El barbero de Ginebra

Tras el fracaso del intento revolucionario del verano de 1867 -uno m¨¢s de los que antecedieron a la Revoluci¨®n gloriosa de 1868-, Joan Prim y V¨ªctor Balaguer pasaron en Ginebra una parte de su exilio conspirativo. Joan Palomas y Monchol¨ª recoge en su espl¨¦ndida biograf¨ªa sobre el segundo c¨®mo, a?os despu¨¦s, Balaguer recordaba el d¨ªa en que "el barbero que trabajaba para la fonda subi¨® a su habitaci¨®n a cortarle el pelo y afeitarle la barba. Al terminar el trabajo, no sab¨ªa por d¨®nde tirar el agua de la palangana. Balaguer le sugiri¨® que lo hiciera por la ventana, que daba a un corral interior. El barbero rehus¨®, argumentando que estaba prohibido por las ordenanzas municipales. Balaguer, entonces, le contest¨® que al ser un patio interior no le ver¨ªa nadie. Con gran sorpresa por su parte, el interlocutor le replic¨® que si no le ve¨ªa nadie, ¨¦l mismo estar¨ªa obligado a denunciarse como infractor de las ordenanzas y, en consecuencia, deber¨ªa pagar la multa". Balaguer y Prim compartieron su admiraci¨®n por el ciudadano y por un pueblo -el suizo- conocedor y cumplidor de sus derechos y sus deberes.

Vivimos tiempos en los que para algunos el concepto de ciudadan¨ªa parece haberse reducido al goce sin l¨ªmites de unos derechos que puede llegar a crear problemas de convivencia. Las administraciones p¨²blicas, en primer lugar, los medios de comunicaci¨®n, las organizaciones sociales... tienen en este terreno responsabilidades relevantes y diferentes. Pero la principal la tenemos cada uno de nosotros. La ley est¨¢ para cumplirla, aunque nos encontremos en un patio interior en el que nadie sea testigo de nuestras infracciones. Y cumplir con la ley incluye respetar las competencias que tiene cada poder p¨²blico; seguir los procedimientos establecidos para cambiarla y, en suma, convertir en realidad el Estado de derecho, sin el cual la democracia deviene pura quimera.

Pero es que, adem¨¢s, como ha escrito Paolo Flores d'Arcais: "Hoy la legalidad tomada en serio, la legalidad como estrategia y pr¨¢ctica coherente, constituye m¨¢s que nunca el poder de los sin poder". Y as¨ª, la simple aplicaci¨®n de la ley puede acabar teniendo, respecto a la realidad social donde opera, consecuencias m¨¢s cercanas a un reformismo ambicioso que a la defensa de posiciones inmovilistas.

El pasado lunes, 5 de septiembre, el Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalu?a emiti¨® su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonom¨ªa. El dictamen avala el esqueleto de la propuesta, as¨ª como la mayor¨ªa de sus elementos m¨¢s relevantes: la inclusi¨®n de un t¨ªtulo sobre derechos y deberes ciudadanos, el sistema definitorio de las competencias o la igualdad jur¨ªdica entre el castellano y el catal¨¢n. Pero, al mismo tiempo, concluye que 19 art¨ªculos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son susceptibles de serlo si no se les da una interpretaci¨®n muy precisa. (El proyecto de reforma consta de 218 art¨ªculos y 20 disposiciones.)

El Consejo Consultivo considera inconstitucional la apelaci¨®n a los derechos hist¨®ricos para reclamar nuevas competencias y blindarlas, as¨ª como la enmienda de CiU que propone el concierto econ¨®mico como modelo de financiaci¨®n auton¨®mica para Catalu?a. En ambos casos su criterio es coincidente con el que hemos venido defendiendo los socialistas catalanes. El dictamen avala, en cambio, la constitucionalidad de la propuesta de financiaci¨®n auton¨®mica consensuada con nuestros socios de ERC e ICV, aunque matiza dos de sus elementos. Concretamente, el Consejo Consultivo afirma que la Generalitat no puede tener "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal" sobre los impuestos estatales (ambas no pueden ser exclusivas del Ejecutivo aut¨®nomo) y considera que el Estatuto no puede fijar el porcentaje de los impuestos estatales cedidos a Catalu?a. Los socialistas ya hemos anunciado que asumimos el dictamen en su totalidad, tanto en aquellas partes que nos dan la raz¨®n, como en aquellas que nos la niegan.

El trabajo serio y riguroso del Consejo Consultivo supone una verdadera hoja de ruta que ha de guiar el di¨¢logo entre todos los partidos pol¨ªticos en la recta final del proceso estatutario en Catalu?a. Sus criterios jur¨ªdicos no son un l¨ªmite o un freno a la ambici¨®n y a las posibilidades del nuevo Estatuto, sino una garant¨ªa de su fortaleza en el marco constitucional espa?ol (que, conviene recordarlo, hace posible el autogobierno de Catalu?a).Tras el fracaso del intento revolucionario del verano de 1867 -uno m¨¢s de los que antecedieron a la Revoluci¨®n gloriosa de 1868-, Joan Prim y V¨ªctor Balaguer pasaron en Ginebra una parte de su exilio conspirativo. Joan Palomas y Monchol¨ª recoge en su espl¨¦ndida biograf¨ªa sobre el segundo c¨®mo, a?os despu¨¦s, Balaguer recordaba el d¨ªa en que "el barbero que trabajaba para la fonda subi¨® a su habitaci¨®n a cortarle el pelo y afeitarle la barba. Al terminar el trabajo, no sab¨ªa por d¨®nde tirar el agua de la palangana. Balaguer le sugiri¨® que lo hiciera por la ventana, que daba a un corral interior. El barbero rehus¨®, argumentando que estaba prohibido por las ordenanzas municipales. Balaguer, entonces, le contest¨® que al ser un patio interior no le ver¨ªa nadie. Con gran sorpresa por su parte, el interlocutor le replic¨® que si no le ve¨ªa nadie, ¨¦l mismo estar¨ªa obligado a denunciarse como infractor de las ordenanzas y, en consecuencia, deber¨ªa pagar la multa". Balaguer y Prim compartieron su admiraci¨®n por el ciudadano y por un pueblo -el suizo- conocedor y cumplidor de sus derechos y sus deberes.

Vivimos tiempos en los que para algunos el concepto de ciudadan¨ªa parece haberse reducido al goce sin l¨ªmites de unos derechos que puede llegar a crear problemas de convivencia. Las administraciones p¨²blicas, en primer lugar, los medios de comunicaci¨®n, las organizaciones sociales... tienen en este terreno responsabilidades relevantes y diferentes. Pero la principal la tenemos cada uno de nosotros. La ley est¨¢ para cumplirla, aunque nos encontremos en un patio interior en el que nadie sea testigo de nuestras infracciones. Y cumplir con la ley incluye respetar las competencias que tiene cada poder p¨²blico; seguir los procedimientos establecidos para cambiarla y, en suma, convertir en realidad el Estado de derecho, sin el cual la democracia deviene pura quimera.

Pero es que, adem¨¢s, como ha escrito Paolo Flores d'Arcais: "Hoy la legalidad tomada en serio, la legalidad como estrategia y pr¨¢ctica coherente, constituye m¨¢s que nunca el poder de los sin poder". Y as¨ª, la simple aplicaci¨®n de la ley puede acabar teniendo, respecto a la realidad social donde opera, consecuencias m¨¢s cercanas a un reformismo ambicioso que a la defensa de posiciones inmovilistas.

El pasado lunes, 5 de septiembre, el Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalu?a emiti¨® su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonom¨ªa. El dictamen avala el esqueleto de la propuesta, as¨ª como la mayor¨ªa de sus elementos m¨¢s relevantes: la inclusi¨®n de un t¨ªtulo sobre derechos y deberes ciudadanos, el sistema definitorio de las competencias o la igualdad jur¨ªdica entre el castellano y el catal¨¢n. Pero, al mismo tiempo, concluye que 19 art¨ªculos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son susceptibles de serlo si no se les da una interpretaci¨®n muy precisa. (El proyecto de reforma consta de 218 art¨ªculos y 20 disposiciones).

El Consejo Consultivo considera inconstitucional la apelaci¨®n a los derechos hist¨®ricos para reclamar nuevas competencias y blindarlas, as¨ª como la enmienda de CiU que propone el concierto econ¨®mico como modelo de financiaci¨®n auton¨®mica para Catalu?a. En ambos casos su criterio es coincidente con el que hemos venido defendiendo los socialistas catalanes. El dictamen avala, en cambio, la constitucionalidad de la propuesta de financiaci¨®n auton¨®mica consensuada con nuestros socios de ERC e ICV, aunque matiza dos de sus elementos. Concretamente, el Consejo Consultivo afirma que la Generalitat no puede tener "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal" sobre los impuestos estatales (ambas no pueden ser exclusivas del Ejecutivo aut¨®nomo) y considera que el Estatuto no puede fijar el porcentaje de los impuestos estatales cedidos a Catalu?a. Los socialistas ya hemos anunciado que asumimos el dictamen en su totalidad, tanto en aquellas partes que nos dan la raz¨®n, como en aquellas que nos la niegan.

El trabajo serio y riguroso del Consejo Consultivo supone una verdadera hoja de ruta que ha de guiar el di¨¢logo entre todos los partidos pol¨ªticos en la recta final del proceso estatutario en Catalu?a. Sus criterios jur¨ªdicos no son un l¨ªmite o un freno a la ambici¨®n y a las posibilidades del nuevo Estatuto, sino una garant¨ªa de su fortaleza en el marco constitucional espa?ol (que, conviene recordarlo, hace posible el autogobierno de Catalu?a).En este contexto, el presidente Maragall ha realizado una nueva ronda de contactos al m¨¢ximo nivel con el fin de dar un impulso definitivo al pacto pol¨ªtico sobre el futuro del autogobierno que la inmensa mayor¨ªa de la sociedad catalana reclama. La respuesta de los diferentes partidos es esperanzadora, aunque todav¨ªa son diversos y complejos los obst¨¢culos que debemos sortear.

Lo haremos si todos somos conscientes de que el dictamen del Consejo Consultivo es una contribuci¨®n jur¨ªdica relevante al acuerdo parlamentario que requiere el nuevo Estatuto. Quienes apuesten por hacerle caso omiso, o bien no desean que el barco de la reforma estatutaria llegue a buen puerto, o bien mantienen ante la ley -en este caso ante la Constituci¨®n- una actitud diametralmente opuesta a la que defendi¨® el barbero de Ginebra ante V¨ªctor Balaguer. O ambas cosas.

Daniel Fern¨¢ndez es diputado y coordinador de los diputados y senadores del PSC.