aunque hay una gran disparidad entre comunidades.
Las del antiguo Insalud, que asumieron la transferencia de la sanidad en 2002, han ido incrementando los sueldos con el objetivo de equilibrarlos con los del nivel de las autonom¨ªas que ya ten¨ªan las competencias transferidas. "De continuar este efecto, es de esperar que se produzca una espiral inflacionista que presionar¨¢ los gastos de personal", advierte el informe.
Junto a la centralizaci¨®n de las compras, el trabajo propone varias medidas m¨¢s:
- Asegurar el uso racional de los medicamentos con gu¨ªas farmacol¨®gicas, programas de "protocolizaci¨®n de la prescripci¨®n", control de las visitas m¨¦dicas o la promoci¨®n de los gen¨¦ricos. El objetivo es atajar el gasto en farmacia, que es la partida funcional que m¨¢s se dispara. Las recetas suponen casi una cuarta parte de la factura sanitaria.
- Concienciar a los usuarios con medidas destinadas a incentivar el uso racional de los servicios sanitarios para que distingan la cartera de servicios b¨¢sicos de los complementarios.
- Gu¨ªas de pr¨¢ctica sanitaria. El uso racional de los servicios tambi¨¦n es responsabilidad de los profesionales sanitarios.
- Incentivos a los profesionales sanitarios con el objetivo de aumentar la calidad asistencial y para que se corresponsabilicen del gasto. Fijaci¨®n de las retribuciones con cooperaci¨®n de los servicios auton¨®micos de salud para limitar el "insostenible" crecimiento de los gastos de personal.
- Reforzar el papel de las agencias de evaluaci¨®n de nuevas tecnolog¨ªas.
- Potenciar la atenci¨®n primaria y desarrollar el sistema de informaci¨®n sanitaria.
Debate en Catalu?a
El informe de los sabios del Gobierno llega meses despu¨¦s de otro estudio de otro grupo de expertos, encargado por el Ejecutivo catal¨¢n. Una propuesta inicial, que finalmente fue descartada, planteaba que los usuarios pagaran dos euros por cada receta para reducir gastos. El informe definitivo propone medidas con mayor concreci¨®n que el estudio del Gobierno, aunque rechaza tambi¨¦n la f¨®rmula del copago. Entre ellas destaca la dispensaci¨®n directa de f¨¢rmacos en geri¨¢tricos y ambulatorios para que la Administraci¨®n se ahorre el porcentaje sobre el precio que se quedan las farmacias (el 27,9%), y una mayor participaci¨®n de las comunidades en tributos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
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