Los deberes sobre las lenguas

El derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales y sus consecuencias son la clave de b¨®veda del trato a las lenguas en la reforma del Estatuto catal¨¢n. La propuesta es prolija y detallista. A partir del concepto del catal¨¢n como lengua propia, el proyecto da preeminencia a su uso en las Administraciones p¨²blicas catalanas. Al tiempo, introduce m¨¢s garant¨ªas para el empleo del castellano ante todas las Administraciones. Pero las Administraciones catalanas y sus empresas concesionarias "deben utilizar el catal¨¢n en sus actuaciones internas" y en las comunicaciones con residentes en Catalu?a, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano "si lo piden". PSC y PP postularon un redactado distinto -los ciudadanos tienen derecho a usar la lengua que elijan- para evitar que s¨®lo el castellanohablante deba pedirlo en estos casos. No prosper¨®.

El cap¨ªtulo de la lengua fue uno de los m¨¢s pac¨ªficos en su paso por el Consejo Consultivo de la Generalitat, que s¨ª puso un severo reproche de inconstitucionalidad al art¨ªculo que exig¨ªa a jueces y magistrados "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catal¨¢n". El Consultivo alertaba de que jueces y magistrados constituyen un cuerpo ¨²nico en todo el Estado y que los temas referentes a su movilidad corresponden a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ). El redactado final mantiene el requisito pero remite su perfil definitivo a "la forma y con el alcance que la ley determine". Es decir, este punto estatutario no entrar¨¢ en vigor si no se modifica la LOPJ. En 2004, el Parlamento catal¨¢n envi¨® a las Cortes un proyecto de reforma de esta ley m¨¢s moderado. El texto propon¨ªa que cuando se tratara de un traslado forzoso, el conocimiento de la lengua cooficial fuera un m¨¦rito, y s¨®lo se exig¨ªa como requisito en las peticiones de traslado voluntario. En la Administraci¨®n de Justicia, el uso del catal¨¢n resulta dificultoso. Apenas el 21% de las sentencias de 2004 fueron redactadas en esa lengua.

La definici¨®n del catal¨¢n como "lengua propia" ya figura en el Estatuto vigente. En el pre¨¢mbulo de la reforma se define el catal¨¢n "como lengua propia y com¨²n de toda la ciudadan¨ªa con independencia de su lengua de origen y de uso habitual". Se trata de una apelaci¨®n hist¨®rica sobre la que se fundamenta, en el art¨ªculo 6, la preeminencia institucional que la reforma otorga al catal¨¢n ("el catal¨¢n es la lengua de uso normal y preferente de todas las Administraciones p¨²blicas"). La misma frase del pre¨¢mbulo, sin embargo, reconoce una realidad ling¨¹¨ªstica m¨¢s compleja.

L¨ªdia Santos, ponente socialista en la redacci¨®n de la reforma, considera que hay algunas "malas t¨¦cnicas" redaccionales en el texto, producto de haber reforzado tanto la protecci¨®n del catal¨¢n como la no discriminaci¨®n por motivos de lengua. Seg¨²n una encuesta de la Generalitat de 2003, el 50,1% considera el catal¨¢n como lengua propia; el 48,8%, el castellano, y hay un resto que contempla ambas como lenguas propias. Seg¨²n las estad¨ªsticas, la mayor¨ªa entiende el catal¨¢n y lo sabe hablar -entre los j¨®venes, m¨¢s del 90%-, aunque su uso social es menor. La reforma da al aran¨¦s, la lengua occitana hablada en la Vall d'Ar¨¢n, car¨¢cter de propia en su territorio.

Para el ponente del PP, Francesc Vendrell, el Estatuto "confunde territorio y ciudadanos. Es l¨®gico y justo que se potencie el catal¨¢n, pero se ha de tener presente una realidad que no es la que dibuja el Estatuto, una realidad de convivencia sin conflictos. Con todo, la reforma refuerza la protecci¨®n de los derechos de los castellanohablantes ante las Administraciones al garantizar la opci¨®n ling¨¹¨ªstica".

En el art¨ªculo 6.2 se establece que "todas las personas en Catalu?a" tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. La Constituci¨®n establece la obligaci¨®n de conocer el castellano y el derecho de conocer la otra lengua oficial de la comunidad donde la haya. El proyecto de Estatuto introduce el deber de conocer el catal¨¢n. No es descartable que el Congreso debata una correcci¨®n sobre el sujeto de este deber -"todas las personas en Catalu?a"- para sustituirlo por "los ciudadanos de Catalu?a" para que este deber recaiga sobre los residentes y no sobre los transe¨²ntes. El PP propuso acotar este deber a las personas que hubieran finalizado la ense?anza obligatoria en Catalu?a. El Instituto de Estudios Auton¨®micos consider¨® en su ¨²ltimo informe, durante la tramitaci¨®n de la reforma, que no era preciso establecer excepciones, como tampoco lo hace la Constituci¨®n con el castellano, porque cuando "el desconocimiento pueda comportar lesi¨®n de un derecho (...), este deber cede". En un primer informe, afirmaba que este deber es "una consecuencia natural" del car¨¢cter cooficial del catal¨¢n.

En el terreno de la educaci¨®n, el nuevo texto aporta pocas novedades y consagra las leyes ya existentes. La trasposici¨®n de la vigente ley del catal¨¢n al Estatuto es, a juicio de Vendrell, un error porque un Estatuto ha de dise?ar un marco y no aplicar una ley sectorial. La lengua vehicular en la ense?anza no universitaria es el catal¨¢n mientras que en la universidad, alumnos y profesores tienen derecho a escoger entre las dos oficiales. Con todo, en 2004, un 40% de las clases en las escuelas catalanas se impart¨ªan en castellano.

El art¨ªculo 33 establece el derecho de opci¨®n ling¨¹¨ªstica de los ciudadanos ante la Administraci¨®n ("todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan"). Para poder ejercerla, las Administraciones -tambi¨¦n la central- y los aparatos judiciales y notariales deben estar en condiciones de garantizarla. El texto estatutario ampliaba esta disponibilidad ling¨¹¨ªstica a los "¨®rganos constitucionales y jurisdiccionales de ¨¢mbito estatal". El Consultivo forz¨® a que no dependa de que se consagre en el Estatuto, sino de que lo haga una ley del Estado.

Para garantizar el derecho de opci¨®n ling¨¹¨ªstica, la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a debe acreditar que su personal tiene un "nivel de conocimiento adecuado" de las dos lenguas. Aunque en ocasiones un Ayuntamiento ha exigido a un barrendero el nivel C de catal¨¢n, este punto no fue motivo de gran debate en la ponencia al considerar que el nivel de conocimiento "adecuado" es administrable discrecionalmente sin litigios.