Un juzgado obliga a un municipio a actuar contra el chalet de Ardanza

Un juzgado de Bilbao obliga al al Ayuntamiento de Arteaga a actuar por las irregularidades urban¨ªsticas en el chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel Jos¨¦ Antonio Ardanza. La sentencia da la raz¨®n al Gobierno vasco, que llev¨® a los tribunales al consistorio vizca¨ªno por su negativa a actuar en este caso. Y establece que las competencias "para restaurar el ordenamiento urban¨ªstico infringido" son s¨®lo municipales.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Bilbao, emitido el 22 de julio y que puede ser recurrido en un plazo de 15 d¨ªas a partir de hoy, es el segundo por este caso. Hace un a?o otro juzgado rechaz¨® una denuncia de un grupo ecologista por motivos formales, al no precisar "cu¨¢l es el acto firme de la Administraci¨®n demandada cuya ejecuci¨®n solicita". Ahora, se falla en contra del Ayuntamiento de Arteaga, localidad en la que se ubica el chalet de Ardanza.

La construcci¨®n del inmueble, ubicado en pleno coraz¨®n de la reserva de Urdaibai, se encuentra en entredicho desde hace m¨¢s de tres a?os, cuando el Taller de Ecolog¨ªa de Gernika denunci¨® una serie de infracciones. Varios informes, tanto del Gobierno como del propio Ayuntamiento, constataron que en la rehabilitaci¨®n por Ardanza de un caser¨®n se cometieron seis ilegalidades, entre ellas la construcci¨®n de dos plantas no previstas en el proyecto, la superaci¨®n en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusi¨®n de una piscina. Adem¨¢s, el Patronato de Urdaibai certific¨® una aumento en un 38,6% de la superficie construida.En concreto, se afirmaba que los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado por el Ayuntamiento se hab¨ªan incrementado hasta los 879 metros cuadrados, con lo que una vivienda que era bifamiliar se convirti¨® de hecho en trifamiliar. Pese a que estas anomal¨ªas quedaron confirmadas en septiembre de 2002 y el Gobierno vasco dio entonces su informe desfavorable al proyecto de reforma de Ardanza, a¨²n no se ha adoptado ning¨²n tipo de medida. El ex lehendakari y su familia utilizan el chalet como residencia desde hace tres a?os.

En febrero de 2004, el Ayuntamiento de Arteaga, cuya alcaldesa es del PNV, acord¨® en un pleno extraordinario dar por finalizado el caso por entender que no era la administraci¨®n competente. Esta postura motiv¨® la intervenci¨®n del Gobierno, que en abril de ese a?o decidi¨® llevar a los tribunales la actuaci¨®n del consistorio.

La sentencia, que da la raz¨®n al Ejecutivo, se?ala que los distintos informes sobre la reforma del chalet de Ardanza "son concluyentes en que la ejecuci¨®n de las obras no se han ajustado al proyecto que obtuvo licencia". La juez asegura que se evidencia la existencia de "infracciones urban¨ªsticas".

Acuerdo plenario nulo

Al entrar en el fondo de la demanda sobre qu¨¦ administraci¨®n es la competente para intervenir, asegura que "no cabe duda" de la competencia del Ayuntamiento de Arteaga "para controlar el respeto de la legalidad urban¨ªstica". Se basa en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, donde se fija en los municipios "la facultad para la adopci¨®n de las medidas de restauraci¨®n de la legalidad urban¨ªstica, no pudiendo transferir dicha competencia a las autoridades auton¨®micas".

Por ello, la sentencia declara "la disconformidad a derecho" del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arteaga y lo anula. Agrega que el consistorio, "en virtud de su competencia en materia de disciplina urban¨ªstica", debe adoptar las "medidas necesarias para restaurar el ordenamiento urban¨ªstico infringido en la ejecuci¨®n de las obras" en el chalet.

El consistorio vizca¨ªno, que ahora deber¨¢ decidir si recurre o no el fallo, hab¨ªa argumentado que las irregularidades confirmadas iban contra la Ley de Protecci¨®n de la Reserva de Urdaibai (cuya gesti¨®n es competencia es del Gobierno vasco) y no contra la normativa municipal.

El anterior consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, exigi¨® hace casi dos a?os que se incoase un expediente sancionador contra la sociedad que cre¨® Ardanza para promover la vivienda y entonces censur¨® la "pasividad del Ayuntamiento en la aplicaci¨®n de la disciplina urban¨ªstica".

La Diputaci¨®n de Vizcaya ha variado su postura en este caso. Hace tres a?os vot¨® en contra del informe t¨¦cnico que confirm¨® las ilegalidades en las obras del inmueble. Entonces afirm¨® que las irregularidades "en el caso de que sean infracciones, no son graves". Un a?o despu¨¦s, a finales de 2003, asegur¨®, en una comparecencia en las Juntas Generales, que su posici¨®n es que se "cumpla la ley y se haga cumplir la ley".

El Taller de Ecolog¨ªa de Gernika, el colectivo que realiz¨® las primeras denuncias, ha acusado al Ayuntamiento de Arteaga de "dejar que pase el tiempo para que [el caso] quede en el olvido o legalmente no se pueda actuar". Este grupo ha insistido varias veces que la ley de protecci¨®n de Urdaibai fue firmada por el propio Ardanza cuando era lehendakari.