El problema territorial y social de Espa?a

Una de las consecuencias del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transici¨®n de la dictadura a la democracia, proceso que se ha definido err¨®neamente como mod¨¦lico, ha sido la falta de resoluci¨®n del car¨¢cter plurinacional del Estado espa?ol y la articulaci¨®n de Catalu?a con el resto de Espa?a. En lugar de reconocer la especificidad de Catalu?a, permiti¨¦ndole un Estatuto especial, que incluyera una autonom¨ªa diferenciada y una mayor capacidad de autogesti¨®n, tal como hab¨ªa ocurrido durante la II Rep¨²blica, el nuevo Estado espa?ol no permiti¨® esta especificidad, creando, en su lugar, el Estado de las Autonom¨ªas, que se estableci¨®, en parte, para negar tal especificidad a Catalu?a. El "caf¨¦ para todos" fue la respuesta del Estado a la demanda de diferenciaci¨®n que ped¨ªa Catalu?a. Esta negaci¨®n de la especificidad catalana ha sido una constante en el Estado espa?ol como se demostr¨®, una vez m¨¢s, cuando inmediatamente despu¨¦s del fallido golpe de Estado de 1981 el Monarca, Jefe del Estado espa?ol (sensible a las demandas del ej¨¦rcito y otras fuerzas conservadoras) convoc¨® en su despacho a todas las fuerzas con representaci¨®n parlamentaria en las Cortes Espa?olas, excepto a los nacionalistas catalanes y vascos, mostrando en esta exclusi¨®n una escasa sensibilidad democr¨¢tica. Por otra parte, y como consecuencia de ello, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dej¨® de tener grupo parlamentario propio.

El Estado de las Autonom¨ªas, aunque ha sido un paso positivo en la descentralizaci¨®n del que hab¨ªa sido durante la dictadura un estado muy centralizado, no ha resuelto, sin embargo, el problema de la plurinacionalidad del Estado y la articulaci¨®n de Catalu?a en ¨¦l. Tal falta de reconocimiento de la especificidad de Catalunya y la forzada uniformizaci¨®n que el Estado de las Autonom¨ªas conlleva, puede, parad¨®jicamente, llevar a la desagregaci¨®n de Espa?a puesto que a cada petici¨®n del establishment catal¨¢n de tener mayor autonom¨ªa y mayor control de sus recursos fiscales (como parte de su proceso de diferenciaci¨®n) las otras Comunidades Aut¨®nomas (CC AA) responden exigiendo lo mismo, evitando as¨ª tal diferenciaci¨®n, que se percibe como un privilegio inaceptable en el orden constitucional espa?ol. Se genera as¨ª una din¨¢mica que es definida tendenciosamente por las fuerzas conservadoras como "la balcanizaci¨®n de Espa?a", un proceso del cual ellas son responsables al negar el car¨¢cter plurinacional del Estado espa?ol.

Esta situaci¨®n se est¨¢ explotando electoralmente por los nacionalismos, tanto el espa?ol como el catal¨¢n, los cuales est¨¢n animando un supuesto conflicto entre Catalu?a y el resto de Espa?a. La estridencia de las derechas espa?olas est¨¢ estimulando una catalanofobia vulgar y grosera (¨®igase a la COPE, el instrumento medi¨¢tico de la Iglesia espa?ola) mientras que en Catalu?a los nacionalistas catalanes conservadores (todav¨ªa hoy muy influyentes en los medios p¨²blicos de informaci¨®n y persuasi¨®n de la Generalitat de Catalunya) presentan el evidente retraso del Estado de Bienestar espa?ol (las escuelas p¨²blicas catalanas est¨¢n entre las que tienen un n¨²mero menor de ordenadores por alumno) debido al "expolio" espa?ol, ignorando de que el hecho de que Extremadura, por ejemplo, tenga m¨¢s ordenadores por alumno en la escuela p¨²blica se debe primordialmente a que ha estado gobernada durante la mayor¨ªa de los a?os de democracia por un gobierno con mayor sensibilidad social que el gobierno nacionalista conservador en Catalu?a; ¨¦ste prioriz¨® a la escuela privada sobre la p¨²blica (haciendo trampas, como lo defini¨® el entonces presidente Pujol), adem¨¢s de establecer dos televisiones p¨²blicas y una polic¨ªa auton¨®mica. Ahora bien, el hecho de que Catalu?a, una de las comunidades aut¨®nomas que aporta m¨¢s fondos al Estado central, reciba de ¨¦ste (seg¨²n las propias cuentas del Estado central) s¨®lo un 79% de la cantidad por habitante que recibe Extremadura, contribuye, sin embargo, al d¨¦ficit y subdesarrollo del Estado de Bienestar en Catalu?a. Ello explica y justifica la demanda del gobierno tripartito catal¨¢n de que se corrija este d¨¦ficit fiscal, una vez para siempre, pues su existencia ha sido electoralmente muy rentable para los nacionalistas conservadores catalanes, que en una alianza de clases gobern¨® con el apoyo de los nacionalistas conservadores espa?oles durante muchos a?os, y que ahora est¨¢ adoptando posturas maximalistas para recuperar un voto perdido, resultado de tal alianza. La fuerza de las izquierdas en Catalu?a ha forzado, sin embargo, que estas demandas se establezcan dentro del orden constitucional. Ser¨ªa un gran error que las izquierdas del resto de Espa?a no lo percibieran.

Mientras que es necesario que se reconozcan los elementos espec¨ªficos y, por lo tanto, no generalizables, de la propuesta del Estatuto de Catalu?a, tambi¨¦n es importante que se perciban los elementos generalizables, y entre ellos est¨¢ la descentralizaci¨®n de la responsabilidad fiscal. Existe hoy en Espa?a una percepci¨®n muy generalizada de que el Estado de Bienestar (que consume m¨¢s del 60% de los fondos p¨²blicos del Estado espa?ol) est¨¢ muy descentralizado, lo cual es cierto en su gesti¨®n, puesto que las CC AA gestionan casi el 90 por ciento de los servicios p¨²blicos del Estado de Bienestar (tales como sanidad, educaci¨®n, servicios de ayuda a las familias, vivienda social, servicios sociales y otros), pero no en su financiaci¨®n. ?sta contin¨²a muy centralizada, lo cual se justifica por la necesidad de garantizar una solidaridad interterritorial, asumi¨¦ndose que para conseguir esta se requiere que el Estado central sea la instancia pol¨ªtico-administrativa del Estado espa?ol que tenga la mayor capacidad fiscal, definiendo no s¨®lo el nivel impositivo sino los porcentajes de retenci¨®n de los fondos adquiridos en ellas por parte de las CC AA. Este supuesto es, sin embargo, altamente cuestionable, puesto que un Estado puede tener su responsabilidad fiscal altamente centralizada, como lo tuvo la dictadura franquista en Espa?a, y ser altamente insolidario; y viceversa, un Estado puede tener tal responsabilidad altamente descentralizada como ocurre en Suecia (donde las unidades pol¨ªtico-administrativas equivalentes a las CC AA y municipios en Espa?a generan la mayor¨ªa de fondos p¨²blicos para financiar su extenso Estado de Bienestar), y, a la vez, ser altamente solidario. (Suecia es el pa¨ªs europeo que tiene menores desigualdades sociales y territoriales).

En realidad, la elevada centralizaci¨®n fiscal en Espa?a est¨¢ hoy dificultando la correcci¨®n del enorme retraso social de Espa?a, una de las mayores causas de tensiones interterritoriales. No es justo, por ejemplo, que s¨®lo el 40% de los impuestos sobre el tabaco generado en las Comunidades Aut¨®nomas quede en ellas (transfiriendo el 60% al Estado central), pues son las CC AA las que tienen que pagar el 100% de los costes del tabaquismo. Ser¨ªa m¨¢s justo que el Estado central se quedara el 40% y la CC AA retuvieran el 60%. Tampoco es justo ni solidario que el Gobierno central (cuyo equipo econ¨®mico es reacio a que suban significativamente los impuestos de manera que la carga fiscal de los espa?oles -medida como porcentaje del PIB, 36%- converja con la del promedio de los pa¨ªses de la UE de los quince 42%) exija a las CC AA que sean ellas (cuya capacidad fiscal es mucho menor que la del Gobierno central) las que resuelvan el enorme d¨¦ficit de gasto p¨²blico social, equivalente a 60.000 millones de euros (que Espa?a deber¨ªa gastarse de m¨¢s para alcanzar el nivel de gasto p¨²blico social por habitante que le corresponde por su nivel de desarrollo econ¨®mico).

Hoy, tal gasto por habitante es, en todas las CC AA (desde Extremadura a Catalu?a) menor del que les corresponde por su nivel de riqueza econ¨®mica (v¨¦ase Navarro, V. (dir) La situaci¨®n social de Espa?a. Biblioteca Nueva. 2005). Corregir estos d¨¦ficit requiere, sin embargo, aumentar no s¨®lo los pocos impuestos sobre los que las CC AA tienen control, sino incrementar los impuestos sobre los que el Gobierno central tiene potestad, que son la mayor¨ªa. La negativa de este ¨²ltimo a subirlos -incluyendo los impuestos sobre el IRPF- est¨¢ condenando a todas las CC AA a estar a la cola de la Uni¨®n Europea (con 15 miembros), acentuando una austeridad social que da pie para las enormes tensiones interterritoriales. La otra alternativa es que sean las propias CC AA las que tengan mucha mayor capacidad fiscal, en la que la solidaridad pueda garantizarse (como ocurre en Suecia) mediante un impuesto de solidaridad interterritorial que recoja y gestione el Gobierno central en colaboraci¨®n con las CC AA. La rigidez de la primera alternativa hace de la segunda la ¨²nica soluci¨®n para resolver el enorme d¨¦ficit social de Espa?a (incluyendo Catalu?a).

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universitat Pompeu Fabra.