Ley antiabusos

La legislaci¨®n espa?ola no est¨¢ precisamente en la vanguardia de la defensa de los consumidores, probablemente porque s¨®lo durante el ¨²ltimo decenio se ha despertado activamente la conciencia de los ciudadanos como tales. Pero ahora la defensa de estos derechos ha arraigado con fuerza y el Gobierno se dispone a corregir los numerosos -y en alg¨²n caso escandalosos- abusos que sufren los consumidores mediante una reforma legislativa que se pretende de largo alcance. El borrador de la nueva Ley de Consumo que aprob¨® ayer el Consejo de Ministros tiene por delante un largo camino de tr¨¢mites, tan largo que probablemente no entrar¨¢ en vigor antes de un a?o. Pero pretende dejar bien claros los l¨ªmites que no deben cruzar los vendedores y prestadores de servicios y tiene la inestimable virtud de afrontar con decisi¨®n casos de abuso manifiesto, cuando no de fraude con cobertura legal, que se han denunciado p¨²blicamente en los ¨²ltimos a?os, tanto desde las reclamaciones individuales de clientes atropellados como desde las organizaciones de consumidores.

Los ejemplos lo dicen casi todo. El borrador de la ley propone que se acabe con la tropel¨ªa del redondeo al alza en el cobro de servicios. Las compa?¨ªas telef¨®nicas o las empresas de aparcamientos han engordado sus ingresos a costa de percibir dinero por servicios no prestados, una pr¨¢ctica que no puede tener cabida en un mercado que forma los precios y costes con transparencia. El texto exige que el mercado inmobiliario acabe con procedimientos financieros monopol¨ªsticos muy extendidos, como el que impone a los compradores de pisos que se subroguen la hipoteca del promotor. Tambi¨¦n exige que la vivienda se entregue al cliente con los servicios de agua, gas y electricidad; que las plusval¨ªas de la venta corran a cargo del vendedor; o que las calidades reales respondan a las anunciadas en la venta. Constituye, asimismo, un avance que se aclare de forma inequ¨ªvoca que la comunidad aut¨®noma con capacidad para sancionar sea aqu¨¦lla donde se produce la anomal¨ªa y no en la que la empresa infractora tiene su sede. Por cerrar el c¨ªrculo de problemas y subterfugios con los que frecuentemente tropiezan los consumidores, la ley pretende que sea tan f¨¢cil darse de baja de un servicio como darse de alta, lo que hoy se consigue dif¨ªcilmente en el caso de las empresas telef¨®nicas.

Una vez comprobado que las intenciones son correctas, conviene recordar que un borrador inicial no es el texto final, y que la eficacia de las leyes y reglamentos no se mide tan s¨®lo por la pertinencia de sus normas y la calidad de sus declaraciones textuales, sino por la capacidad para detectar y castigar a quienes las infringen. En este ¨²ltimo aspecto, Espa?a tampoco est¨¢ en la vanguardia europea.