Cooficiales porque s¨ª

Nuestros expertos en pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica no se esfuerzan demasiado a la hora de elaborar sus argumentos. Tampoco los necesitan, la verdad sea dicha, sabiendo como saben que viven entre conciudadanos entregados de antemano a su causa "normalizadora", aunque s¨®lo fuera por sandio progresismo, y se hallan ante pol¨ªticos dispuestos a cualquier concesi¨®n en esta materia con tal de contentar a su clientela. As¨ª parece suponerlo tambi¨¦n Albert Branchadell al escribir aqu¨ª su ¨²ltimo art¨ªculo, Ahora, Espa?a (28 de julio), con ocasi¨®n de dos recientes decisiones del Consejo de la Uni¨®n Europea referidas a su propio r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico.

Uno de los acuerdos asume s¨®lo en parte el memor¨¢ndum del ministro Moratinos en solicitud del reconocimiento europeo de las lenguas espa?olas cooficiales con el castellano. El otro incorpora desde 2007 como lengua oficial y de trabajo al ga¨¦lico, "que es lengua materna del 1% de los ciudadanos irlandeses". Aturdidos ante los efectos p¨²blicos de tan exiguo porcentaje, dejaremos este ¨²ltimo acuerdo de lado. No resulta f¨¢cil comprender el sentido de que un idioma que apenas se oye en su propio Estado venga a escucharse en los ¨®rganos comunes a varios Estados. Lo que no representa ni a los suyos, ?podr¨¢ acaso ser representativo de todos? Son misterios que el socioling¨¹ista no se digna aclararnos.

Al autor le interesa ante todo subrayar lo que llama "una aut¨¦ntica paradoja", a saber, que "los ciudadanos espa?oles que usamos habitualmente el catal¨¢n/valenciano, el gallego o el euskera vamos a gozar de unas posibilidades ling¨¹¨ªsticas en Europa de las que no gozamos en Espa?a". Nada m¨¢s natural que, poco despu¨¦s y a fin de que pronto disfrutemos de tales posibilidades, Esquerra Republicana de Catalu?a presentara en el Congreso una proposici¨®n de ley para que las lenguas cooficiales pasen a ser oficiales en todo el Estado... ?Y cu¨¢les son esas espl¨¦ndidas posibilidades que all¨¢ se nos abren y ac¨¢ a¨²n se nos cierran, si puede saberse?

Pues, primero, que los textos legales del Parlamento y Consejo Europeo van a ser publicados en adelante en estas lenguas regionales..., si bien esa publicaci¨®n no ser¨¢ oficial y, por tanto, carecer¨¢ de valor juridico alguno. Menos es nada. En Espa?a, sin embargo, los boletines oficiales de sus comunidades aut¨®nomas se vienen editando tambi¨¦n en sus lenguas respectivas. Claro que algunas de estas ediciones apenas disponen de lectores, porque el biling¨¹ismo all¨ª reinante es oficial aunque ficticio; que la manifiesta artificialidad de tales versiones (por ejemplo, en Euskadi) provoca m¨¢s malentendidos legales que informaci¨®n precisa, etc., pero eso ya es otro cantar que no quiere escucharse. ?Les ir¨¢ mejor a los catalanes biling¨¹es si pueden acceder en catal¨¢n a ese bolet¨ªn europeo? Lo puesto en juego no es el valor comunicativo del idioma, sino tan s¨®lo el simb¨®lico, es decir, su prestigio. M¨¢s que ofrecer posibilidades expresivas ins¨®litas a los usuarios de tal lengua, se trata de exhibir el poder pol¨ªtico que la subyace y su presunta condici¨®n de signo de identidad nacional y sustento de hipot¨¦ticos derechos de soberan¨ªa.

La otra gran oportunidad anunciada es que en sus comunicaciones los diputados espa?oles puedan emplear -si las conocen- sus lenguas locales. Eso s¨ª, en un caso nuestro Gobierno deber¨¢ hacerse cargo de la traducci¨®n primero al castellano; despu¨¦s, a cada una de las lenguas europeas, y, al t¨¦rmino del trayecto, al catal¨¢n, vascuence y gallego, de las respuestas emitidas en los idiomas oficiales de la Uni¨®n. He ah¨ª un portentoso rodeo, un verdadero circunloquio que no ganar¨¢ un solo adepto a las lenguas particulares, pero entorpecer¨¢ el debate pol¨ªtico general. En el otro caso, las intervenciones orales de los diputados espa?oles m¨¢s combativos contar¨¢n con su int¨¦rprete a las lenguas oficiales comunitarias, aunque los discursos de sus colegas europeos no ser¨¢n vertidos al catal¨¢n, vascuence o gallego.

Pero a los partidarios de la cooficialidad les escandaliza que nuestro Gobierno no reconozca esas mismas lenguas vern¨¢culas en las instituciones p¨²blicas espa?olas ni tan siquiera en el escaso grado en que acaba de aceptarlas la Uni¨®n Europea. Quiz¨¢ es que no haga falta. Se escandalizar¨ªan menos a poco que recordaran que dentro de nuestro pa¨ªs -y no en el conjunto de Europa, sobra decirlo- la mayor¨ªa de sus ciudadanos tienen una sola lengua materna, por lo general la dominan mejor que ninguna otra y la emplean tanto en privado como en p¨²blico mucho m¨¢s que esa lengua "propia" que a menudo han debido aprender despu¨¦s. El espa?ol, adem¨¢s de nuestra lengua com¨²n o compartida, es nuestra lengua m¨¢s com¨²n o habitual. De suerte que, si editar la legislaci¨®n vasca en euskera resulta hoy un notorio exceso incluso en Euskadi, ni les cuento lo oportuno de una edici¨®n euskald¨²n tambi¨¦n para Castilla-La Mancha. Y si el diputado gallego se desenvuelve con bastante mayor soltura en castellano que en gallego, seguro que no son razones ling¨¹¨ªsticas ni morales las que le inducen -casi siempre para verg¨¹enza ajena- a imitar desde su esca?o a Castelao. Ser¨¢n otros motivos, que van desde su af¨¢n de ensanchar el renombre de su tierra hasta el designio de emprender la construcci¨®n nacional desde esta peculiar diferencia...

Conocemos su palabra sagrada: diversidad. Pero que haya que hacer "m¨¢s hincapi¨¦ en la riqueza de su diversidad ling¨¹¨ªstica [de Europa y, de paso, de Espa?a]", se?ores m¨ªos, eso ser¨¢ seg¨²n y c¨®mo. Frente a t¨®pico tan funesto d¨ªgase de una vez que no toda diversidad, ni siempre y en cualquier circunstancia o en cualquier medida es enriquecedora. Y no lo es ni en el orden moral, ni el est¨¦tico ni en el pol¨ªtico..., a menos que fuera un deber universal en la conducta p¨²blica mantener, extremar o hasta inventar diferencias, impedir todo asomo de unidad entre los conciudadanos o renegar de los acuerdos que mejoren nuestra convivencia. As¨ª que no todo lo diverso ser¨¢ valioso tan s¨®lo por ser diverso, ni deber¨¢ arrogarse sin m¨¢s un derecho a su protecci¨®n e incluso a su fomento. El valor y el respeto de la pluralidad ling¨¹¨ªstica tienen sus l¨ªmites. La vigente Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, sin ir m¨¢s lejos, preconiza desde sus primeros art¨ªculos que los derechos a una lengua minoritaria requieren que ¨¦sta goce de cierto arraigo en una comunidad, que en ese espacio habite un buen n¨²mero de personas que la tengan como lengua materna y de uso. Puro sentido com¨²n: los sujetos de las lenguas no son las lenguas mismas, ni sus territorios, ni siquiera los socioling¨¹istas..., sino sus hablantes, pero los hablantes de un territorio ocupado por una comunidad viva de ese habla. ?C¨®mo, entonces, el miembro de una comunidad ling¨¹¨ªstica podr¨ªa esgrimir el derecho a comunicarse con la Administraci¨®n en su lengua cuando se desplaza a una comunidad ling¨¹¨ªstica distinta? Es otro de los disparates que entra?ar¨ªa la cooficialidad que algunos reclaman.

Aun antes que aspirar a la cooficialidad, en Espa?a se ha ido tan lejos por estos derroteros (en unos sitios m¨¢s y en otros algo menos) que quiz¨¢ sea ya demasiado tarde para el debido regreso. Aqu¨ª se han promulgado leyes de "normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica" contrarias al esp¨ªritu y la letra de aquella Carta, por m¨¢s que nuestro Gobierno la haya ratificado -uno dir¨ªa que en falso-. Y es que algunas de tales leyes responden al prop¨®sito expreso de recuperar lenguas en zonas geogr¨¢ficas donde esas lenguas hace tiempo que no cuentan con hablantes, o no en n¨²mero suficiente o nunca fueron habladas. O simplemente en lugares donde se detectan necesidades que la mayor¨ªa de su ciudadan¨ªa considera m¨¢s extensas, graves y urgentes que la fijaci¨®n de su r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico. Las m¨¢s de las veces esas pol¨ªticas se sirven de procedimientos discriminatorios (predominio oficial de la "lengua propia", inmersiones escolares forzosas, ventajosos contratos p¨²blicos, cuantiosas subvenciones, nov¨ªsimas rotulaciones callejeras, milagros en la toponimia, etc.) que han sacrificado una parte de la poblaci¨®n a la otra. ?Alg¨²n agravio hist¨®rico que reparar y alguna sacrosanta identidad que preservar? ?Deber¨¢ prevalecer el pasado sobre el presente y las palabras de los muertos sobre las de los vivos? No hab¨ªa para ello derecho ni moral ni legal, pero las tropel¨ªas se han cometido y consentido en medio de la indiferencia o el temeroso disimulo generales.

As¨ª que a lo mejor el Consejo acierte al estimar que los ciudadanos europeos, viendo recogidas sus propias lenguas en los ¨®rganos comunitarios, refuercen su identificaci¨®n con el proyecto pol¨ªtico de Europa. Es preciso, en cambio, estar aquejado de una lamentable ceguera para retrucar a rengl¨®n seguido: "?Acaso el reconocimiento del catal¨¢n/valenciano, gallego y euskera en las instituciones espa?olas va a debilitar la identificaci¨®n de los ciudadanos que usan estas lenguas con el proyecto pol¨ªtico de Espa?a?". Nadie ignora la respuesta, como tampoco ignora que no se trata de un riesgo imaginario, sino de un resultado efectivo. Las pol¨ªticas ling¨¹¨ªsticas en nuestro pa¨ªs llevan dos decenios causando a diario el despilfarro del dinero de todos, injusticias en la adjudicaci¨®n del empleo p¨²blico, atropello de derechos educativos y otros, descenso del rendimiento escolar, confusi¨®n general de la ciudadan¨ªa... Pero a lo que ¨ªbamos. Inspiradas en proclamas nacionalistas y con el aplauso entusiasta de una izquierda sin criterio, esas pol¨ªticas han sido el instrumento privilegiado de penetraci¨®n de las tesis etnicistas, la palanca m¨¢s potente de sus descabelladas exigencias. O sea -?para pesadumbre de los se?ores Ibarretxe y Carod?-, de la ruptura de y con Espa?a. Nada que no estuviera en los manuales m¨¢s elementales de la secesi¨®n: sin lengua propia no hay naci¨®n, y sin naci¨®n no hay sujeto pol¨ªtico con derecho a ser Estado.

Ya se dijo que, si los profetas de la cooficialidad se muestran tan hu¨¦rfanos de apoyos normativos es porque a sus ojos la empresa no los exige. Para este profesor universitario, por ejemplo, el proceder del Consejo Europeo "demuestra lo que en el fondo todos ya sabemos: que el reconocimiento oficial de las lenguas, m¨¢s all¨¢ de asuntos de coste, es cuesti¨®n de pura voluntad pol¨ªtica". Acab¨¢ramos. Que nadie piense que se trata de un problema de justicia ling¨¹¨ªstica o que sea preciso exponer y debatir razones para justificar la demanda. Esto es y debe ser algo sujeto al sic volo, sic iubeo, al derecho del m¨¢s fuerte, al aqu¨ª mando yo o al simple porque s¨ª. Un poco m¨¢s de insistencia, pues, y asunto terminado. ?A qu¨¦ espera el presidente para secundar la voluntad pol¨ªtica del se?or Branchadell y de tantos otros dem¨®cratas de toda la vida?

Aurelio Arteta es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa Moral y Pol¨ªtica de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.