El momento de la verdad del presidente

El entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, se reunieron a almorzar en secreto, por vez primera, el 30 de julio de 2003, en el restaurante Jockey de Madrid. A Rajoy le faltaba tan s¨®lo un mes para ser designado candidato del PP a La Moncloa por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Zapatero afrontaba preocupado la crisis de su partido en Madrid, tras la estampida de Eduardo Tamayo y Teresa S¨¢enz que ech¨® por tierra el Gobierno que iba a presidir Rafael Simancas.

Pero no hablaron de esa cuesti¨®n. Rajoy, convencido de que a partir de marzo iba a ser presidente de Gobierno, pidi¨® a Zapatero colaboraci¨®n para afrontar juntos el plan Ibarretxe, que el lehendakari iba a materializar en septiembre. Zapatero le garantiz¨® su rechazo al plan, como le propon¨ªa Rajoy. Pero tambi¨¦n le adelant¨® que no iba a limitarse al rechazo, pues quer¨ªa presentar una alternativa: la reforma del Estatuto de Gernika. Fue la primera discrepancia y no la m¨¢s importante.

El encuentro entre Zapatero y Rajoy, in¨¦dito desde el 14 de enero, es un reto en s¨ª mismo para ambos. En sus tres reuniones anteriores no han acordado nada

Zapatero ha querido situar como prioridad el problema de mayor envergadura social que tienen las comunidades aut¨®nomas: el agujero de la sanidad

Ma?ana lunes, el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronunciar¨¢ sobre la constitucionalidad o no del texto de reforma del Estatuto de Catalu?a

El apoyo que el Gobierno logr¨® el a?o pasado a sus Presupuestos de IU, ERC, CHA y Coalici¨®n Canaria pretende extenderlo este a?o al BNG y al PNV

El Gobierno de Zapatero sit¨²a el posible horizonte de la pacificaci¨®n, del final del terrorismo de ETA, en las elecciones municipales de la primavera de 2007

A continuaci¨®n, Rajoy pregunt¨® a Zapatero por la propuesta de reforma de los estatutos de autonom¨ªa, promovida por el entones candidato a la Generalitat, Pasqual Maragall, y el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, y que el entonces secretario general del PSOE hab¨ªa anunciado que aprobar¨ªa en una conferencia del partido convocada para el final del verano.

Rajoy reclam¨® a Zapatero que las reformas de los estatutos se pactaran entre los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, como sucedi¨® en 1992. Zapatero le replic¨® que las reformas de 1992 s¨®lo afectaban a comunidades gobernadas por populares y socialistas. Pero que, en esta ocasi¨®n, al afectar a comunidades gobernadas por nacionalistas, era necesario contar con estos partidos.

El almuerzo del Jockey termin¨® como el rosario de la aurora y desde entonces, Rajoy y Zapatero, en sus encuentros posteriores -24 de mayo y 7 de septiembre de 2004 y el 14 de enero de 2005 en La Moncloa-, con el secretario general del PSOE investido como presidente del Gobierno, no han hecho otra cosa que retomar la misma conversaci¨®n sin terminar de acordar nada.

M¨¢s bien al contrario, sus relaciones se han complicado a¨²n m¨¢s porque en la estrategia compartida contra ETA, Zapatero se sit¨²a, con cautela, pero cada vez m¨¢s, en la clave de la etapa terminal de la banda terrorista y Rajoy no se mueve de la l¨ªnea dise?ada, con los socialistas en 2000, en plena ofensiva etarra.

Todos los vaticinios que apuntaban, cuando Rajoy fue designado candidato del PP para La Moncloa, que su entendimiento con Zapatero iba a ser un hecho por el buen talante de ambos y por su antigua complicidad -Zapatero, adem¨¢s de compartir ra¨ªces y amistades juveniles leonesas con Rajoy, fue el primer pol¨ªtico que interpel¨® en 1996 al entonces novel ministro del PP y que marc¨® como opositor en esa etapa- se han estrellado contra el muro de la dura realidad que para el PP fue su inesperada p¨¦rdida de las elecciones de marzo de 2004.

Rajoy est¨¢ muy condicionado por su entorno, tras su derrota del 14-M, y se ha fijado como prioridad el cierre de filas de su partido con un discurso de confrontaci¨®n total contra el Gobierno de Zapatero, anegando incluso los terrenos salvaguardados por los pactos de Estado, y con frecuentes ribetes catastrofistas, para salvar la desmoralizaci¨®n interna del PP.

Por ello, sus promesas de renovaci¨®n del discurso, anunciadas el lunes, 29 de agosto, en su primera intervenci¨®n p¨²blica tras las vacaciones, son acogidas con escepticismo por el entorno de Zapatero. Del mismo modo que el de Rajoy cree que Zapatero est¨¢ atado y no tiene margen de maniobra por sus pactos con los nacionalistas para comprometerse con el PP en pactos de Estado.

De ah¨ª que ni Zapatero ni Rajoy esperen gran cosa del encuentro que celebrar¨¢n ma?ana, lunes, en La Moncloa, aunque el presidente del Gobierno se consuela, en su caso, con el cumplimiento de un compromiso electoral: informar al l¨ªder de la oposici¨®n de sus planes en pol¨ªtica de Estado, lo que no hace desde el 14 de enero.

No obstante, la reuni¨®n es importante porque inaugura el curso pues Zapatero y Rajoy van a poner sobre la mesa de la reuni¨®n todos los temas decisivos de este momento pol¨ªtico, que va a ser el de la verdad del Ejecutivo socialista, surgido de las elecciones del 14 de marzo de 2004: la conferencia de presidentes, que el 10 de septiembre abordar¨¢ el problema m¨¢s grave de las autonom¨ªas, el d¨¦ficit sanitario; la reforma de los estatutos de autonom¨ªa, con el debate sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite en el Congreso del Estatuto valenciano, el 13 de septiembre, con el que se inicia la cadena de reformas estatutarias, que tiene en el de Catalu?a la piedra de toque del proceso; el terrorismo y la estrategia ante el proceso terminal de ETA, y la pol¨ªtica exterior.

Conferencia de presidentes

La segunda conferencia de presidentes auton¨®micos, convocada el 10 de septiembre en el Senado para afrontar el d¨¦ficit sanitario, es la primera cita crucial de Zapatero en este curso. El presidente ha querido situar como prioridad, en el calendario del debate territorial, el problema de mayor envergadura social que tienen las comunidades aut¨®nomas, el agujero de la sanidad, tal y como le han confirmado los presidentes auton¨®micos en la doble ronda de conversaciones que ha mantenido con ellos en 2004 y 2005 en La Moncloa.

La gravedad del problema en las comunidades aut¨®nomas, sobre todo en las m¨¢s pobladas -algunas de ellas gobernadas por el PP, como Madrid y la Comunidad Valenciana-, garantiza de antemano a Zapatero el ¨¦xito de la convocatoria.

Otra cosa ser¨¢ el desenlace de la conferencia. Todo apunta a que la propuesta del Gobierno de Zapatero -aumentar la capacidad de las comunidades para subir los impuestos para afrontar el gasto sanitario y subvencionar con 2.000 millones iniciales, a partes iguales entre Administraci¨®n central y autonom¨ªas, una parte del d¨¦ficit acumulado- va a contar en la conferencia con las cr¨ªticas de las seis comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Valencia, Baleares, La Rioja, Navarra y Castilla y Le¨®n-, adem¨¢s de Ceuta y Melilla.

Del mismo modo que la estrategia pol¨ªtica de la direcci¨®n del PP de Rajoy consiste en impedir el ¨¦xito de la convocatoria de Zapatero, el Gobierno socialista cuenta con que, posteriormente, las comunidades, incluidas las gobernadas por el partido de Rajoy, intentar¨¢n llegar a acuerdos con ¨¦l por la v¨ªa del di¨¢logo bilateral para paliar sus d¨¦ficits sanitarios.

Reforma de los estatutos

La reforma de los estatutos de autonom¨ªa, particularmente el de Catalu?a, es el reto m¨¢s dif¨ªcil que afronta Zapatero y en el que el PP tiene m¨¢s esperanzas en que tropiece. Tambi¨¦n le espera otro desaf¨ªo complicado, con la reforma de la Ley de Educaci¨®n, d¨®nde a la dura oposici¨®n que anuncia el PP se une la Conferencia Episcopal, que ya ha anunciado movilizaciones callejeras.

Ma?ana el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronunciar¨¢ sobre la constitucionalidad texto de la reforma del Estatuto de Catalu?a. Por lo que se conoce del dictamen, los aspectos m¨¢s duros del texto -como los derechos hist¨®ricos como fuente de competencias- ser¨¢n declarados inconstitucionales. A partir de ah¨ª se reabrir¨¢n las negociaciones de los partidos catalanes para tratar de pactar el proyecto de la reforma que, de haber acuerdo, lo votar¨¢ el Parlamento de la comunidad a fines de septiembre o primeros de octubre.

La vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, se est¨¢n situando en la hip¨®tesis de que el Parlamento de Catalu?a aprobar¨¢ un Estatuto que tendr¨¢ una tramitaci¨®n "larga y complicada" en las Cortes. Una hip¨®tesis que toma cuerpo, en la medida en que el dictamen del Consejo Consultivo declarar¨¢ inconstitucionales los aspectos m¨¢s duros del proyecto y dejar¨¢ abiertos otros.

A su vez, el primer secretario del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), el tambi¨¦n ministro de Industria y Comercio, Jos¨¦ Montilla, se ha comprometido con Zapatero a que "s¨®lo habr¨¢ Estatuto en Catalu?a si es constitucional".

CiU se sit¨²a en el pesimismo sobre la viabilidad del Estatuto. "No veo a ERC bajando el list¨®n de sus propuestas sobre el blindaje de competencias o sobre el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica", dice Manel Silva, de CiU.

ERC e IU-IV, socios del PSC en el Gobierno de la Generalitat, sin embargo, ven viable la reforma del Estatuto. Joan Puigcerc¨®s, portavoz de ERC en el Congreso, cree que la batalla en la que se decidir¨¢ si hay Estatuto estar¨¢ en la financiaci¨®n auton¨®mica".

El PP ve cada vez m¨¢s dif¨ªcil que lo haya. Josep Piqu¨¦, su presidente en Catalu?a, advierte de que "igual en el PP no tenemos el mismo concepto de constitucionalidad que el Consejo Consultivo de la Generalitat -que se pronuncia el lunes sobre su constitucionalidad-, pues el proyecto de Estatuto puede terminar siendo asumible en su modelo territorial, pero reflejar un modelo social que no aceptamos". Piqu¨¦ estima que "m¨¢s que una reforma, lo que se est¨¢ haciendo es un hiperestatuto, que pretende regularlo todo".

En todo caso, si el proyecto de la reforma fracasara, no ser¨ªa lo mismo que lo fuera en Catalu?a que en las Cortes Generales. En el primer caso, la responsabilidad recaer¨ªa en los partidos catalanes, y en el segundo, en el Gobierno de Zapatero.

Si fracasa en Catalu?a, Silva, de CiU, y Piqu¨¦, del PP, vaticinan una crisis del Gobierno tripartito de la Generalitat, que encabeza el socialista Pasqual Maragall. Pero tanto el PSC como ERC, ante esta hip¨®tesis, ya est¨¢n preparando sus bater¨ªas para responsabilizar a CiU del fracaso.

Para salvar la segunda hip¨®tesis, la llegada de Catalu?a a las Cortes Generales de un texto inasimilable, el primer secretario del PSC, Jos¨¦ Montilla, se ha convertido en garante ante Zapatero y el PSOE. Pero cuando se le pregunta qu¨¦ posibilidades hay, por tanto, de que haya Estatuto, lo sit¨²a en un "mitad-mitad".

A su vez, Piqu¨¦ observa nerviosismo en las filas del PSOE por el temor de que llegue a las Cortes "un Estatuto no digerible" que "crear¨ªa serios problemas a Zapatero". En ese contexto interpreta las advertencias que el dirigente del PSOE, Jos¨¦ Blanco, ha dirigido a Maragall al inicio del curso.

En tal caso, Piqu¨¦ precisa la responsabilidad de Zapatero en su compromiso, durante las elecciones catalanas de 2003, de asumir el proyecto de reforma que aprobase el Parlamento catal¨¢n sin retocarlo. Desde el Gobierno socialista empiezan a preparar su respuesta ante este posible debate. Precisan que Zapatero se refer¨ªa a la reforma de cuestiones internas del autogobierno catal¨¢n, pero no a las que invadieran competencias del Estado. De ah¨ª que haya exigido, desde que se abri¨® el proceso de reformas estatutarias, que los textos, para contar con la aprobaci¨®n del Ejecutivo socialista, deb¨ªan ajustarse a la Constituci¨®n.

Lo que s¨ª parecen garantizar tanto el PSOE como Puigcerc¨®s, por ERC, y Llamazares, por IU, como socios del Gobierno de Zapatero, es el papel de cortafuegos, de modo que un hipot¨¦tico fracaso del Estatuto catal¨¢n no salpique a sus apoyos al Gobierno socialista en las Cortes Generales.

Presupuestos

En este sentido, el Gobierno de Zapatero da por asegurados los apoyos de sus socios -ERC e IU-IV- a los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo cuenta tambi¨¦n con el favor del calendario. Los Presupuestos los negociar¨¢ con los socios parlamentarios en septiembre y se votar¨¢n en las Cortes a finales de diciembre.

Si el Parlamento de Catalu?a vota la reforma del Estatuto a fines de septiembre o primeros de octubre, para cuando se debata su admisi¨®n a tr¨¢mite en las Cortes espa?olas ser¨¢ febrero o marzo, dos o tres meses despu¨¦s de la votaci¨®n de los Presupuestos. El procedimiento lo marca la reforma del Estatuto valenciano, aprobado el 2 de julio en el Parlamento auton¨®mico y cuya votaci¨®n para la admisi¨®n a tr¨¢mite se producir¨¢ en las Cortes a mediados de septiembre, dos meses y medio despu¨¦s.

Adem¨¢s, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, destaca c¨®mo "los Presupuestos de 2006 se van a beneficiar del crecimiento de la econom¨ªa". "Las partidas de investigaci¨®n, educaci¨®n, sanidad, vivienda y pensiones van a crecer sustancialmente, lo que va a dotar a los Presupuestos de fuerte contenido social y les va a garantizar un amplio apoyo", precisa. Tambi¨¦n ¨¦ste es el curso en el que Zapatero pretende lanzar su proyecto estrella de la legislatura en materia social: la Ley de Dependencia, que afrontar¨¢ los problemas de los ancianos y las personas dependientes.

El apoyo que el Gobierno de Zapatero logr¨® el a?o pasado a sus Presupuestos de IU, ERC, CHA y Coalici¨®n Canaria pretende extenderlo este a?o al BNG y al PNV. En el caso del BNG lo tiene relativamente f¨¢cil, tras la participaci¨®n de este partido con el PSOE, tras las elecciones de junio, en la Xunta de Galicia.

En cuanto al PNV, Josu Erkoreka, su portavoz en el Congreso, est¨¢ dispuesto a negociar ese apoyo, aunque plantea una cuesti¨®n previa: la resoluci¨®n del contencioso sobre el Cupo vasco y de los gastos derivados de la cat¨¢strofe del Prestige que mantienen los Gobiernos central y vasco.

Este asunto se zanjar¨¢, previsiblemente, en la reuni¨®n que el 7 de septiembre mantendr¨¢n el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe. Tambi¨¦n pretende el PNV que el Ejecutivo central aumente las inversiones en Euskadi, as¨ª como "el logro de una sinton¨ªa entre los Presupuestos del Estado y el vasco".

El PNV, dispuesto a apoyar al Gobierno socialista en sus Presupuestos, pretende, como contrapartida, que el PSE ayude al Gobierno de Ibarretxe, en minor¨ªa en el Parlamento vasco. Esta situaci¨®n puede generar tensiones entre el PSOE y el PSE porque el partido de Patxi L¨®pez pretende hacer oposici¨®n dura a Ibarretxe.

Pacificaci¨®n de Euskadi

Pero Zapatero e Ibarretxe tienen pendientes otros dos temas claves: la pacificaci¨®n y la normalizaci¨®n de Euskadi. En el primer caso, el Gobierno vasco ha cedido el protagonismo a Zapatero, que, como presidente del Ejecutivo central, tiene en sus manos instrumentos b¨¢sicos en un hipot¨¦tico proceso de paz, como el control de las c¨¢rceles, donde se encuentran m¨¢s de 800 presos de ETA.

El Gobierno contempla con una mezcla de cautela y esperanza las posibilidades de un proceso de paz, una vez que ha constatado que ETA lleva 27 meses sin cometer asesinatos, y este verano, la banda pr¨¢cticamente no ha realizado su tradicional campa?a de atentados de verano. Paralelamente, la ilegalizada Batasuna va emergiendo, sustituyendo de forma progresiva a ETA.

Desde el Gobierno socialista se va percibiendo c¨®mo la ilegalizada Batasuna va cumpliendo el compromiso que hizo p¨²blico en la Asamblea de Anoeta (Guip¨²zcoa) de noviembre de 2004, donde proclam¨® la sustituci¨®n progresiva de la v¨ªa armada por la pol¨ªtica para encarar el llamado "conflicto vasco". Tambi¨¦n parece funcionar el t¨¢ndem entre ETA y Batasuna, entre Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Arnaldo Otegi, en la orientaci¨®n de este proceso. Algo que no sucedi¨® ni en las conversaciones de Argel, de 1989, celebradas en tiempos de Felipe Gonz¨¢lez, ni en las de Suiza, de 1999, con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar al frente del Gobierno.

El contexto internacional est¨¢ contribuyendo sin duda a animar esa progresiva sustituci¨®n de la violencia por la pol¨ªtica en el mundo de la izquierda abertzale. La irrupci¨®n del terrorismo internacional ha eclipsado los terrorismos locales, y el abandono definitivo de las armas por el IRA irland¨¦s, en el que tanto se ha mirado ETA desde el origen de su historia, el 28 de julio pasado, es un factor que tambi¨¦n cuenta para animar el final del terrorismo vasco.

El Gobierno de Zapatero sit¨²a el posible horizonte de la pacificaci¨®n, del final del terrorismo de ETA, en las elecciones municipales de 2007, que son los comicios en los que Batasuna quiere concurrir como partido legalizado. Pero para ello o condena la violencia o tiene que lograr que ¨¦sta desaparezca. El Gobierno de Zapatero va a jugar fuerte la carta de exigir el cese del terrorismo como condici¨®n para que Batasuna sea legalizada. Mientras, Batasuna trata de ocupar el espacio pol¨ªtico, en la calle y ante los medios de comunicaci¨®n, en un intento de retar al Estado y prepararse ante un posible proceso de paz.

Si a Zapatero le corresponder¨¢ protagonizar el proceso de paz en el supuesto de que, en un momento determinado, ETA anuncie el cese de la violencia, a Ibarretxe le corresponder¨¢, como lehendakari, dirigir el proceso de normalizaci¨®n de Euskadi, que conllevar¨¢ la reforma del Estatuto de Gernika, y que pretende encauzar a trav¨¦s de una mesa de partidos.

La formaci¨®n de la mesa de partidos ser¨¢ lenta, pues el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha condicionado la participaci¨®n de Batasuna en el proceso a que cese definitivamente la violencia etarra. Esta posici¨®n le ha originado tensiones con el sector m¨¢s radical de su partido, el que encabeza Joseba Egibar, que no quiere que se imponga esa condici¨®n.

La lucha por la direcci¨®n estrat¨¦gica en el PNV es otra de las claves de este curso pol¨ªtico. Imaz defiende, de forma cada vez m¨¢s expl¨ªcita, un proyecto de sociedad plural en Euskadi, que le gustar¨ªa traducir en una futura colaboraci¨®n entre nacionalistas y socialistas. Egibar est¨¢ en el inmovilismo del pacto entre nacionalistas, que tuvo su esplendor con el acuerdo de Lizarra en septiembre de 1998.

En todo caso, todo apunta en Euskadi a que ambos procesos, el de pacificaci¨®n y el de normalizaci¨®n, pueden ir confluyendo en el tiempo y marcar una parte sustancial de la agenda del curso.