El Poder Judicial se salta su propia ley para forzar un informe del Estatuto catal¨¢n

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales elegidos a propuesta del PP tienen mayor¨ªa, analizar¨¢ el proyecto de reforma de Estatuto de Catalu?a en la Comisi¨®n de Estudios que se reunir¨¢ el pr¨®ximo 2 de noviembre, el mismo d¨ªa que el Congreso de los Diputados admitir¨¢ a tr¨¢mite la iniciativa legislativa del Parlamento catal¨¢n. La ley que regula el funcionamiento del CGPJ fija las condiciones en que este organismo debe informar sobre iniciativas legales. Hasta el momento, no se han dado las condiciones legales para la intervenci¨®n del Consejo.

Las previsiones legales establecen que el CGPJ informar¨¢ sobre anteproyectos de ley que afecten a competencias judiciales, leyes penales y normas sobre r¨¦gimen penitenciario (art¨ªculo 108) y tambi¨¦n sobre proposiciones de ley (como la del Estatuto catal¨¢n) siempre que lo soliciten las Cortes (art¨ªculo 109.3).

El Congreso desestim¨® la propuesta del PP para pedir al Consejo, que preside el conservador Francisco Jos¨¦ Hernando, que informara sobre la propuesta de reforma del Estatuto aprobada en el Parlamento catal¨¢n. Pese a ello, los vocales conservadores han forzado el an¨¢lisis del proyecto de Estatuto en la comisi¨®n de estudios. Enrique L¨®pez, vocal conservador elegido a propuesta del PP, defiende la decisi¨®n: "Pese a que no hay previsi¨®n legal, el Consejo tiene un reglamento de funcionamiento que permite elaborar cualquier estudio o informe sobre cualquier asunto jur¨ªdico que se considere de inter¨¦s. Si estamos ante un Estatuto que afecta al Poder Judicial y al ¨®rgano del gobierno de los jueces ?qu¨¦ m¨¢s inter¨¦s se puede pedir?".

Los vocales conservadores no quisieron hacer lo mismo con el Estatuto valenciano, pactado por el PP y el PSOE, pese a que tambi¨¦n afecta al ordenamiento judicial. "Tambi¨¦n se pod¨ªa hacer", se?ala L¨®pez, "y no hay que descartarlo. Pero no tiene problemas de constitucionalidad, a priori".

La reforma valenciana

Sin embargo, en un informe del CGPJ sobre la reforma de una ley org¨¢nica del Gobierno se planteaban dudas sobre la constitucionalidad de aspectos del Estatuto valenciano referidos a su consejo auton¨®mico de Justicia.

L¨®pez encuentra otras razones para justificar la decisi¨®n adoptada: "[El Estatuto valenciano] no nos ha llamado la atenci¨®n tanto como el Estatuto catal¨¢n, que dice que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a es la ¨²ltima instancia judicial".

Juan Carlos Campo, vocal progresista, elegido a propuesta del PSOE, replica: "La decisi¨®n de la mayor¨ªa conservadora rompe el juego normal y legal de las instituciones al decidir que hay que informar sobre esta iniciativa. Ning¨²n reglamento puede ir m¨¢s all¨¢ que una ley, que fija con precisi¨®n sobre qu¨¦ hay que informar. Si la Mesa del Congreso de los Diputados lo pidiera, el Consejo del Poder Judicial deber¨ªa informar, como establece la ley, pero las Cortes no lo han pedido".

Campo sostiene que hay una clara intencionalidad pol¨ªtica en la decisi¨®n de la mayor¨ªa del CGPJ: "Los vocales conservadores, en sinton¨ªa con el PP, pretenden atacar al Estatuto de Catalu?a. Se quieren inmiscuir en un debate al que en principio no est¨¢n llamados".

El actual Consejo ha informado en tres ocasiones (matrimonio de homosexuales, Constituci¨®n europea y, ahora, Estatuto catal¨¢n) acerca de iniciativas legislativas sobre las que no ten¨ªa un mandato legal para hacerlo. Cuando gobernaba el PP, no lo hizo nunca. "Entonces nos mandaba todos los proyectos, menos uno que le reclamamos y no envi¨®, referido al Reglamento de Extranjer¨ªa", explica L¨®pez. En ese caso, el Consejo no analiz¨® el texto.

El CGPJ mantiene pendientes de finalizar dos informes solicitados por el Gobierno sobre la Ley del Menor (13 de octubre pasado) y el Real Decreto sobre el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de Espa?a (22 de septiembre). De los 36 anteproyectos de ley y reales decretos remitidos por el Gobierno al Poder Judicial, s¨®lo 17 han sido informados en el plazo legal permitido (entre 15 d¨ªas, por la v¨ªa de urgencia, y un mes).

L¨®pez replica: "Es absolutamente infundado decir que el Consejo no est¨¢ cumpliendo su misi¨®n de informar en tiempo y forma. Nos mandan siempre los proyectos por razones de urgencia de manera injustificada, m¨¢ximo 15 d¨ªas, y les pedimos que nos den el plazo de un mes".