"Un trabajo que s¨®lo debe ser voluntario"
"La prostituci¨®n es un trabajo, pero, a diferencia de otros, s¨®lo debe hacerse voluntariamente", sostiene Sietske Altink, asesora del Gobierno holand¨¦s y miembro de la asociaci¨®n Hilo Rojo (De Rode Draad, agrupa a personas que ejercen la prostituci¨®n y colabora con el sindicato socialdem¨®crata FNV). Esta experta considera que el modelo de su pa¨ªs, que ha reglamentado la prostituci¨®n y proh¨ªbe forzar a ejercerla, permite luchar mejor contra la trata de mujeres. "Se lucha de verdad contra el tr¨¢fico, aunque hay problemas con las mafias, como en otros pa¨ªses de Europa", afirma en una entrevista concedida antes de participar en una jornada sobre prostituci¨®n celebrada en C¨¢ceres.
La asesora del Gobierno holand¨¦s explica que, pese a estar permitido ejercer la prostituci¨®n, los burdeles permanecieron prohibidos en su pa¨ªs hasta 2000. Ese a?o, una ley autoriz¨® a esas empresas y oblig¨® a sus propietarios a pagar la Seguridad Social de las prostitutas e impuestos por su actividad. La norma estableci¨® tambi¨¦n esos requisitos para quienes ejercen de forma aut¨®noma. El ejercicio, por libre o en un prost¨ªbulo requiere adem¨¢s la autorizaci¨®n municipal. Antes de esa ley, las personas que se prostitu¨ªan "estaban obligadas a pagar el impuesto sobre el valor a?adido, pero no pod¨ªan acceder a beneficios como la Seguridad Social", detalla.
"Los due?os de los prost¨ªbulos incumplen la legislaci¨®n laboral"
La regularizaci¨®n tendr¨¢ efectos positivos "poco a poco"
Sin embargo, pese a que la nueva norma otorga derechos a las personas que ejercen la prostituci¨®n (ocupaci¨®n que se considera un trabajo), "es muy dif¨ªcil hacer reales esos derechos", asegura Altink.
Los obst¨¢culos vienen de dos frentes. Por una parte, "muchos ayuntamientos, sobre todo los peque?os, se resisten a dar la autorizaci¨®n para el ejercicio de la prostituci¨®n, aunque los due?os de los burdeles cumplan los requisitos de carecer de antecedentes penales y no ocasionar molestias p¨²blicas". Tambi¨¦n son remisos a autorizar el ejercicio individual. A ello se suma otro inconveniente: "Los empleadores no quieren pagar los impuestos y la Seguridad Social. Incumplen la legislaci¨®n laboral y el Gobierno no los persigue", afirma Altink.
La nueva ley ha provocado una cierta crisis en la industria del sexo. Las dificultades para obtener licencia y el aumento de costes ha provocado un encarecimiento de las tarifas. El n¨²mero de prostitutas ha bajado "de 30.000 a 20.000", seg¨²n los datos de esta experta. Altink cree que, "poco a poco", la ley tendr¨¢ efectos beneficiosos para una actividad "imposible de erradicar". A su juicio, el ¨²nico medio de que las prostitutas tengan derechos reales es "acabar con el estigma y la criminalizaci¨®n de su actividad".
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