Impuestos sanitarios

Las autonom¨ªas tendr¨¢n que asumir el desgaste de recaudar m¨¢s impuestos para financiar su deuda sanitaria. Eso es lo esencial de la propuesta que el Gobierno llevar¨¢ a la Conferencia de Presidentes auton¨®micos del pr¨®ximo d¨ªa 10. El acuerdo no ser¨¢ f¨¢cil, porque el PP se opone a que las comunidades que gobierna asuman una subida de impuestos que va contra sus compromisos program¨¢ticos. Sin embargo, fue el Gobierno el Partido Popular, cuando gobernaba Aznar, quien propuso aplicar a la financiaci¨®n auton¨®mica medidas de corresponsabilidad fiscal similares a las que ahora rechaza. Y las comunidades del PSOE las que se opusieron entonces, cuando se culmin¨® el traspaso de la sanidad, en 2001.

El Gobierno aportar¨¢ una cantidad fija, mil millones en dos a?os, repartida conforme a los criterios del modelo actual. Es posible que se trate de una cantidad puesta sobre la mesa para negociar, pero se antoja insuficiente para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario derivado de factores ajenos a la gesti¨®n. Habr¨¢ ocasi¨®n de debatir en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera que se re¨²ne el d¨ªa 7. El Gobierno ya ha anticipado que no asumir¨¢ v¨ªa Presupuestos Generales el 100% de la deuda.

Lo que s¨ª har¨¢ es facilitar la captaci¨®n de m¨¢s ingresos destinados a ese fin por parte de las comunidades: mediante subidas en los impuestos del alcohol y el tabaco (una parte sustancial de cuyos rendimientos se queda en las comunidades); y ampliando los m¨¢rgenes de aplicaci¨®n de la capacidad normativa de las comunidades para introducir recargos en los impuestos sobre hidrocarburos, electricidad y determinados medios de transporte. Son recargos finalistas, que deben dedicarse a la sanidad; pero no son obligatorios: cada comunidad podr¨¢ decidir si los aplica o no. Estudios fiscales muestran que la gente est¨¢ m¨¢s dispuesta a aceptar recargos fiscales si se destinan a mejorar la sanidad que si tienen una finalidad indeterminada.

Una objeci¨®n a la propuesta es que, trat¨¢ndose de impuestos indirectos, que gravan el consumo, no admiten progresividad. Pero ese argumento no podr¨¢ ser utilizado, como se ha pretendido, para reclamar que sea el Estado quien asuma la integridad de la deuda. Pues ello significar¨ªa dar el mismo trato a las autonom¨ªas que han gestionado bien sus recursos y a las que no; y a las que han decidido, una vez garantizada la asistencia b¨¢sica com¨²n, ampliar su cat¨¢logo de prestaciones. Esto es leg¨ªtimo, pero no lo es pretender que lo paguen todos los espa?oles.

El argumento principal para reclamar un incremento de la aportaci¨®n del Estado es el aumento de la poblaci¨®n asistida, especialmente en algunas comunidades. Es cierto que se ha producido, pero el sistema acordado en su momento ya preve¨ªa mecanismos correctores para esa situaci¨®n. La transferencia adicional que ahora compromete el Gobierno deber¨ªa destinarse a compensar esa diferencia. A partir de ah¨ª, cada comunidad deber¨¢ corresponsabilizarse de la financiaci¨®n del aumento del gasto, algo que defend¨ªa acertadamente el ministro Montoro en 2001.