Una ley obligar¨¢ a los bufetes a dar de alta a todos sus abogados

El Senado dio luz verde ayer a una norma que, si es finalmente aprobada, dejar¨ªa sin efecto eventuales multas de la Inspecci¨®n de Trabajo a casi una decena de grandes bufetes de Madrid por un importe cercano a los 12 millones de euros. La enmienda presentada por el Ministerio de Justicia a la trasposici¨®n de una directiva comunitaria obligar¨¢ a los despachos a dar de alta en tres meses a los abogados que trabajen en ellos o para ellos.

Inspectores de trabajo han visitado este a?o algunos de los grandes despachos de Madrid, ciudad donde ejercen 44.000 de los aproximadamente 150.000 letrados que hay en Espa?a. En casi una decena de ellos trabajan m¨¢s de 200 letrados.

Los inspectores observaron que la gran mayor¨ªa de estos grandes despachos, salvo uno (con 1.200 abogados), se reg¨ªan por las normas del Estatuto General de la Abogac¨ªa. Este texto establece que las relaciones entre abogados pueden concertarse en r¨¦gimen de colaboraci¨®n pactada o por cuenta ajena (es decir, sometidos al Estatuto de los Trabajadores).

El criterio de los inspectores es que los abogados que trabajan para otros y bajo su ¨¢mbito de organizaci¨®n deben estar dados de alta en la Seguridad Social. Cuando visitaron los despachos vieron que casi nadie estaba dado de alta, por los que abrieron las respectivas actas. De ellas, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, podr¨ªan derivarse sanciones que rondan los 12 millones de euros. En tres casos las actas ya est¨¢n cerradas; en los otros, en tr¨¢mite. Aunque los inspectores han visitado hasta ahora una docena de grandes despachos, su idea es extender sus inspecciones hasta el centenar y no limitarlas a los bufetes mayores.

Ante estas inspecciones y las multas que pudieran derivarse de ellas, los abogados alegaron que ellos estaban acogidos al Estatuto de la Abogac¨ªa y advirtieron de que, si la Inspecci¨®n les impon¨ªa sanciones, las recurrir¨ªan ante los tribunales laborales.

El presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Carlos Carnicer, y el decano de los abogados de Madrid, Luis Mart¨ª, dialogaron con Justicia para dar una salida a este asunto. La soluci¨®n finalmente buscada es una norma que figura "como a?adido de una ley que nada tiene que ver con el mundo del derecho", explica Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo, presidente de la Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (considerada pr¨®xima al PSOE).

Un portavoz de Justicia se?al¨® ayer que la enmienda cuenta con el respaldo del PP y trata de regular "la naturaleza jur¨ªdica de la relaci¨®n entre los due?os de los despachos y el resto de abogados que trabajan en ellos". Ahora, los letrados que no son socios figuran unidos al despacho mediante un contrato civil o mercantil (el bufete no abona las cuotas a la Seguridad Social), de acuerdo con el Estatuto de la Abogac¨ªa. "M¨¢s del 15% de los abogados se hallan en esa situaci¨®n", seg¨²n este portavoz.

Justicia entiende que la naturaleza de la relaci¨®n debe ser "de car¨¢cter laboral". A?ade que el objetivo de la enmienda es que se d¨¦ de alta en la Seguridad Social a los abogados que no sean socios del despacho en un plazo de tres meses a partir de la vigencia de la citada ley. Esta misma norma establece que "los procedimientos sancionadores y de liquidaci¨®n de cuotas a la Seguridad Social" que est¨¦n "en tr¨¢mite" a la entrada en vigor la ley quedar¨¢n en nada. Eso s¨ª, siempre y cuando se d¨¦ de alta a los abogados en un plazo de tres meses. "Esta enmienda", seg¨²n Ben¨ªtez de Lugo, "perjudica a esos trabajadores y consagra una situaci¨®n de privilegio para los grandes bufetes". Adem¨¢s, critica el procedimiento empleado para tramitar esta ley, porque "evita un primer debate serio en el Congreso". "La raz¨®n de esta enmienda no es tanto resolver situaciones de abuso laboral, sino solventar un problema que tienen los grandes despachos con la Inspecci¨®n de Trabajo", a?ade.