El Gobierno investiga a Fabra por uso electoral de censos de extranjeros

El Gobierno ha abierto expediente informativo para esclarecer si el presidente provincial del PP de Castell¨®n, Carlos Fabra, o alguno de los jefes locales a los que envi¨® una circular pidiendo el censo de inmigrantes han vulnerado la ley de r¨¦gimen electoral, que proh¨ªbe el acceso a datos personalizados del censo. Los populares de Castell¨®n est¨¢n muy interesados en la nutrida colonia de inmigrantes rumanos, que podr¨¢n votar en las elecciones locales de 2007 si se cumplen los plazos de adhesi¨®n de su pa¨ªs a la UE.

El presidente del PP de Castell¨®n, Carlos Fabra, envi¨® el pasado mes de septiembre una carta a los presidentes locales de los populares de la provincia en la que les reclamaba el "censo de inmigrantes" de cada poblaci¨®n. Tal como indica Fabra en la misiva, el objeto de su solicitud se centra en "la importancia que el tema de inmigraci¨®n tiene en las pr¨®ximas elecciones municipales de 2007". El escrito, fechado el 13 de septiembre, expone la urgencia por la obtenci¨®n de dichos datos y reclama a los responsables del PP que los remitan a la sede provincial "antes de finalizar el mes de septiembre".

El conocimiento de que Fabra ha cursado esa circular ha provocado la apertura de un expediente informativo con el fin de averiguar si se ha producido el env¨ªo de la misma, tal como anunci¨® ayer el subdelegado del Gobierno en Castell¨®n, Juan Mar¨ªa Calles. Esta investigaci¨®n se ha abierto dado que la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral proh¨ªbe, expresamente, el acceso a "cualquier informaci¨®n particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepci¨®n de los que se soliciten por conducto judicial", tal como se?ala el art¨ªculo 41 de dicha norma, en el que se describe la protecci¨®n de los datos censales.

Excepciones

El art¨ªculo incluye otras excepciones, que se?alan que la copia del censo puede facilitarse tambi¨¦n a las comunidades aut¨®nomas y a los candidatos, pero s¨®lo en periodo electoral. Adem¨¢s, uno de los apartados del mismo art¨ªculo 41 indica que "la oficina del censo electoral puede facilitar datos estad¨ªsticos que no revelen circunstancias personales de los electores". El PP se acogi¨® ayer a esta excepci¨®n para justificar la legalidad de la petici¨®n de Fabra. En cualquier caso, la investigaci¨®n tratar¨¢ de esclarecer por qu¨¦ el PP ha reclamado la informaci¨®n a los municipios y no a la oficina electoral, y si la pretensi¨®n de los populares era la de obtener los datos completos de los inmigrantes registrados en los padrones municipales, que es el documento a partir del cual se elabora el censo y est¨¢ en continuo proceso de actualizaci¨®n.

El subdelegado del Gobierno sostuvo ayer que la petici¨®n formulada por Carlos Fabra supone una "posible grave irregularidad" y anunci¨® que, en el caso de que se certifique el env¨ªo de dicha informaci¨®n, se solicitar¨¢ por v¨ªa judicial que se adopten las medidas oportunas. Este diario trat¨® ayer, sin ¨¦xito, de conocer la versi¨®n del jefe provincial del PP y presidente de la Diputaci¨®n. En cualquier caso, la ley "perseguir¨ªa" a quienes hayan facilitado los datos y no a quien los maneje.

El incremento de la poblaci¨®n inmigrante en Castell¨®n ha provocado una retah¨ªla de iniciativas promovidas por las instituciones castellonenses, gobernadas por el PP, durante los ¨²ltimos meses, aunque el objetivo ha sido, prioritaria y especialmente, un colectivo: la poblaci¨®n rumana. Esta comunidad alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, de las que cerca de 18.000 est¨¢n empadronados en la capital de La Plana, lo que representa m¨¢s del 60% del crecimiento poblacional registrado en la ciudad en los ¨²ltimos cinco a?os. En el caso de que Rumania se adhiera, con plenos derechos, a la Uni¨®n Europea el 1 de enero de 2007, los reci¨¦n incorporados ciudadanos europeos con derecho a ejercer su voto tendr¨ªan en su mano la elecci¨®n de alrededor de tres concejales, contando con una participaci¨®n de un 50% del censo. Este dato no resulta banal para ning¨²n partido.

Tanto el Ayuntamiento de Castell¨®n como la Diputaci¨®n han intensificado sus relaciones con las cinco asociaciones de inmigrantes rumanos existentes en la provincia. Por ejemplo, han enviado ayuda tras las inundaciones o han firmado convenios de colaboraci¨®n. El propio alcalde, Alberto Fabra, viaj¨® a finales del mes pasado a Ruman¨ªa para "conocer m¨¢s esta sociedad", seg¨²n dijo, y neg¨® que la visita a la comarca de la que procede la mayor¨ªa de los inmigrantes censados en Castell¨®n tuviera cualquier tipo de inter¨¦s electoralista. En relaci¨®n con la circular de Fabra, el alcalde defendi¨® la petici¨®n realizada por su partido y la justific¨® con el objetivo de "asumir la realidad de la sociedad para hacer frente a las propuestas electorales". Fuentes del equipo de gobierno de Castell¨®n aseguraron que el PP no ha solicitado estos datos en el Ayuntamiento de la capital de La Plana. Sin embargo, otros ayuntamientos consultados por este peri¨®dico admitieron que han recibido la solicitud del PP, aunque ninguno de ellos reconoci¨® haber facilitado m¨¢s informaci¨®n que el n¨²mero de extranjeros empadronados.